"Vengo por el presente a solicitar a V. S. se decrete la inhibición general de bienes de las siguientes personas: Sergio Bartolomé Szpolski (DNI N° 17.977.389), Matías Garfunkel (DNI N° 24.069.189) y Mariano Martínez Rojas", señala el escrito presentado por Pablo Berardino, el síndico que interviene en la quiebra de Balkbrug SA, vieja editora de Tiempo. Allí el profesional contable señala que a partir del material presentado en la causa "surge indubitablemente" que estas personas son "los verdaderos dueños de la sociedad fallida", tal como señalaron desde un primer momento los trabajadores que conformaron la cooperativa.
La situación de Szpolski quedó más comprometida tras ausentarse este jueves de la audiencia a la que había sido citado por el juez subrogante Eduardo Malde. Una audiencia a la que los trabajadores de Tiempo habían sido vedados de presenciar.
Como experto vaciador, Szpolski tiene los contactos y estrategias desarrolladas para escapar a la Justicia. Pero no siempre es suficiente. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 tardó varios meses en lograr notificarlo de su citación. Primero pidieron datos de su paradero a la Cámara Electoral y al Registro Nacional de las Personas. Pero el oficial notificador siempre ponía excusas para dar con él. A tal punto que se ganó un reto del propio juzgado cuando la subrogante era María Gabriela Vasallo. El último intento de la jueza fue pedirle a la policía que lo busque, pero nuevamente el resultado fue negativo.
Todo cambió cuando Szpolski fue citado a declarar en la causa de los cuadernos, donde parece haber menos obstáculos para avanzar. Asistió a Comodoro Py en septiembre y, poco después, finalmente se dio por notificado de su citación a la quiebra en su nueva dirección de Olivos. El jueves, no obstante, debía comparecer a las 10 de la mañana en el juzgado y no se presentó. Los trabajadores de Tiempo habían solicitado estar presentes y, aunque en primer término habían recibido el visto bueno, el 31 de octubre el juez Malde cambió de opinión. "Encuentro prudente mantener por el momento reservada (sic) el conocimiento de las explicaciones", expresó.
Los trabajadores representados por el abogado Andrés Bernal, integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), presentarán en los próximos días un pedido de audiencia con el nuevo juez subrogante para pedirle celeridad en el proceso y conocer los motivos por los cuales no les permiten tener acceso al expediente completo de la causa. También solicitarán que se expida sobre su pedido de revisión de la fecha de terminación de la relación laboral, algo que la sindicatura estableció al inicio de la constitución de la cooperativa creada por los trabajadores para publicar su medio de manera autogestionada.
"El derecho de hacer una cooperativa lo tiene todo el mundo y también es lo que les ha permitido acceder a la Justicia de manera organizada. Lo que reclaman es que se cumpla con la ley que establece que es el decreto de quiebra el que establece el fin de la relación laboral", explica Bernal. Esa diferencia afecta el crédito laboral que reclaman los trabajadores y que, eventualmente, podría significar la reparación ante el vaciamiento que sufrieron. «
Martínez Rojas procesado
El estafador Juan Mariano Martínez Rojas fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por la violenta toma de la planta de trasmisión de Radio América el 11 de junio de 2016. El falso comprador de Tiempo y la emisora está acusado de interrumpir un medio de comunicación, un delito federal que contempla una pena de prisión de seis meses a dos años.
"La conducta desplegada por Martínez Rojas adquiere aun más gravedad porque, a la violenta situación que creó y generó en ocasión de poner fin a la vida comunicacional de Radio América, alegó derechos de propiedad sobre la frecuencia de dicha emisora que a la fecha no poseía, ello de conformidad con el Ente que regula la materia", concluyó el juez.
La toma de la planta no había tenido mayores consecuencias judiciales en su momento, por lo que el sospechoso continuó con su maniobra delictiva unos días después, cuando el 4 de julio avanzó con virulencia sobre la redacción de Tiempo, cuyo edificio compartía con los estudios de América. Esa noche, Martínez Rojas tuvo una suerte adversa.
Indagarán al comisario Azzolina por el ataque al diario
"Mi nombre es Martínez Rojas y hablo de parte del comisario Azzolina. Necesito un trabajo de serenos en un edificio, porque lo tengo que entregar y lo tengo tomado. Tengo el permiso de la fiscalía para abrirlo con el cerrajero", declaró Juan Carlos Blander, jefe de la patota que entró a los golpes en la redacción de la cooperativa según él mismo testimonió ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8. Esa declaración se suma a la de otros integrantes de la patota y la del cerrajero, Guillermo Carrasco, que realizó la apertura por la fuerza de la puerta de ingreso a la redacción y que consignó que "la policía me dio la orden de abrir el lugar".
De esta manera se avanza en la línea de investigación sobre la complicidad policial que sostienen desde el día del ataque los trabajadores de la cooperativa, representados por María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Insólitamente, una denuncia paralela realizada por los periodistas ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) había sido convenientemente archivada.
Fotos: Mariano Martino y Diego Martínez
Fuente: Tiempo Argentino