A partir de una gestión del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), con el acompañamiento de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el Juez Comercial Javier Consentino dispuso la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, con el único propósito de ser utilizada para el pago de sueldos, a fin de evitar que parte de nuestro salario se pierda en ese trámite financiero.
En el día de ayer, la comisión interna de los trabajadores y las trabajadoras de C5N denunció, a través de un comunicado de prensa que "Cuando estaba todo dispuesto para la apertura de dicha cuenta, que significaría que quienes pertenecemos a C5N podamos empezar a percibir nuestros salarios de una manera más normal, la AFIP presentó una apelación ante la Cámara Nacional en lo Comercial para que esa cuenta no pueda abrirse o, caso contrario, sea embargada. De este modo, el organismo fiscal antepone sus derechos a un interés superior, que es el cobro de los salarios por parte de lxs empleadxs".
Los trabajadores y trabajadoras de C5N señalan que "Con esta apelación, AFIP vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y también el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empresario. Al mismo tiempo, desconoce la Ley 1565 de la Libertad de Expresión, sancionada en 2013 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 23 dice claramente: Las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo de sanción o multa administrativa o de origen tributario sólo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten, directa o indirectamente, imprescindibles para el ejercicio de tal actividad".
Finalizan el comunicado advirtiendo que "este intento evidente de entorpecer el normal funcionamiento del canal, pone en serio riesgo la continuidad laboral de más de 400 personas" y exigen al gobierno nacional que "garantice los puestos de trabajo y cese su intento de silenciar al canal de noticias líder en audiencia en la televisión nacional por una disputa política en la que nada tenemos que ver quienes desempeñamos nuestras tareas en esta señal" destacando que "El acceso a la información es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, al igual que la pluralidad de voces". También aclaran que son "trabajadorxs de medios de comunicación. No somos empresario ni voceros de ningún gobierno o espacio público".
