El gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa, quien hoy es víctima de una nueva herramienta antidemocrática conocida como lawfare, le otorgó a Julian Assange asilo en su embajada de Londres y la ciudadanía de su país. Lo que interpretamos como una defensa a la labor periodística y al derecho a ejercer el periodismo con el compromiso de echar luz sobre hechos que los poderes políticos y económicos globales ocultan a las poblaciones. En este sentido, los cientos de miles de cables diplomáticos revelados por Wikileaks son la muestra y la prueba de las amenazas que objetivamente conspiran contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Desde la llegada al gobierno de Ecuador del presidente Lenin Moreno, la situación personal de Julian Assange se ha visto seriamente vulnerada. Prueba de ello es que se encuentra incomunicado y con daños en su salud que no puede tratar debido a su imposibilidad de salir de la embajada. Este hostigamiento, este deterioro impuesto a sus condiciones de vida, son la preocupante prueba de que el asilo de Julian Assange deviene peligrosamente en una forma de cautiverio.
Este hecho que viola cualquier norma de justicia conocida se explica con las declaradas intenciones del gobierno de los EEUU, toda vez que Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, ha sostenido públicamente que la detención de Assange es prioridad para su país. Detención arbitraria, en la medida en que el trabajo periodístico, y la publicación de información esencial para ciudadanos libres y con derechos instituidos por leyes internacionales, de ninguna manera implican un delito sino todo lo contrario: una forma de protección y de denuncia de y ante actividades ilegales.
Por ello es que rechazamos y denunciamos las acusaciones de espionaje, robo de datos o hackeo de información de parte de Julian Assange. Quien, por lo contrario, con su trabajo logró desenmascarar prácticas de espionaje, tráfico de datos y toda clase de actividades conspirativas e ilegales por parte del gobierno de los EEUU.
En este contexto es el gobierno de los EEUU quien presiona al de Ecuador para que retire el asilo otorgado a Assange y poder así condenarlo como el delincuente que no es. Generando con esto una fuerte amenaza a los periodistas que quieran continuar informando y luchando contra el ocultamiento de sus actividades ilícitas que lesionan sobre todo a países como el nuestro, históricamente debilitados por esas mismas acciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Julian Assange tiene derecho al asilo diplomático y que no debería enfrentar la extradición a los EEUU, un pronunciamiento que expresa la frágil situación de este periodista, y la manera irregular y discrecional con que es hostigado. La preocupación por su salud, por sus derechos, y por la forma en que vemos violentadas los principios humanitarios más básicos nos llevan a expresar esta declaración.