En un comunicado, la firma alertó a los trabajadores sobre la grave crisis financiera que atraviesa y apuntó con los sindicatos del sector por la “intransigencia” a los pedidos de modificación de los convenios colectivos de trabajo.
La empresa Telearte SA, nombre legal de Canal Nueve, es propiedad de la red latinoamericana Albavisión, del mexicano Remigio Ángel González. En la Argentina su titular es Carlos Lorefice Lynch y su programación está a cargo de Diego Toni.
“El Directorio informa que la compañía se encuentra en una situación económico – financiera crítica que le hace imposible asumir los compromisos de pago de salarios y más aún los incrementos salariales solicitados”, comienza el texto difundido por Telearte.
En ese marco, y “debido a la gravedad y magnitud de la crisis, la Compañía está presentando ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa“.
El procedimiento solicitado está enmarcado en la Ley Nacional de Empleo 24.013, y estipula un plazo de negociación para que la empresa y el sindicato en el ámbito del Ministerio de Trabajo encuentren soluciones a fin de superar la crisis.
Sostiene que a lo largo de estos años, la empresa ha realizado todos los esfuerzos posibles a fin de evitar esta situación, incluyendo el cambio de programación a fin de ser más competitivo y la reducción de todos aquellos costos no laborales que fueron factibles, señalaron. “Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, la delicada situación que desde hace algunos años atraviesa la televisión abierta, sumada a la rigidez de los Convenios Colectivos y en muchas ocasiones la intransigencia de los Sindicatos para la modificación y optimización de los recursos, han llevado a la Compañía a esta instancia crítica”, culmina el comunicado.
Hace 4 meses, en el mes de junio, la UTPBA y la Comisión Interna de Canal 9 denunciaron ante el entonces Ministerio de Trabajo que la empresa violaba el Convenio Colectivo -se trataba de las tareas de los camarógrafos- y que esa política avanzaba hacia la sistematización más generalizada, poniendo en riesgo, en el futuro inmediato, los puestos de trabajo. Tiempo después la empresa redujo los salarios de un grupo de compañeros, tratando de convertir en atribución empresaria un acto ilegal, injusto y repudiable.
Pasaron más de 120 días para que la hoy Secretaría de Trabajo decidiera convocar a la audiencia solicitada al formularse aquella denuncia, que se concretó apenas 24 horas después que los dueños de Canal 9 anunciaran su “crisis” y se dedicaran a militar intensamente su condición de víctimas de esa “crisis”, descerrajando como primer disparo la carencia de fondos para pagar salarios. Los victimarios visten ropa de trabajadores, que con sus salarios e instrumentos de defensa (convenios colectivos) son señalados como responsables principales. De manual; como también lo es la táctica de premios y castigos que busca “autodepuraciones” que signifiquen un costo menor para los autores materiales del estropicio que permita salir de la crisis.
La UTPBA y la Comisión Interna de Canal 9 ratificaron la denuncia que diera origen a la demorada audiencia (se insiste: más de 4 meses) y advirtieron que su preocupación se había profundizado debido a los últimos anuncios de la patronal, que no hacen más que legitimar lo dicho en aquella presentación, posterior a masivas asambleas que avalaron el planteo formulado por la representación sindical. Es decir: no hay solución de una “crisis” si no se preservan todos los puestos de trabajo, si no se respetan los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista y, tomando en cuenta lo dicho por la propia empresa, si no se pagan los salarios o se los rebajan.
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires