Por el contrario, Observacom quiere destacar que, de ser aceptada, la propuesta de la gremial de radiodifusores comerciales afectará gravemente la libertad de expresión, en lugar de garantizarla.
Estamos absolutamente de acuerdo que los medios de comunicación deben tener un entorno regulatorio que garantice que los procesos de renovación o prórroga de las concesiones no se conviertan en mecanismos discriminatorios o que impliquen formas de censura indirecta, premiando o castigándolos (con la renovación, o la no renovación) en función de su línea informativa o editorial.
Esta preocupación es legítima, y así lo ha planteado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en sus “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”: “el procedimiento de renovación o prórroga debería estar regulado por la ley, ser transparente, estar guiado por criterios objetivos, claros y democráticos, y asegurar el debido proceso” y “la regulación debe contemplar plazos y criterios objetivos a fin de evitar que la situación de incertidumbre se convierta en un instrumento de presión indebida sobre los medios de comunicación que aspiran a renovar su licencia”.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación”.
Los concursos públicos, abiertos y transparentes dispuestos en la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador (se deberán realizar concursos cuando las concesiones hubieran caducado según el artículo 107), parecen mecanismos idóneos para dar esas certezas a los concesionarios, a los que podrían agregarse instancias de participación ciudadana para aumentar los controles al Estado.
Se trata de procedimientos que están acordes con los estándares internacionales de libertad de expresión citados porque, además, también garantizan “que efectivamente puedan participar tanto el que aspira a renovar la licencia como cualquier persona interesada” (como dicen los Estándares de la Relatoría). Pero los propios medios comerciales quieren desconocerla, proponiendo una disposición transitoria para renovarlas a todas, sin que se analice -caso a caso- si han cumplido o no las condiciones de su concesión, y sin permitir la realización de procedimientos competitivos y públicos.
Las garantías y certezas jurídicas a las que los medios tienen derecho no implican aceptar la renovación automática de las concesiones como un mecanismo adecuado y, mucho menos, aceptado internacionalmente por organismos internacionales de derechos humanos.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia sobre el caso de la no renovación de la concesión de RCTV por el gobierno de Venezuela, afirmó que: “respecto a si existiría en el derecho internacional una obligación de renovar las concesiones de radiodifusión, la Corte concluye que esta obligación no está contemplada en el derecho internacional" y que RCTV "no tenía un derecho adquirido a la renovación automática de su concesión”.
La exigencia de renovación automática no sólo no tiene sustento internacional. Lo más grave es el impacto concreto que esta medida tendría en la libertad de expresión, en términos de diversidad y pluralismo, en las actuales condiciones del mapa de medios de Ecuador.
La renovación automática de todas las concesiones implicaría:
- Congelar la concentración existente, donde 95% de las concesiones las acumula el sector privado-comercial de la comunicación.
- Imposibilitar, por 10 años más, la redistribución de frecuencias que necesita el país para seguir avanzando en materia de pluralismo de medios, condición necesaria para que haya una efectiva libertad de expresión en Ecuador.
- Incumplir, en los hechos, con la aplicación efectiva de cualquier tipo de reserva para medios comunitarios e indígenas incluidos en la LOC y que forman parte de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
- Bloquear, por tanto, el acceso equitativo al espectro por parte de los sectores sociales y comunidades que tiene derecho a fundar medios radiales y televisivos de tipo comunitario o indígena.
- Blindar a los empresarios y políticos corruptos que se beneficiaron con concesiones ilegales -tanto antes del gobierno de Rafael Correa como durante el mismo- y que nunca han sido revisadas, aún ante las innumerables evidencias presentadas por la Comisión de Auditorías de Frecuencias.