La iniciativa, que recibió modificaciones en su tratamiento en comisiones, permitirá que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play.
El miembro informante del oficialismo fue el senador nacional Federico Pinedo (PRO) quien defendió el proyecto remarcando que el mismo tiene “dos objetivos importantes: es antimonopólico y viene a contribuir a la satisfacción de una necesidad social extremadamente urgente como es la posibilidad de tener conectividad en todos los rincones de la Argentina”.
A su juicio, la iniciativa permitirá que los argentinos “puedan acceder a sistemas de banda ancha y operar en internet, y gozar de los distintos servicios de telecomunicaciones en todo el país”.
“En otras épocas quizás no haya sido tan relevante”, expresó, pero consideró que hoy día, sin conexión a internet, los ciudadanos “están definitivamente afuera de las posibilidades de realizar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones con el resto de los países del mundo”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, rescató el “trabajo mancomunado” de muchas personas y un diálogo con todos los sectores, en el que “hemos aportado una cuota de federalismo muy alta, que es lo que no tenía el primer proyecto”.
Señaló además que “la tarea pendiente, que es la crítica que hemos hecho a esta ley, por eso digo que es una ley demasiado corta, es que tenemos que empezar a trabajar pronto en materia de contenidos. Tenemos el vehículo, tenemos la autopista, pero no sabemos las condiciones que vamos a tener; si son las condiciones actuales donde las TICs no tienen ningún tipo de obligaciones en cuanto a contenido, vamos a tener problemas”.
Como otros legisladores, la pampeana Norma Durango admitió que le hubiera gustado estar discutiendo “un proyecto de ley general, global, sobre medios de comunicación, y no esta ley corta, porque pienso que nos debemos un debate más integral, que tome el tema de la convergencia en la comunicación en términos de actores tradicionales y la irrupción de los nuevos”.
La radical tucumana Silvia Elías de Pérez resaltó que “la ley que hoy nos convoca merece que sea una sesión donde pongamos la mirada en las cosas que nos unen, nos alegran a todos, porque en un país extenso como el nuestro saber que el 30% de la población no tiene acceso a Internet, saber que de los que tienen acceso un 40% no saben utilizarlo, nos muestra cual es el verdadero desafío que tenemos hoy como sociedad”.
“Nos dicen que (la ley) es corta y lo aceptamos, es un primer paso, nos queda a nosotros el gran desafío de crear los consensos necesarios para poder avanzar en una ley que sea total, completa y que incluya todos los temas que hoy se han nombrado acá”, señaló.
A la hora de los cierres, el senador Fernando “Pino” Solanas se mostró muy crítico. “Se está abriendo las puertas a una extraordinaria concentración comunicacional”, denunció, advirtiendo que “estamos a contramano de la tendencia mundial. ¿En qué país del norte un mismo grupo puede tener diario, una radio, un canal abierto, un canal de cable, internet, telefonía fija y celular?”.
“Hay un ejército de periodistas y comunicadores muy bien pagos que se constituyen en una fuerza de opinión fabulosa, sino no se puede comprender cómo nuestro pueblo ha sido seducido por políticas de comunicación y campañas mediáticas”, sostuvo, advirtiendo que “también debería decir que no multiplicó la libertad de prensa. Estamos ante un modelo unitario, no es federal. No hay democracia cuando el monopolio informativo y el unitarismo ocupa el espacio local”. Se preguntó luego “cómo es posible que esta ley se olvide de discutir las cotas de pantalla que tiene que tener la información nacional”, y alertó: “Estamos viviendo un intenso movimiento de aculturación”.
Al cabo de las exposiciones, volvió a hablar el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien destacó que “las principales críticas están destinadas a lo que el proyecto no dice, lo cual indica que la ley está bien entonces”.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril pasado y permite que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play, esquema por el cual todos los operadores de telecomunicaciones podrán ofrecer telefonía fija y móvil, Internet y TV paga.
Bajo el título de “fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)”, la iniciativa incorpora a la Ley 27.078 la obligación de los licenciatarios a compartir la infraestructura pasiva. Esto es que, los edificios públicos y las construcciones privadas se usarán entre todos los prestadores de los servicios, algo que tiende a abaratar los costos y aumentar la competencia.
“El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas”, reza el texto, al tiempo que señala que dichos convenios deberán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) para su homologación y publicación antes de los 30 días de su fecha efectiva de entrada en vigencia.
Por otra parte, el proyecto señala que “a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional” la empresa ARSAT deberá reservar un 20 por ciento de las frecuencias del espectro radioeléctrico para empresas del interior.
Asimismo, se posterga hasta 2020 -el texto original proponía 2019- la posibilidad para que las telefónicas puedan dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que en el interior del país se extiende el plazo hasta 2021 y en las localidades con menos de 100 mil habitantes hasta 2022.
Otro de los artículos indica que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas, no discriminatorias y basadas en valor de mercado, de modo tal que se garantice una competencia leal y efectiva entre los distintos licenciatarios de Servicios de TIC que los requieran”. En este sentido, el ENaCom tendrá que establecer normas que “permitan la sustentabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas”.
Fuente: Parlamentario.com