¿Casi todos ganan? Los pequeños y las audiencias seguro que no
Días atrás en El Cohete tratamos la aparición de la llamada “Ley corta”, sucedáneo oficialista de la necesaria discusión de la prometida ley de convergencia.
La discusión de ese proyecto se extendió a lo largo de las últimas semanas en el Senado y, a estas alturas, es necesario poner algo de luz sobre la naturaleza de las exposiciones, más que debates, que tuvieron lugar en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (sic) y dar cuenta de algunos de los actores peticionantes. También interviene la de Educación y Cultura a pedido del Senador Solanas.
Recordamos que el objetivo central del proyecto es dotar a las empresas telefónicas del derecho de dar televisión satelital, desafectar la reserva de frecuencias de ARSAT y obligar a ceder el uso compartido de infraestructuras pasivas de las telecomunicaciones. Hay además un extraño artículo del proyecto que, sin explicar cómo, afirma que deben implementarse políticas en la comercialización de contenidos que permitan la entrada de nuevos actores, como si ello fuera condición suficiente en el contexto que da la ley vigente y la propia iniciativa en discusión.
Un resumen elaborado por Guillermo Rus sobre lo acontecido en cuatro audiencias con invitados especiales convocadas entre abril y mayo por el senador chubutense Alfredo Luenzo, a cargo de la presidencia de la comisión cabecera, arroja cuantitativamente 6 expositores a favor, 4 neutrales y 13 en contra. Entre los aplaudidores del proyecto re-regulador gubernamental se encuentran los defensores de la supuesta competencia con primacía de los grandotes de la telefonía y proveedores de internet, como la Cámara de Informática y Comunicaciones (CICOMRA), que cuenta entre sus socios a Claro, Telefónica, Personal, Nextel, Level3, DirecTV, IBM, HP, Huawei y Alcatel, entre otras y la Cámara Argentina de Internet (CABASE), que reúne a un amplio abanico de prestadores e intermediarios de internet internacionales y vernáculos. A ellos se sumó la lobbista internacional Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
Los más preocupados por el futuro panorama han sido prestadores de menor rango, o basados en el negocio de servicios por red de cable, como Supercanal, Telecentro, Intercable, las cooperativas y PyMEs (valga una mención especial a la luchadora Cooperativa de Santa Rosa, que le ganó por varios cuerpos y en varios frentes a Cablevisión en su territorio), los cineastas y productores audiovisuales y la Defensoría del Público (que entre otras cuestiones insistió con su propuesta de tarifa social para abonos de TV y conectividad a Internet, ya que la imposibilidad de acceder a estos servicios por cuestiones económicas afecta el derecho humano a la libertad de expresión). En parte también expresaron su preocupación las televisoras privadas del interior, quienes no perdieron la oportunidad de quejarse de los convenios colectivos tanto como del proyecto. El sindicato de televisión y servicios audiovisuales SATSAID, en tanto, alertó sobre varios aspectos: pérdida de soberanía comunicacional, desaparición de fuentes locales de información, migración hacia tecnologías que no generan puestos de trabajo nuevos, desinversión de producción de contenidos y la consecuente pérdida potencial de 20.000 puestos de trabajo directos en el sector.
En el marco de un gobierno como el que tenemos desde 2015, escuchar empresarios en el Senado quejándose del proyecto por concentrador y anticompetitivo generaba un marco, al menos, extraño. Resonaron frases como “queremos convergencia sin concentración”. Y otras que ciertamente iluminan el problema, como la que pronunció Fabián Di Cicco de la Red Intercable el 17 de abril: “Ellos no invertirán en redes [en la mayor parte de las localidades del país], porque son mercados marginales y las PyMEs no invertiremos porque la apertura de la competencia sin regulaciones suficientes nos habrá reducido a la mera subsistencia sin posibilidades de reinversión”.
Pero los nudos problemáticos del proyecto son más extensos incluso que el articulado de la iniciativa. Las voces en contra, que seguramente tomarán letra en algunos de los dictámenes que se firmarían el próximo miércoles porque se postergó una semana la sesión de comisión prometida, dan cuenta de planteos como los que siguen:
- Es una compensación a otros grandes operadores luego de la fusión Cablevisión -Telecom, que tiene todos los frentes cubiertos (telco, cable, TV abierta, internet y si hiciera falta el satélite).
- No contempla a los usuarios, más allá de las eternas promesas de baja de costos de consumo por la presunta competencia.
- Permite mayor acumulación de frecuencias del espectro en los grandes operadores. Incluyendo el desguace de ARSAT que tiene frecuencias reservadas por una ley especial de la que “solo” tocarían el anexo donde justamente están las reservas.
- Impulsa una concentración aún mayor del mercado ya que promueve competencia entre grandotes y no habilita a más prestadores para dar telefonía e internet móvil (pequeños operadores comerciales, cooperativas, empresas estatales provinciales).
- No contempla la distribución de contenidos nacionales o locales. El proyecto disfraza de “infraestructural” una puja de negocios que impacta también en lo que se nos permitirá ver o consumir. El problema no es solo conectarse, sino para qué.
- Permite a los grandes operadores usar infraestructura de las PyME y cooperativas sin necesidad de invertir y no considera las asimetrías en las cadenas de valor, ni las diferentes formas de dar servicios y generar contenidos en medianas y pequeñas ciudades del país.
- Permite a grandes operadores ingresar en el mercado audiovisual sin inversiones (satélites extranjeros) y sin obligación de señales nacionales.
- Delega en el Poder Ejecutivo Nacional una amplia discrecionalidad en la reglamentación.
En medio de este debate de la ley corta en el Senado, el Boletín Oficial del jueves trajo consigo la Resolución 4337/2018 del ENaCom, que puso en vigencia nuevas reglas de prestación de los servicios satelitales de TV. Mientras casi todos parecen —y asumamos que es cierto— preocupados por la iniciativa que se intenta tratar en el Congreso, el Gobierno movió otra vez una parte del tablero, reinterpretando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para “simplificar la normativa vigente” sobre obligaciones de transmisión o must carry de las televisoras satelitales. Agrandan el pastiche y confunden para seguir gobernando de facto. A lo que ya se había emparchado por decreto para la TV por cable, esta vez se suma la TV satelital, alegando que es de incumbencia de la LSCA mientras el proyecto de ley corta y los alfiles del Senado promueven descalzarla para que pase a ser “servicio TIC” (al igual que se estableció por decreto para el cable).
Con la Resolución 4337, el saliente De Godoy y su “mejor equipo corporativo de los últimos 50 años”, reacomodaron la cancha no sólo para Direct TV, sino también para los aspirantes Telefónica y Claro que no dan contenidos hoy. Podríamos sospechar que Direct TV –no nos consta– dio su parecer opinando hasta cuántas y cuáles señales retransmitir, lo que inclina más la cancha a su favor en detrimento de los entrantes satelitales al cuádruple play. Además de ciertas reglas que se mantienen desde la época de la ley de medios audiovisuales, el Gobierno obliga a los satelitales a incluir en su grilla las señales públicas del Estado Nacional; el Canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el canal de la Iglesia Católica Argentina. También se exige a la(s) distribuidora(s) por satélite que retransmitan las señales de origen de los canales de televisión abierta, en su área de cobertura más las que no están a conveniar, más un combo de señales a piaccere que lleguen al 20% de su capacidad de transmisión o sean al menos 22, para cubrir “federalismo, diversidad, producción local”. Pero no cualquiera, ahí la vara es alta y la lista queda a aprobación de la ENaCom. Raro ejercicio de libertad liberal.
Habrá que ver el rodaje de este nuevo parche, cuando faltan reglas menores y autorizaciones. Sin embargo, cabe estar alerta ante una serie de cuestiones: ¿las áreas de cobertura de los canales locales de TV abierta serán las del satélite? Ya con las de Buenos Aires tenemos el problema para el interior que se las llama “nacionales”. ¿Cuál es el destino de las empresas chicas de cable que en las provincias tienen frente al satélite la ventaja de pasar el canal abierto local? Más aún cuando el satélite opere en paquete con la telefónica de la zona y las empresas de TV abierta les cobren por la señal porque se seca la plaza publicitaria, tanto por la publicidad que se va a internet (mucha de la oficial por cierto), como por la economía que se achica mientras el dólar y las tasas trepan.
Esto implica que para los más chicos de la comunicación que aún subsisten, a pesar de todo, los insumos aumentan a la par que las tasas, cosa que no afecta a los grandes que operan en otras plazas y piden créditos a tasas que están muy por debajo de la mitad de las que tenemos por estas latitudes.
Por cierto, y como ya lo ha demostrado desde hace décadas la televisión por suscripción, ya sea en sus canales propios como en las amenazadas Encuentro, Paka Paka o Telesur, resulta imperioso tanto para los proyectos legislativos como para resoluciones del ENaCom, que se explicite la incorporación de producciones propias o independientes en las señales a su cargo en condición de estreno. Las capacidades, tradiciones y logros que Argentina ha demostrado como país mediano con proyección internacional como usina de proyectos audiovisuales, no puede ser degradada a mediocres manejos para repartirse negocios. Los damnificados están animándose a hablar y el juego político en la Argentina corporativa puede tener más fisuras que las esperadas por el establishment.
Veremos en las semanas venideras qué dicen los dictámenes, cuándo van al recinto y cómo se acomodan los melones en este carro mediático e info-comunicacional que avanza tironeado por los más fuertes.
Fuente: El Cohete a la Luna