El Gobierno pone en peligro la pluralidad informativa con la nueva reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El proyecto de ley apodado como “corto” autoriza a las telefónicas a brindar servicio de TV satelital, refuerza normas para que los operadores de telecomunicaciones y TICs compartan infraestructuras o les vendan las existentes. Esta iniciativa viene a compensar a Telefónica y Claro accediendo a su viejo reclamo de ser habilitados a brindar tv paga por vía satelital –algo que Telefónica hace en varios países de la región– ante la expansión del Grupo Clarín al sector de las telecomunicaciones.
Si el Congreso sanciona el proyecto, la fusionada Cablevisión-Telecom, cuyos accionistas mayoritarios son los del Grupo Clarín, ya no será el único conglomerado en condiciones de ofertar a la gran masa de hogares paquetes de cuádruple play (televisión de pago, telefonía móvil, telefonía fija y conexión a Internet) a partir de enero de 2019. Ni Telefónica ni Claro cuentan con la capacidad de competirle a Cablevisión en el segmento de tv por cable, pero sí pueden desplegar una propuesta “convergente” con los servicios de tv satelital.
Abruptamente, todo el aparato parlamentario de Macri decidió apurar el tratamiento con un giro cerrado a una sola comisión y sacar directamente de urgencia el proyecto, cuando el presidente de España, Rajoy, estuvo en la Argentina. En ese momento, los senadores Luenzo y Pichetto no estuvieron de acuerdo. Entonces por mi pedido en el recinto, logramos cambiar el escenario y que la Ley de Fomento a la Infraestructura y Competencia de las TICs fuera girada además a la Comisión de Educación y Cultura abriendo el debate a muchos sectores que se verán afectados.
Las maniobras que utilizó el Gobierno para impulsar la ley son varias y groseras. En primer lugar, pretende impulsar el miércoles próximo en Plenario de Comisiones la votación de la Ley de Convergencia. Esta es una reforma comunicacional que liquidará a 800 cableoperadores, 80 señales nacionales y 1000 productoras independientes que generan 25 mil puestos de trabajo. Desde que Cambiemos asumió comenzaron a estudiar una ley a la medida de las necesidades de cerrar todo el “espacio-negocio” del cuádruple play entre Clarín-Telecom, Telefónica y Claro.
Lo que nos debe preocupar es que todo se viene haciendo a las escondidas, ya que apenas comenzaron a participar las organizaciones sociales, temiendo que esto termine en una buena ley, vinieron las presiones del gobierno para acotar y cerrar el debate. No olvidemos que en vez de promover un debate abierto y participativo, empezaron dejando afuera a la Comisión de Educación y Cultura, como si los contenidos fueran una cuestión secundaria y no el tema principal; garantizar mayor pluralidad, mayor producción local y nacional en todos los espacios audiovisuales. Esta política oficial está a contramano de la Constitución Nacional: en la reforma de 1994 pudimos introducir en el texto del artículo 75 –inciso 19- una cláusula de cultura que dice expresamente que “el Congreso debe proteger (...) la identidad y pluralidad cultural, los espacios culturales y audiovisuales”.
Ahora, la “ley corta” llega al recinto a las escondidas y de apuro, como si fuera un proyecto técnico sin mayor importancia, cuando se trata de una burda modificación a la Ley Audiovisual y por supuesto el control de los contenidos y la solapada reducción de la cuota de producción nacional. Cómo será la manipulación que intentan llevar adelante que frente a la apertura del debate que viene impulsando el presidente de la Comisión de Comunicación Alfredo Luenzo y ante el temor de que la “ley corta” no fuera aprobada, el jueves pasado el Gobierno modificó la composición de las comisiones de comunicaciones y cultura para asegurarse la mayoría en la votación.
Telefónica y Claro son las beneficiarias más directas de la norma, pero a Clarín-Telecom el gobierno le prometió que hasta que no se sancione esta ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no aprobaría la fusión. Igualmente, dicha fusión ya es una realidad: ambos grupos comparten CUIL actualmente y las propagandas en los medios que lanzaron dan por hecha la fusión. Sobre esa tensión gira hoy el nudo principal de las telecomunicaciones en el país. Además, Macri amenazó con un DNU. Su apuro radica en que sin esta norma y la de convergencia digital las telefónicas no desembolsarán la lluvia de inversiones que prometieron arrastrar.
Macri pone en peligro una vez más la pluralidad cultural e informativa, la producción nacional y local de contenidos. Las fuerzas políticas y las organizaciones culturales y sindicales deben intervenir en este debate ya que no se afecta a sectores específicos, sino se afecta al conjunto de la sociedad.
El mercado de la telefonía celular más el teléfono fijo, internet y la televisión facturan más de 12 mil millones de dólares anuales. La ley Audiovisual se modificó por decreto a fines de diciembre del 2016 y lejos de haber servido para garantizar el cumplimiento de sus aportes que no llegaron a realizarse -como el reparto de los 3 tercios de las licencias en tres tercios y la entrega de las mismas a las organizaciones comunitarias- hoy se busca liquidarla del todo al acordar esta concentración/cartelización.
Esta ley les ofrece a dos grupos extranjeros entre los tres operadores, un negocio millonario: la facturación anual del cuádruple play superara los U$S 12.000 millones y la tarifa del celular a tarjeta –el teléfono de los pobres– seguirá costando más del doble de lo que pagan los demás países de América Latina.
Estamos yendo en la dirección contraria, pues nadie nos corre para tratar de cerrar el debate este miércoles y pasar al recinto la próxima semana. Lo que se impulsa es una mayor concentración de medios que implica menor calidad para el usuario, miles de puestos de trabajo menos y el manejo y control del mayor espacio de información, debate político, entretenimiento, cultura y deportes de la sociedad mediática que somos.
*Senador Proyecto Sur
Fuente: infosur.info