Para alzarse con el mayor número de frecuencias de radio y TV en el Ecuador, el zar de los medios en América Latina, el mexicano Ángel González, montó un esquema de ocultamiento de la propiedad de sus empresas. Con ese sistema, el grupo mediático González pretendía burlar las normas anti monopolio que rigen el concurso para la entrega de frecuencias de radio y televisión. Este establece que una empresa únicamente podrá operar simultáneamente una emisora en FM, otra en AM y otra en televisión.
De acuerdo al informe que la Contraloría hizo al proceso de concesión de frecuencias hecho por el Cordicom y el Arcotel, el grupo González, al que pertenece diario El Comercio de Quito, postuló para la obtención de la concesión de 104 frecuencias: 60 de televisión, 43 de radio FM y una de radio AM, a través de 18 empresas que fueron calificadas en su totalidad para el concurso y que aparecían como si cada una tuviera accionistas distintos.
El equipo auditor de la Contraloría descubrió, sin embargo, que las empresas estaban vinculadas entre ellas puesto que compartían las mismas firmas calificadas para manejar cuentas en los principales bancos del país o estaban domiciliadas en direcciones que resultaron ser exactamente las mismas. Es decir, Contraloría destapó un plan que buscaba que Gonzalez pudiera concentrar una cantidad de frecuencias que está prohibido por las normas legales que rigen al concurso y que, aparentemente, ni el Cordicom ni Arcotel se habían percatado.
Este esquema había sido denunciado antes por varios medios de comunicación digitales pero nunca había había sido confirmado por algún organismos oficial: hasta que llegó la lectura del informe de Contraloría. Fundamedios, la organización que hizo la investigación que se publicó en varios medios digitales, ya había alertado sobre las pretensiones del grupo González detallando perfectamente el esquema que ahora Contraloría hace público. El nuevo Cordicom, posesionado en el gobierno de Lenín Moreno, paralizó el proceso hasta que se investiguen las denuncias. Fundamedios había afirmado que el Arcotel se había hecho de la vista gorda ante las irregularidades, a pesar de que había enviado y publicado las evidencias del esquema tramposo.
De la información que Contraloría consiguió de algunos bancos, entre ellos el Produbanco y el Pichincha, se determinó que de las 18 empresas relacionadas con el grupo El Comercio, en doce constan la misma firma autorizada para el manejo de las cuentas bancarias. Estas empresas son: Andivisión, Compañía Radiodifusora Trafalgar del Ecuador, Distribución y Representaciones Yomar, Ecuadoradio, Megacomunication, Ecuatoriana de Televisión Ortel, Radiodifusora Ayax del Ecuador, Radiodifusora Kashmir del Ecuador, Tamaggio, Telecuatro Guayaquil, Televisión Independiente Indetel y Zakarie. La Contraloría, además, confirmó que en el caso de ocho empresas todas aparecen con una misma dirección que corresponde a un estudio jurídico: Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre en Guayaquil.
En su informe, también advierte que, de las 18 empresas de González, diez fueron constituidas hace muchos años (las que ha tienen frecuencias) y ocho lo fueron en fechas tan cercanas al concurso que resulta evidente que las hicieron exclusivamente con el objetivo de que participen en él.
La Contraloría hizo otro hallazgo que evidencia que hubo la intención manifiesta de evadir las leyes que tratan de impedir la concentración de la propiedad de los medios. En las empresas Byrtum, Tamaggio, Jaygycorp y Manaseijas constan tres accionistas con el 50 % de las participaciones que no tienen bienes muebles ni inmuebles y una persona cuya única propiedad es una moto que cuesta 1 090 dólares. Estas personas, halló el equipo de Contraloría, tienen ingresos mensuales de, máximo, 600 dólares mensuales. Además no declararon impuesto a la renta. La afirmación del informe apunta a lo inverosímil que resulta que personas que no tienen patrimonio ni sueldos importantes puedan ser dueños de las empresas.
Contraloría también encontró parentesco entre accionistas de varias empresas del grupo González. Por ejemplo, la gerente de Locnom y Ozenca es hermana de una de las accionistas de Semneg y Orodrec.
‘El Fantasma’, como se le llama a Ángel Remigio González y González, posee en Latinoamérica 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica, 3 cadenas de televisión satelital (DTH) y dos medios impresos que son El Comercio y Últimas Noticias en Ecuador. La red mediática convierte a ‘El Fantasma’ en el oligopolio privado más grande del país: es concesionario de 87 frecuencias de radio y televisión, 66 repetidoras y 19 matrices, más dos de televisión digital.
No es la primera vez que resulta favorecido. Fundamedios señaló que, según el artículo 6 de la Ley de Comunicación del Ecuador, se prohíbe que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional. Sin embargo, en el reglamento de la Ley de Comunicación, se puso como una excepción que esto no aplica para ciudadanos de países con los que Ecuador tiene convenios. Con esto se allanó el camino para la compra de El Comercio… Y para la operación del canal Televicentro, del mismo diario.
‘El Fantasma’ usa en todos los países, según los relatos de la prensa internacional, el mismo mecanismo para extender su red: entrega a crédito programación de Hollywood y enlatados mexicanos a canales en mala situación económica. Luego, cuando la deuda se agiganta, los compra a muy bajo costo. Su fortuna, según cálculos de El Universal de México, supera 2.000 millones de dólares.
El informe que se leyó el lunes deberá ser respondido por los acusados en cinco días. Todo indica, sin embargo, que con tal cúmulo de trampas y mañas, el grupo de González se quede fuera del concurso, al menos las empresas que aún no tenían concesiones. Sería el desmoronamiento de un monopolio creado gracias a los excelentes vínculos que el mexicano tenía con los operadores del gobierno de Rafael Correa.
Por: Bárbara Ánderson
Esta semana, en la primera ronda de subastas del Instituto Federal de Telecomunicaciones por las licencias de nuevos canales de televisión digital abierta, apareció bajo los reflectores un empresario poco conocido, pero con un consorcio de medios poderoso en toda Latinoamérica: Ángel Remigio González y González.
Y aparecieron datos de su perfil: de Nuevo León, pero radicado en Miami desde hace décadas, dueño de 45 estaciones de tv en 16 países (cinco de ellas en México). Una de sus empresas, Telsusa, se quedó con 10 frecuencias en todo el país.
“No tiene el instituto noticia de ninguna circunstancia que le impida participar en estos procesos, y esa es la razón por la cual les otorgó la constancia de participación”, le dijo el comisionado del Ifetel, Gabriel Contreras, ayer a Ciro Gómez Leyva en una entrevista.
Dudas por la manera en la que había desembarcado en otros países, las relaciones con políticos de dudosa transparencia y hasta su presencia en los Panama Papers.
Uno de los países donde aplicó la fórmula de ‘comprar medios endeudados y luego aliarse a los gobernantes de turno’ —logrando a cambio poderosas pautas oficiales— fue en Argentina. En 2006 compró 80 por ciento de Canal 9 al empresario Daniel Hadad. “Lo hizo aún cuando la normativa prohibía —y todavía impide— que un extranjero sea dueño”, recuerda Alejandro Alfie, redactor de Clarín. Y como El fantasma (su apodo más conocido) no podía figurar como único propietario, puso en los papeles a un abogado argentino —Carlos Lorefice Lynch— como su socio local. Habría pagado por Canal 9 entre 25 y 26 mdd y lo hizo vía una de sus empresas en EU, Televideo Services Inc.
Tres años más tarde, su compañía Grupo IMC Radios compró en Buenos Aires la FM Aspen. “El puso solo 5 por ciento a su nombre, 30 por ciento a Televideo (empresa suya) y dejó 65 por ciento otra vez para Lorefice Lynch, que no aportó ningún dinero para esta operación”, explica Alfie y “arregló con el gobierno para que al año siguiente desembarquen en Canal 9 programas de la tv pública que cambiaron su línea editorial y comenzaron a replicar la misma sintonía ultrakirchnerista del canal oficial”.
Solo en 2010 recibió más de 72 mdd del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Antes de ser del empresario mexicano, ambos medios facturaron solo 4,1 mdd de pauta oficial.
En 2012 González lanzó otra radio FM, la RQP, en Capital Federal.
Ahora, en tiempos de oposición y con Mauricio Macri en la presidencia, González hizo un acuerdo con Prisa (España) para gestionar la histórica Radio Continental. Inmediatamente levantó todos los programas pro Kirchner, despidió a los periodistas oficialistas como una señal de buena voluntad al nuevo gobierno.
Pero jamás hubo una investigación sobre la irregular manera en que compró y es dueño exclusivo de esas señales.
Fuentes: 4pelagatos, Milenio