De la actividad, participaron el vicegobernador Mariano Fernández, los diputados nacionales Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger (PJ), el ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, legisladores provinciales, funcionarios y representantes de cooperativas pampeanas, preocupados por el avance de la iniciativa que se debe tratar en el Congreso de la Nación. Durante la jornada, además, expuso Martín Becerra, que será el encargado de analizar los efectos de la ordenanza.
La denominada “Ley Corta” de Telecomunicaciones fue reclamada por la española Telefónica y la mexicana Claro, dos compañías multinacionales que nunca invirtieron en fibra óptica, y esta iniciativa les permite justamente a las telefónicas dar televisión satelital, obligando a las proveedoras de servicios públicos a ofrecerles su infraestructura. Un negocio redondo, sin dudas.
El movimiento cooperativo pampeano y de otras provincias del país manifestó su preocupación por el artículo 2 del proyecto que justamente obliga a “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales” a “facilitar” a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”.
Un especialista
"En un país donde el 25% de la población no tiene acceso, o es muy degradado, a los servicios de telecomunicaciones pagos, da para pensar que todas las recetas implementadas fracasaron en dar una real cobertura universal de comunicación", aseguró Martín Becerra, quien cerró la lista de distantes. "La ley corta (que impulsa el Gobierno Nacional) es de una asimetría inversa", advirtió.
"Pretenden que las dos grandes empresas de telecomunicaciones utilicen la infraestructura que tienen las cooperativas, sin incluirlas en el negocio", afirmó. Una consigna del Gobierno es ahora todos van a poder "hacer todo". "Es un planteo engañoso", alertó. "Si no se cambia las políticas implementadas, los prestadores chicos tienen cierto riesgo de desaparecer", expresó Becerra.
Becerra explicó que el encuentro se generó como “una reacción ante el proyecto de ley corta, que es preocupante porque autoriza a las empresas de telefonía a dar servicio de TV satelital” y además, “carga a los operadores cooperativos y pequeñas y medianas empresas con obligaciones que facilitan la confiscación de sus infraestructuras en beneficio de las telefónicas”.
Según el investigador independiente del Conicet, también la propuesta “cambia la reserva prioritaria de espectro a AR-SAT, con la idea de hacer una licitación próxima en beneficio de los principales conglomerados de telecomunicaciones del país, que en el país fueron beneficiados históricamente”.
Afirmó que en La Pampa “las cooperativas, las Pymes y el gobierno provincial tienen claro que si se aprueba la ley, las perspectivas van a ser muy malas porque a los efectos de la concentración de las comunicaciones ya lo vemos los argentinos, con malos servicios y caros en telefonía móvil, porque es un sector cartelizado con poca posibilidad para actores medianos y pequeños”.
Por otro lado, el licenciado y doctor en Ciencias de la Comunicación reclamó un debate real en el Congreso donde “se presenta una posibilidad de modificar” la propuesta de la Casa Rosada “como debería suceder”, aunque advirtió que hasta el momento la oposición legislativa “fue permisiva” con el gobierno, permitiendo beneficios para el Grupo Clarín, a través de diversos decreto.
¿Qué espacio queda para los medios alternativos, comunitarios, cooperativos?
Quedan muy pocos lugares de acceso al espectro, en términos de recursos esenciales para el funcionamiento de los medios, pero paradójicamente el alineamiento de los grandes medios nacionales al gobierno deja también vacante un lugar de presentación de información incomoda, la crítica y hay una función social que hoy es más necesaria que en otros momentos históricos, porque sin medios alternativos hay perspectivas que no aparecen en el espacio público.
La audiencia es la gran perjudicada en este escenario…
La sociedad, que es la titular del derecho a informarse y de poder dar su opinión con libertad, es la más afectada, pero esa es la política del gobierno nacional, el tema es cómo se puede poner coto u obstáculos para que haya oposición a los objetivos del gobierno y como preservar otra lógica a la concertación de los grandes grupos.
Documento final: Beneficia a los grandes pulpos del negocio comunicacional, pisotea el federalismo y las garantías de participación de la sociedad civil.
El documento final del encuentro patagónico para analizar la “ley corta” de Telecomunicaciones fustigó con dureza el proyecto macrista que, para garantizar el interés de los grandes pulpos del negocio comunicacional, pisotea el federalismo y las garantías de participación de la sociedad civil.
El documento final del Encuentro Patagónico por una ley de Comunicación Federal, Participativa y Democrática, salió al cruce del ataque a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas que significa la llamada “Ley Corta” que tramó el macrismo.
Hay múltiples cuestionamientos al proyecto “intempestivo”, que además ataca el federalismo comunicacional, según coinciden especialistas. La normativa es en beneficio de los grandes pulpos del negocio de la comunicación, y reniega de aspectos legales que garantizan la participación de la sociedad civil. En ese sentido, se compadece con otras medidas e ideas del macrismo, que tienen a una concentración mayúscula en el área comunicacional.
El documento manifiesta la “profunda preocupación por el intempestivo” proyecto de "Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencias TICS", también conocido como "Ley Corta".
“De ser aprobada tal como fuera presentada recientemente en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional, limitaría la participación igualitaria de las pymes y cooperativas en el sector de las comunicaciones, al habilitar el ingreso de las empresas internacionales de telecomunicaciones a dar televisión satelital en todo el país, sin considerar las asimetrías poblacionales”, advierte el posicionamiento.
Remarca que “a su vez, dificultaría el despliegue de una comunicación federal, al condicionar el desarrollo económico, social y cultural de las pequeñas y medianas empresas del interior del país, al obligarlas a competir de manera inequitativa con empresas internacionales o nacionales asociadas con capitales extranjeros”.
El documento salido del Encuentro Patagónico reseña que las pymes y cooperativas lograron desarrollar el servicio de las comunicaciones (y otros servicios públicos) en lugares con escasa densidad poblacional, con distancias importantes y con una pequeña cantidad de usuarios si se compara con las grandes concentración poblaciones de algunas ciudades y provincias del país que conforman importantes mercados.
“Sin embargo, los estados, las pymes y cooperativas extendieron las redes en cada rincón del país, acercando la tecnología y las comunicaciones al interior profundo de la Argentina. De hecho, en la actualidad hay más de 600 comunidades donde las cooperativas ofrecen servicios públicos, entre ellos el de las comunicaciones”, insiste.
“Por eso existe una marcada preocupación por un tardío proyecto de ley, parcial e inconcluso, que no cumple con los criterios generales respecto a una norma que debería atender la compleja trama de las comunicaciones en la actualidad”, indica.
Por otra parte, se propone que se adopte como política de Estado y se exprese en la Ley que regule las comunicaciones, el Decreto 1340, del año 2016, que protege a las poblaciones de menos de 80 mil habitantes del ingreso de las grandes empresas vinculadas a las comunicaciones.
También se expresa preocupación en cuanto a la derogación del carácter preferencial de las Bandas de Frecuencia a AR-SAT. “La modificación propuesta por la Ley Corta contraría los criterios federales y de participación amplia de la sociedad civil”, asevera el documento.
“Cualquier norma debería orientarse para asignar paquete de Bandas de Frecuencia a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas”, señala.
“Sentimos el compromiso y la responsabilidad de proteger las economías regionales, y de preservar las dinámicas culturales y sociales que garantizan las pymes y las cooperativas en el interior del país”, agrega.
También manifiesta la “necesidad de confluir” en un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que “garantice el acceso universal a toda la población a una comunicación de calidad, que fortalezca las políticas federales del país, y que se asiente sobre los actores históricos y fundamentales como son las pymes, las cooperativas, y los Estados Provinciales y Municipales”.
Ziliotto: “Poner en marcha una empresa provincial de Telecomunicaciones, implicaría defender nuestra soberanía”.
El diputado nacional, Sergio Ziliottto, consideró que se está realizando un debate trascendental, ya que se define la política de Estado de los próximos 15 o 20 años en el ámbito de las comunicaciones, “y por eso debemos buscar la mejor conjunción posible entre las políticas de Estado y la participación del mercado. Que esta conjunción nos permita a todos los argentinos tener acceso a todos los servicios de comunicaciones, de calidad, pero sobre todo con precios justos. No es cierto que con esta ley los capitales extranjeros van a venir a invertir. Si la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el Gobierno Nacional saliera tal como está, van a venir a llevarse la plata. Luego, si el negocio siguiera siendo rentable, recién ahí van a invertir para agrandar su negocio”, manifestó.
Haciendo foco en nuestra provincia, informó que la ley propuesta por Nación pretende el uso de la fibra óptica realizada por el Gobierno Provincial, “que se concretó con esfuerzo de todos los pampeanos; quieren regular su uso y su precio según las definiciones del mercado. Sabemos lo que significa el posicionamiento de las grandes empresas frente a una pyme o una cooperativa. Estamos en desigualdad de condiciones. También quieren utilizar la fibra óptica de muchas cooperativas, que con mucho esfuerzo han logrado ir ampliando su infraestructura; éste es uno de los puntos graves de esta ley”, consideró.
Continuando con el repaso por la Ley, el legislador sostuvo que avanza contra la función social del Estado, “cuyo desempeño fue aprobado en una ley aprobada por unanimidad en 2015. Esta función social del Estado ocupa un rol de regulador, es este rol el que permite poner un freno a las ganancias de la inversión privada y le agrega costos. Esto establecía un respeto al federalismo el cual abraza nuestro sistema a partir de la Constitución Nacional”.
Finalmente calificó la ley como “perjudicial” y por ello se trabaja en su modificación “es una propuesta que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, donde se incorpora nuevos prestadores de servicios. Nosotros planteamos -entre otras cosas- que los gobiernos provinciales, cooperativas o pymes sigan ostentando la decisión de compartir su estructura o no. De este modo se obliga a los grandes prestadores de servicios de telecomunicaciones a prestar su infraestructura. Creo también que esta es una de las mayores oportunidades que tenemos para diversificar la matriz económica de La Pampa. Si nosotros podemos poner en marcha un empresa provincial de Telecomunicaciones estaríamos defendiendo nuestra soberanía, dándole valor agregado pampeano y creando una gran fuerte de trabajo, ofreciendo un servicio a toda la provincia y a un precio justo”, manifestó.
Borthiry
Uno de los funcionarios provinciales que estuvo en la jornada fue el ministro de Desarrollo Territorial de La Pampa, Martín Borthiry, quien afirmó que el tratamiento de la nueva ley de Telecomunicaciones del gobierno nacional es “perverso, arrogante y en beneficio de las grandes empresas que todos conocemos” y destacó que “debemos trabajar para frenar el avasallamiento del gobierno Nacional”.
Agregó que “el sentido filosófico del gobierno nacional va de la mano de las grandes empresas, pero nosotros en la provincia no tenemos nada que ver con este tipo de filosofía, creemos que tenemos que definir un acuerdo estratégico entre nuestro gobierno y las cooperativas”.
“Promover ley justa”
El vicegobernador Mariano Fernández dijo que la Ley Audiovisual sancionada en 2015 por unanimidad, “fue modificada ilegalmente por Decreto presidencial para beneficiar a los grandes grupos económicos, que tienen como insignia a medios de comunicación que bastardean la función del periodismo y transmiten la voz oficial sin tener en cuenta la función crítica del periodismo sobre las acciones de los gobiernos”.
Fernández planteó la necesidad de “promover una ley justa y representativa que favorezca una comunicación federal, que contemple el funcionamiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, cooperativas y radios municipales”. La denominada “Ley Corta”, siguió el vicegobernador, “es un avance sobre la infraestructura y soberanía de las provincias, cooperativas y municipios, quienes deberán poner a disposición de las grandes empresas privadas la infraestructura realizada con los aportes de los habitantes de cada pueblo, para que la usufructúe una empresa privada internacional, ajena a nuestra idiosincrasia y necesidades”.
Sin diputados de Cambiemos
Los diputados opositores de Cambiemos, el frente conformado por el macrismo, el radicalismo y el socialismo en la Legislatura, no se interesaron por la exposición del especialista Martín Becerra sobre la “Ley Corta” -que perjudica a las cooperativas de la provincia, además de los pequeños y medianos operadores-, por lo que directamente no asistieron al encuentro, que se llevó a cabo a pocos metros de su oficina en la Sala del Pensamiento.
Fuentes: La Arena, El diario de La Pampa, Infopico
Haciendo foco en nuestra provincia, informó que la ley propuesta por Nación pretende el uso de la fibra óptica realizada por el Gobierno Provincial, “que se concretó con esfuerzo de todos los pampeanos; quieren regular su uso y su precio según las definiciones del mercado. Sabemos lo que significa el posicionamiento de las grandes empresas frente a una pyme o una cooperativa. Estamos en desigualdad de condiciones. También quieren utilizar la fibra óptica de muchas cooperativas, que con mucho esfuerzo han logrado ir ampliando su infraestructura; éste es uno de los puntos graves de esta ley”, consideró.
Continuando con el repaso por la Ley, el legislador sostuvo que avanza contra la función social del Estado, “cuyo desempeño fue aprobado en una ley aprobada por unanimidad en 2015. Esta función social del Estado ocupa un rol de regulador, es este rol el que permite poner un freno a las ganancias de la inversión privada y le agrega costos. Esto establecía un respeto al federalismo el cual abraza nuestro sistema a partir de la Constitución Nacional”.
Finalmente calificó la ley como “perjudicial” y por ello se trabaja en su modificación “es una propuesta que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, donde se incorpora nuevos prestadores de servicios. Nosotros planteamos -entre otras cosas- que los gobiernos provinciales, cooperativas o pymes sigan ostentando la decisión de compartir su estructura o no. De este modo se obliga a los grandes prestadores de servicios de telecomunicaciones a prestar su infraestructura. Creo también que esta es una de las mayores oportunidades que tenemos para diversificar la matriz económica de La Pampa. Si nosotros podemos poner en marcha un empresa provincial de Telecomunicaciones estaríamos defendiendo nuestra soberanía, dándole valor agregado pampeano y creando una gran fuerte de trabajo, ofreciendo un servicio a toda la provincia y a un precio justo”, manifestó.
Borthiry
Uno de los funcionarios provinciales que estuvo en la jornada fue el ministro de Desarrollo Territorial de La Pampa, Martín Borthiry, quien afirmó que el tratamiento de la nueva ley de Telecomunicaciones del gobierno nacional es “perverso, arrogante y en beneficio de las grandes empresas que todos conocemos” y destacó que “debemos trabajar para frenar el avasallamiento del gobierno Nacional”.
Agregó que “el sentido filosófico del gobierno nacional va de la mano de las grandes empresas, pero nosotros en la provincia no tenemos nada que ver con este tipo de filosofía, creemos que tenemos que definir un acuerdo estratégico entre nuestro gobierno y las cooperativas”.
“Promover ley justa”
El vicegobernador Mariano Fernández dijo que la Ley Audiovisual sancionada en 2015 por unanimidad, “fue modificada ilegalmente por Decreto presidencial para beneficiar a los grandes grupos económicos, que tienen como insignia a medios de comunicación que bastardean la función del periodismo y transmiten la voz oficial sin tener en cuenta la función crítica del periodismo sobre las acciones de los gobiernos”.
Fernández planteó la necesidad de “promover una ley justa y representativa que favorezca una comunicación federal, que contemple el funcionamiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, cooperativas y radios municipales”. La denominada “Ley Corta”, siguió el vicegobernador, “es un avance sobre la infraestructura y soberanía de las provincias, cooperativas y municipios, quienes deberán poner a disposición de las grandes empresas privadas la infraestructura realizada con los aportes de los habitantes de cada pueblo, para que la usufructúe una empresa privada internacional, ajena a nuestra idiosincrasia y necesidades”.
Sin diputados de Cambiemos
Los diputados opositores de Cambiemos, el frente conformado por el macrismo, el radicalismo y el socialismo en la Legislatura, no se interesaron por la exposición del especialista Martín Becerra sobre la “Ley Corta” -que perjudica a las cooperativas de la provincia, además de los pequeños y medianos operadores-, por lo que directamente no asistieron al encuentro, que se llevó a cabo a pocos metros de su oficina en la Sala del Pensamiento.
Fuentes: La Arena, El diario de La Pampa, Infopico