Entre las medidas tomadas se encuentra la protección policial a 27 autoridades que correrían algún tipo de riesgo, añadió.
"Hay un proceso que está manejando técnicamente la policía y todos queremos que ellos (los periodistas) regresen a nuestro país (…), el presidente (Lenín Moreno) ya decía que se están iniciando acciones, pero las vamos a ir comunicando de forma apropiada y por los canales adecuados", dijo el ministro.
Los tres secuestrados, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario ecuatoriano El Comercio, "presuntamente están en territorio colombiano" y al momento "todas las posibilidades están abiertas" aunque "estamos en un estado de derecho y hay que ver hasta dónde se puede llegar", indicó Navas.
En la misma rueda de prensa, la canciller María Fernanda Espinosa enfatizó en la necesidad de que el Estado colombiano asuma su corresponsabilidad pues "esto es el fruto de 50 años de conflicto en Colombia" y es "importante destacar que hemos mantenido un contacto diplomático con Colombia exigiendo que cumpla con su corresponsabilidad también".
Espinosa subrayó que Ecuador logrado "encapsular el conflicto en una provincia", en Esmeraldas (noroeste), algo que "es muy importante que se comunique hacia el exterior: que el Ecuador es un país pacífico y que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para enfrentar con rigor a la delincuencia organizada".
Los periodistas fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la localidad esmeraldeña de Mataje supuestamente por una célula comandada por el colombiano alias "Guacho" que exige el canje por tres de sus hombres detenidos en Ecuador.
Navas declaró que el Gobierno está trabajando "profesionalmente y en este caso puntual velamos por cumplir protocolos para velar la vida de ellos".
El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, pidió a los medios sensibilidad para manejar la información, pues no se trata de "ganar la nota, sino de garantizar que cualquier noticia que salga no vaya a destruir ninguna vida".
Las autoridades ecuatorianas dijeron a los periodistas extranjeros que se reforzó la vigilancia en la frontera, lo cual afectó negocios de los grupos criminales en al menos 600 millones de dólares, al impedir el tránsito de droga.
Sobre una intervención humanitaria que permita un operativo concertado, las autorizadas indicaron que se están estudiando las posibilidades pero que aún no se define una alternativa.
Fuente: Sputnik
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