Con profundo pesar lamento informar que se confirma el asesinato de nuestros compatriotas. He dispuesto acciones inmediatas. El— Lenín Moreno (@Lenin) 13 de abril de 2018
país está de luto. Sepamos respetar el dolor de nuestros hermanos. Ahora es tiempo de estar unidos. #UnidosPorLaPaz
Vivo de cerca el sufrimiento de los familiares de Javier, Efraín y Paúl y me solidarizo con su dolor. Voy a cumplir mi palabra, como siempre. Pondré mano dura contra los delincuentes. Voy a cuidar del país y de nuestra paz.#UnidosPorLaPaz— Lenín Moreno (@Lenin) 13 de abril de 2018
Tras confirmar la muerte del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, del redactor Javier Ortega, de 32 años, y del conductor Efraín Segarra, de 60 años, Moreno ha lanzado una serie de acciones orientadas a capturar a los responsables del secuestro y de la ola de violencia que vive la provincia fronteriza de Esmeraldas. Con el apoyo militar de Colombia, Ecuador ha dispuesto ya el despliegue de unidades de élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía para perseguir a Walter Arízala, alias El Guacho, líder de la banda Óliver Sinisterra, disidentes de la exguerrilla de las FARC, y a quienes se atribuye el secuestro y la muerte de los dos periodistas y el conductor.
El país vecino había enviado a primera hora de la mañana a Quito al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director de la policía para que que se incorporaran al Comité de Seguridad. "En los últimos días, por cuestiones humanitarias las operaciones del lado colombiano fueron reducidas. A raíz de la noticia, se reavivan con intensidad en el lado colombiano", ha dicho Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, desde la Cumbre de las Américas en Lima.
Hablé con el presidente de Ecuador, @Lenin Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo colombiano.— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 13 de abril de 2018
A familiares del equipo periodístico de @elcomerciocom, a todo Ecuador, al presidente @Lenin Moreno, reiteramos mi solidaridad y la del pueblo colombiano. Condenamos estos hechos deplorables. Por experiencia propia cuando los países trabajan juntos, los criminales siempre caen.— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 13 de abril de 2018
La región donde tuvo lugar el secuestro, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, ha sido declarada como “zona de seguridad” para incrementar los controles policiales y militares en las carreteras y se ha “incluido al narcoterrorista alias Guacho, en la lista de los más buscados del Ecuador”. Se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca su detención, ha dispuesto el presidente de Ecuador, que creará, además, una jurisdicción especializada en crimen organizado, con sede en la capital Quito, para perseguir con mayor intensidad este tipo de delitos.
Lenín Moreno ha hecho énfasis en que su Gobierno será receptivo con los errores que se detecten en el proceso de negociación, aunque ha asegurado que se ha obrado siempre de buena fe. No se va a “mentir al pueblo ecuatoriano”, ha dicho sobre cómo el secuestro de tres civiles terminó en un trágico desenlace. Por eso, ha pedido al jefe de la Policía Antisecuestros, Polibio Vinueza, que explique ante los medios, día por día, los detalles de la gestión fallida para la liberación del equipo periodístico.
Los periodistas fueron secuestrados el lunes 26 de marzo y apenas dos horas después se recibió por teléfono una fotografía que probaba el secuestro. Desaparecieron al adentrarse en la conflictiva zona de Mataje, al norte del país, para hacer un reportaje sobre el clima de violencia en la provincia fronteriza de Esmeralda, donde las bandas de narcotraficantes se mezclan con los grupos de disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.
Desde un principio, la banda liderada por El Guacho, de nacionalidad ecuatoriana, pidió la liberación de tres miembros de su grupo detenidos por Ecuador. La Policía aseguró que se estaban evaluando todos los mecanismos legales para cumplir con el requerimiento. Incluso, se envió un vídeo, por el canal de comunicación compartido con los secuestradores, en el que aparecía uno de los tres detenidos asegurando que las autoridades ecuatorianas les estaban dando un buen trato y que pronto serían liberados.
La negociación se rompió cuando los secuestradores dejaron de respetar el canal de comunicación telefónica y filtraron a los medios un vídeo de los periodistas como prueba de vida en el que se añadía una petición más: que Ecuador dejara de cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
A esta misma banda se responsabiliza de la ola de violencia que vive el lado ecuatoriano de la frontera norte desde finales de enero. "Estamos viviendo las consecuencias del conflicto de nuestro vecino hermano", ha dicho Moreno. "Estos hechos se produjeron en el Ecuador, pero solo colaborando podremos capturar a este criminal", ha afirmado Santos. "Las FARC ya no existen, esto es una banda criminal".
Ecuador está en conversaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que la organización intermedie en la recuperación de los cadáveres. Santos ha afirmado que se desconoce, por el momento, el paradero concreto de los cuerpos de los tres ciudadanos ecuatorianos.
El periodismo de Ecuador y Colombia está de luto
Los miembros de la Asamblea de la FLIP (periodistas, investigadores, analistas de los medios de comunicación) se solidarizan con los familiares de las víctimas y envían un mensaje de unión. Más allá de fronteras o formalismos, este es un ataque contra la libertad de prensa en Colombia.
Para la comunidad periodística en Colombia es una vergüenza que una organización armada ilegal, relacionada con Colombia, esté involucrada con este crimen atroz contra la prensa.
El Presidente ecuatoriano confirmó la muerte de los trabajadores de El Comercio en una rueda de prensa. La FLIP expresa su solidaridad con las familias y allegados de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y los acompaña en su dolor.
El presidente Moreno se refirió en sus declaraciones a la “repatriación” de los cuerpos. Esto demuestra, una vez más, que el manejo de la información por parte de ambos gobiernos ha sido precario. En un comienzo, las autoridades colombianas habían afirmado que los trabajadores de El Comercio estaban en territorio ecuatoriano.
El asesinato es la forma de censura más extrema. Los integrantes del “Frente Oliver Sinisterra” actuaron en contra de todos los estándares internacionales humanitarios y de libertad de prensa.
La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no lograron un trabajo conjunto y eficaz para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se acudió de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para que facilitaran la liberación.
Desde que se supo del secuestro, Fundamedios Ecuador, junto a otras 60 organizaciones (entre la que se encontraba la FLIP), insistieron a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenin Moreno que trabajaran en conjunto para lograr la liberación de los periodistas. La gravedad de estos casos exige un actuar más responsable de los Estados en prevención, protección y sanción de los responsables.
El 12 de abril a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estadosecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia e (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.
Esta tercera obligación sigue vigente y la FLIP exige a los gobiernos de ambos países que la cumplan sin mayor dilación y a la CIDH solicita que realice un seguimiento detallado de esta.
De igual modo, la FLIP exige a las autoridades colombianas y ecuatorianas trabajar con urgencia para lograr la pronta entrega de los cuerpos a sus familiares. La Fundación insta a los entes judiciales y órganos de control de los dos países a que agoten sus recursos investigativos para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen atroz, además de verificar si se realizaron operativos militares que hubiesen puesto en riesgo la vida de los tres trabajadores de El Comercio. Tras haber superado los años más atroces de violencia contra la prensa, es muy decepcionante que estos crímenes sigan sucediendo.
Fuentes: Diario El País, FLIP, Señales