“Es un retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos”, apuntó el pampeano.
“Se vienen debates muy complejos, hay muchos intereses de por medio. Buscaremos modificar dicho proyecto e incorporar el objetivo del nuestro: que las empresas provinciales y las cooperativas accedan a licencias plenas para a la prestación de estos servicios. Son, claramente, los únicos actores que podrán regular la calidad y el precio de las telecomunicaciones. Si no, vamos a un escenario de mayor y concentración y cartelización”, expresó el legislador pampeano, que desde este año integra la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde se debatirán las iniciativas parlamentarias.
Este proyecto enviado al Congreso, denominado por el propio gobierno “Ley Corta”, expone “grandilocuentes beneficios”, según explicó el legislador, como “contribuir a reducir la brecha digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el mercado, facilitar el mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los precios a los consumidores y usuarios”.
“En la práctica propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas bandas de frecuencia 4G”, detalló.
“Sin embargo, no incorpora nuevos actores sin fines de lucro como cooperativas y entres oficiales, dejando la calidad y el precio librados a las condiciones del mercado que fijan los privados”, insistió Ziliotto.
El proyecto si permite a las cooperativas ser “operadores móviles de red para operadores móviles virtuales” en las localidades donde funcionen, algo que el diputado consideró como “un gran logro y reconocimiento” al sistema cooperativo, pero a su vez calificó de “acotado”.
Este punto sirve para “promover la competencia en la prestación de servicios y la sustentabilidad de cooperativas y PyMEs, y reconoce derechos a aquellas que ya prestan telefonía fija y TV por cable en localidades menores a 80 mil habitantes”.
Ziliotto denunció además que el proyecto promuevo un “solapado vaciamiento de AR-SAT”, al derogar la norma que da carácter preferencial a la empresa estatal en las Bandas de Frecuencia y facultar ahora al Poder Ejecutivo a disponer de las mismas. “Ahora podrá ser asignada a los operadores privados, los únicos actores autorizados como operadores de los servicios de telecomunicaciones”, advirtió.
“Esa decisión no sólo se trata de la entrega de bienes públicos a privados, sino que es un grave retroceso para el rol de regulación que debe ejercer el Estado Nacional”, agregó.
Ziliotto recordó que un proyecto propio presentado en septiembre establece que parte de este paquete de Bandas de Frecuencia sea asignado a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas, propniendo que sean Operadores de Red con licencias plenas de derechos y sin depender de acuerdos con las prestadoras privadas como quiere el Ejecutivo Nacional.
El proyecto que modifica la leyes Audiovisual y Argentina Digital
El proyecto ingresó este viernes en la Cámara alta y desde la comisión de Medios de Comunicación, que encabeza el peronista chubutense Alfredo Luenzo, adelantaron que el martes próximo, desde las 14, se aguarda la asistencia del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, para dar detalles de la iniciativa.
La decisión de modificar la Ley de Argentina Digital está basada en una decisión tomada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de diciembre de 2017, y por una resolución del ENaCom de enero de este año.
La Ley de Argentina Digital, aprobada en 2014, dispone que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) "con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital".
Según los fundamentos del proyecto, "la distinción entre la radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico, por un lado, y la que se presta a través de medios satelitales, por el otro, resulta artificial, por lo que no se justifica otorgar un distinto tratamiento regulatorio a prestaciones que, en esencia y desde el punto de vista del usuario, resultan idénticas".
El proyecto del Ejecutivo reseña que Defensa de la Competencia "identificó a los servicios de televisión por cable y televisión satelital como servicios sustitutos", y que la distinción regulatoria "distorsiona el mercado" a la vez que "atenta contra la competencia entre servicios que resultan sustituibles entre sí".
De hecho, la resolución del ENaCom de enero habilitó la prestación de servicios de radiodifusión mediante cable o satélite.
En ese sentido, para "permitir el inicio inmediato de la prestación de los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo satelital allí donde no exista un prestador del servicio de TV por cable o donde sólo exista un prestador" el Poder Ejecutivo establecerá un cronograma de inicio de la prestación, "considerando el ámbito geográfico, temporal y de evolución de la integración, hasta el 1° de enero de 2019".
Por otra parte, el proyecto enviado hoy también establece "lineamientos y condiciones" para el fomento del despliegue y el uso compartido de la llamada "infraestructura pasiva" como torres, postes o cámaras que alberguen cables, antenas u otros dispositivos.
"Es política del Gobierno nacional promover la competencia de infraestructuras, facilitando que los prestadores de estos servicios desplieguen sus propias redes, para generar mayor conectividad e inversión en infraestructura, que redunde en más y mejores prestaciones a los consumidores, a precios competitivos y con mayor calidad", se señala en el documento que ya fue girado a los senadores que integran la Comisión de Medios.
Según asume el Ejecutivo, "el uso compartido de infraestructura permite una utilización más eficiente del capital, acelera el despliegue de redes, respeta en mayor medida el medio ambiente y redunda en una disminución de los costos del sector y por ende facilita la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales".
Dentro de esta política de "compartir" la infraestructura para la construcción de nuevas redes también se incluye a las antenas y demás artefactos de uso afín que pertenezcan al gobierno nacional.
Asimismo, el proyecto establece que el gobierno "adjudicará en forma directa a la Empresa AR-SAT, las frecuencias que requiera" para concluir la Red Federal de Fibra Óptica que se encuentra en expansión.
Fuentes: El Diario de La Pampa, TelAm y Señales
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