La fundación que preside Silvana Giudice, integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, relevó que en 2017 hubo 143 casos relacionados con amenazas o intimidaciones a periodistas. Además, LED marca que el año pasado el Poder Ejecutivo gastó 3134 millones de pesos para difundir sus actos de gestión.
Esto incluye los recursos que manejaron la Jefatura de Gabinete ($2163 millones) y la ANSES ($256 millones), más los organismos descentralizados como el PAMI ($76 millones), el Banco Nación ($222 millones) y la AFIP ($117 millones). Asimismo, contempla cerca de $300 millones para el canje que acordó el Estado con las empresas que tienen deudas fiscales y previsionales.
"El monto de los recursos destinados (presupuesto ejecutado) a publicidad oficial para 2017, considerado a valores reales, presenta una reducción respecto de 2016. Si bien a valores nominales se mantiene en un nivel levemente superior, se advierte un avance en cuanto a dar por concluido el esquema de persistente crecimiento del gasto en publicidad oficial que se venía aplicando hasta 2015, cuando los incrementos interanuales resultaban considerables aun tomando las asignaciones presupuestarias a valores reales", subraya la Fundación LED.
Los informes anuales realizados por la Fundación LED relevan la situación Argentina en el respeto al derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución Nacional y en los distintos tratados internacionales sobre Derechos Humanos que la integran. Desde su creación en el año 2011 está abocada, además, al monitoreo de políticas públicas en materia de acceso a la información, publicidad oficial y transparencia y a la defensa de los valores democráticos basados en el diálogo y en la pluralidad de voces.
Desde sus inicios, LED, ha desarrollado una intensa actividad, tanto a nivel nacional como regional, en conjunto con otras organizaciones con objetivos afines para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, en particular los de los trabajadores de prensa y periodistas.
En él se consignan todas aquellas denuncias o información en general que han llegado a conocimiento de nuestra organización y que podrían constituir una restricción a la libertad de expresión en nuestro país, no solo en los casos de agresiones a periodistas o medios de comunicación, sino también en los que organizaciones o ciudadanos de forma individual o colectiva han visto limitado el ejercicio de este derecho.