“Ensañamiento”. “Demorar maliciosamente los pagos”. “Estigma”. “Constantes operaciones mediáticas”. Son algunos de los adjetivos que Santiago Enrique Dellatorre Balestra, el ex abogado de la City que se embarcó en la aventura de su amigo Ignacio Rosner, utilizó para culpar al gobierno de Mauricio Macri por la crisis financiera de los medios que –hasta tanto la Justicia no autorice lo contrario–, todavía, pertenecen a Cristóbal López y Fabián de Sousa.
La firma de Dellatorre figura en carácter de apoderado o patrocinante –según el caso– en los 11 pedidos de concurso preventivo que, el 27 de diciembre, cada uno de los medios presentó en los tribunales comerciales de la Capital Federal. Lo hizo en representación de su controlante, Ceibo, el florido nombre con el que los actuales administradores de las 170 compañías de los encarcelados empresarios patagónicos intentan alejar cualquier tufillo residual a Indalo, el nombre que López había elegido para bautizar a su holding, en homenaje a la figura rupestre icónica de Almería, de donde habían emigrado sus padres y que es tenida por símbolo de buena suerte en esa región de España.
En algunos de los escritos, también figura la rúbrica del ex juez comercial Eduardo Fabier Dubois, quien asesora a las empresas desde la gestión de López y De Sousa. Es más. A diferencia de otras compañías del holding, como Oil Combustibles, por ejemplo, en los que Rosner y Dellatorre son las actuales autoridades, en los medios, todavía, ejerce la presidencia De Sousa y el vice es su mano derecha, Mariano Frutos, según consta en las presentaciones hechas a la Justicia Comercial.
En su conjunto, los medios de Indalo que pidieron su concurso –Votionis (Radio 10 y FM Mega), DH Com (FM Pop), Radio Productora 2000 (Vale), Imagen Radial (One), Ideas del Sur, Telepiu (C5N), Pensado para Televisión, Amfin (Ámbito Financiero), Nefir (Ámbito.com), Real Time Solutions (Minutouno.com) e IGD (Diario El Patagónico)– suman pasivos que, hoy, rondan los u$s 100 millones, según fuentes del grupo. No obstante, las presentaciones hechas a la Justicia carecen, aún, de información contable actualizada porque, se alegó, “la crítica situación económica derivó en el lógico estado de incertidumbre, zozobra, desorientación y, también, desconfianza del personal”.
Esto, se remarca, derivó en una “imposibilidad material de cumplir con todos los recaudos legales debido al conflicto interno y presión que ello provoca en el personal, sobre todo, en el sector administrativo”.
Así, los datos financieros presentados a los jueces son dispares. En muy pocos casos, los más recientes corresponden a 2016 o, parcialmente, a 2017. El último ejercicio con información disponible en el que todas las empresas coinciden es 2015. Según esos balances –en su mayoría, auditados por la firma Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados–, ese año, los medios de Indalo facturaron, en conjunto, $ 1448,85 millones y registraron un resultado neto negativo consolidado de $ 125,6 millones, de acuerdo a lo relevado por este diario.
La empresa de mayor facturación es Ideas del Sur: $ 541,9 millones, con un rojo de $ 47,8 millones. Telepiu (C5N) recaudó $ 324,4 millones y ganó $ 2,9 millones (había perdido $ 31,2 millones en 2014). Amfin vendió por $ 162,7 millones y perdió $ 52,8 millones. Las radios, en tanto, cerraron ese año todas en rojo. Votionis embolsó $ 90 millones. DH Com, $ 91millones. Tuvieron resultado negativo de $ 8,9 millones una y de $ 8 millones, la otra.
Vale recordar, 2015 fue el último año de Cristina Fernández en la Casa Rosada y de Daniel Scioli en la máxima poltrona de La Plata. No es una referencia caprichosa. Indalo/Ceibo le echa la culpa de las desgracias de sus medios a la administración de Cambiemos. Con alguna salvedad de la situación de cada una en particular, en los escritos, se repiten las causas mencionadas para solicitar los concursos preventivos.
“En el mes de septiembre del corriente año (N.d.R.: 2017), las asistencias financieras que provenían de empresas relacionadas se vieron cortadas, lo cual produjo que se entrara en un proceso de cesación de pagos”, precisa la documentación.
La referencia es a los préstamos que los medios –a través de su accionista común– solían recibir de Oil Combustibles. La AFIP denunció a esta empresa por evadir el pago de $ 6.000 millones en concepto de impuesto a los combustibles líquidos. Según asentaron los síndicos del concurso de Oil, la petrolera inició esa práctica en mayo de 2011 y, con ese dinero, otorgó créditos –“a veces, ni siquiera, sin plazo de devolución y/o tasa de interés”– a sociedades pertenecientes al mismo grupo económico. Otras emisoras de cheques, explican acreedores de los medios, eran la constructora CPC, canalizadora de obra pública, y Real Time Solutions, la razón social detrás del portal Minutouno. El corazón financiero era el Banco Finansur, que pertenece en un 70% a López y cuyas actividades el Banco Central suspendió a inicios de noviembre.
La razón de todos los males
Los pedidos de concurso preventivo hablan de la caída de la inversión publicitaria privada. También, de la demora en los pagos, producto, dicen, de la retracción macroeconómica de los últimos dos años. Despotrican contra acuerdos paritarios de 205% de aumento acumulado entre 2014 y 2017, “bastante superiores a los índices inflacionarios”. También, contra el incremento de las tarifas de los servicios públicos y el desfasaje que el sinceramiento cambiario significó en su estructura de costos, ya que la mayoría de los contratos artísticos, dicen, están nominados en dólares y se pagan al tipo de cambio oficial de la fecha de liquidación. No olvidan, tampoco, la imposibilidad de vender activos para reducir deuda, producto de la inhibición de bienes que pesa sobre López, De Sousa y sus empresas por la causa penal de la AFIP.
No obstante, no es esa la raíz de todos sus males. Ceibo apunta, principalmente, contra el Gobierno. Subraya el reparto “discrecional” (sic) de la pauta pública, que no asignó a sus medios un volumen correspondiente con sus niveles de audiencia, aseguró ante la Justicia. Además, remarcó una “deliberada negativa” del Poder Ejecutivo para que sus empresas ingresen en regímenes especiales para deudas fiscales y previsionales –decretos 852/14 y 345/16–, lo que, señaló, la obligó a refinanciar sus pasivos “a una tasa de interés totalmente perjudicial”.
“Dentro de los ensañamientos en contra de las empresas que conforman el Grupo Indalo”, añade, los entes estatales “demoraron maliciosamente el pago” de la publicidad oficial, con retrasos de 120 a 330 días por sobre la fecha convenida.
Entienden Rosner y Dellatorre que Indalo fue, durante los últimos cuatro años –“Y es hoy día”– blanco de “diversas operaciones mediáticas” que lo erosionan desde el punto de vista del prestigio, alegan. Esto, aseguran, provocó la migración de anunciantes privados.
Ese daño reputacional, agregaron, también destruyó capital de trabajo. “En su mayoría, aquellos proveedores con los que habíamos generado cuentas corrientes o convenios que permitían financiar los pagos en términos financieros fueron dando de baja esos acuerdos de manera paulatina”.
“Producto de la desfavorable situación financiera que fue tomando lugar, sumado al estigma de formar parte del Grupo Indalo, la sociedad no tuvo la posibilidad de acceder a créditos otorgados por el sistema bancario, al margen de haberse discontinuado los acuerdos de descubierto que ésta poseía, debiendo financiarse a tasas de interés a un costo financiero total que ronda el 61%”, argumentaron para explicar porqué las empresas son incapaces de acceder a financiamiento en el mercado. La “imposibilidad de obtención de créditos en el sistema bancario, esquemas de financiamiento tales como créditos a sola firma, créditos por descubiertos, créditos por sobregiros, entre otros, fueron negados de manera sistemática” por, precisan, esas “constantes operaciones mediáticas en detrimento del negocio”.
Dedican, también, párrafos a hablar de la “alta litigiosidad de carácter laboral” y de embargos por distintos pleitos comerciales, que inhabilitaron el uso de fondos de la operación diaria. En los expedientes, los medios de Indalo declararon la existencia de juicios cuyos reclamos –al menos, los precisados en cuanto al monto– superan los $ 135 millones (más intereses y costas).
Todo esto potenció la situación de “asfixia financiera” de las empresas, remarcaron. Hay, también, situaciones particulares. Por ejemplo, PPT había sido el medio de Indalo más rentable de 2015: ganó $ 12,32 millones, con $ 120,2 millones facturados. Pero las “inexistentes propuestas de producciones debido a la crisis del mercado de la TV” están citadas como una de las principales razones que la llevó a solicitar su concurso. PPT, cuyo 19% todavía pertenece a su fundador, Diego Gvirtz, era la productora responsable de formatos como “Duro de Domar”, “Televisión Registrada” y “6-7-8”, que salieron del aire hace dos años, junto con el cambio de gobierno.
Fuente: El Cronista