Con la decisión tomada, el magistrado ordenó divulgar este lunes toda la documentación referida al expediente 19.981/2016, que tramitaba en su juzgado Comercio N° 4, con participación de la Secretaría N° 8, a cargo de la interina Josefina Conforti. Los fallos y presentaciones se pueden consultar en la página web del Poder Judicial de la Nación.
Como si fuera una estrategia de pinzas fríamente calculada, el Gobierno Nacional y el juzgado comercial interviniente avanzaron decididamente en mandar a la quiebra a las empresas del ex Grupo Indalo.
El Juez Comercial, Dr. Héctor Hugo Vitale, decidió no abrir el concurso preventivo de Oil Combustibles S.A., a pesar de que estaban dadas las condiciones que establece la ley.
Contrariando la ley de quiebras, vigente desde 1995, el Juez Comercial hizo recaer la conducta que se imputan a los anteriores accionistas contra la empresa, sus trabajadores y sus acreedores comerciales. Al confundir a los viejos propietarios con las empresas, el Juez prefirió castigar a éstas en vez de aquellos, y desechó la única posibilidad de viabilidad y continuidad de las empresas, de mantenimiento de las fuentes de trabajo y de pago de las deudas a los acreedores comerciales y a la AFIP, que es lo que propusimos en nuestro Plan Estratégico.
Intuimos que la Justicia ha sido objeto de groseras y persistentes presiones por parte de los operadores del Gobierno, conducta que suponíamos había cesado con la actual administración.
Por su parte, el Gobierno Nacional, que dijo declararse "prescindente", lo que hizo en realidad fue ahorcar financieramente a las compañías del Grupo, ya que no hizo ni hace efectivos los pagos que nos corresponden por trabajos ejecutados y suministros entregados al propio Gobierno por más de $ 1.200.000.000. Mencionamos algunos casos: Vialidad Nacional, CAMMESA, Secretaría de Transporte y la propia AFIP por retenciones indebidas, entre otros. Nuestros reiterados pedidos al Gobierno Nacional siguen sin respuesta, siendo esta actitud una agresión ilegal e irresponsable.
Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional amenaza a través de los medios con rescindir contratos y concesiones de CPC, la empresa constructora del Grupo. El Gobierno no paga la deuda comercial a las empresas, lo que afecta los trabajos que deben ejecutar, y luego las sanciona por supuestos incumplimientos que el mismo Estado genera.
Nos preguntamos, ¿el Gobierno a qué empresa le entregará ahora estos contratos y concesiones que pretenden quitarnos? Los principales perjudicados serán los ciudadanos que utilizan estos bienes públicos y el propio Estado, que deberá pagar cifras millonarias por la ruptura ilegal de los contratos. El daño que el Gobierno le produce al Estado y a los ciudadanos es multimillonario.
El Gobierno Nacional y algunos interesados en quedarse con estos activos conocen que si el juzgado interviniente no aprueba el ingreso de fondos por parte de inversores estratégicos, no será posible darle continuidad a las empresas. De allí el interés de ahogarlas financieramente, no pagándole por los bienes y servicios prestados.
Finalmente, y como parte de la misma estrategia de pinzas, el Sr. Alberto Abad, Director Ejecutivo de la AFIP, hizo saber a los medios de comunicación en reiteradas ocasiones que no aceptaría ninguna propuesta de pago de la deuda fiscal. Debe ser el único caso en el mundo en el que la autoridad recaudadora prefiere quebrar al deudor antes que cobrarle la deuda. ¿Por qué?
Nuestra posición fue clara desde un principio y se la hicimos saber al Gobierno Nacional y a la Justicia: nuestro compromiso de salvar y relanzar las empresas del ex Grupo Indalo a fin de mantener las fuentes de trabajo y pagar las deudas comerciales y fiscales que el anterior propietario dejó sin pagar. Eso incluye el pago de todas las deudas fiscales que, curiosamente, la AFIP no le cobró a los anteriores accionistas.
Para ello, hemos presentado al juzgado del concurso un detallado Plan Estratégico que permitirá hacer crecer a las empresas y cumplir con los compromisos, que incluye una inversión inicial de 300.000.000 de dólares y la incorporación como socio estratégico en Oil Combustibles S.A. de la segunda empresa petrolera mundial. También hemos cambiado la vieja denominación por Grupo Ceibo, a fin de apostar por el futuro y el crecimiento.
Hemos pedido que nos dejen pagar las deudas que generaron otros, y de mantener las fuentes de trabajo. Pero la respuesta fue negativa tanto del Gobierno Nacional y de la AFIP como de algunos jueces. Esto debe llamar a la reflexión a la sociedad argentina y a los inversores nacionales e internacionales.
Resulta evidente que varios interesados, amigos del poder de turno, buscan que fracase el plan de salvataje de este grupo empresario. Haremos todo lo legalmente posible para hacer frustrar estas acciones temerarias y para relanzar las empresas. Solicitamos a los jueces que no se dejen presionar por los que persiguen un interés individual en contra del interés general.
Queremos alertar que la quiebra de las compañías significará la pérdida de las fuentes de trabajo de 4.000 empleados directos y 11.000 indirectos, y la destrucción de valor de un importante conglomerado de empresas argentinas. Perdemos todos, ganan unos pocos.
Con el "capitalismo de amigos", la presión indebida sobre algunos jueces y la inseguridad jurídica, no llegarán las tantas veces anunciadas inversiones productivas y nuestro país seguirá estancado, con altos niveles de pobreza y corrupción y fuera del mundo.
Buenos Aires, 4 de diciembre 2017
OP Investments y Oil Combustibles S.A.
El mensaje de los periodistas de @C5N ante el plan del gobierno de quebrar al ex Grupo Indalo pic.twitter.com/NbxBqywQPP— C5N (@C5N) 4 de diciembre de 2017
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