El Gobierno español ha manifestado recientemente su intención de promulgar una ley que obligue a que los usuarios de redes sociales sean identificados plenamente antes de poder usarlas, y por supuesto durante su uso.
Esta medida viene motivada por las cada vez más habituales amenazas e insultos a diferentes figuras públicas que usan las redes sociales con diferentes fines, y que han visto como cada vez con mayor frecuencia, y amparados en el anonimato, son insultados, amenazados o acosados por personas que parecen volcar todas sus frustraciones y complejos en el ataque sistemático e injustificable.
Si este ha sido el detonante para tomar tal determinación, bienvenido sea, pero no olvidemos que estas detestables prácticas también se han desarrollado contra personas anónimas, o colectivos que han sido perseguidos en las redes, y se han convertido en víctimas de los denominados “odiadores”, que parecen alimentarse del conflicto y el miedo.
En este momento son las empresas que controlan las redes sociales las que han establecido determinados sistemas para que los usuarios que hacen comentarios que no son adecuados, puedan ser bloqueadas o expulsadas.
El problema es que son las propias empresas quienes determinan qué usuarios deben ser expulsados y cuales permanecen, y que comentarios merecen ser eliminados y cuales no, sin que exista más procedimiento que el criterio de las mercantiles, sin posibilidad de réplica.
Y todo esto sin olvidar que, en el caso de hechos delictivos, su persecución es muy complicada tras los cierres de estos foros de discursión.
Libertad de expresión
Los detractores de la medida dicen que viola la libertad de expresión, lo que a mi juicio no es cierto, pues la libertad de expresión no puede ser excusa para insultar o acosar. De hecho creo que debería ser al contrario, pues no hay mayor manifestación de libertad de expresión que sostener las opiniones personales no desde el anonimato, sino identificadas con su nombre y apellidos, y si esta opinión puede herir a alguien, que el ofendido pueda defenderse sabiendo quien ha vertido cada opinión, pudiendo ejercitarse las acciones judiciales que en Derecho le correspondan a cada uno.
Otro punto importante es que a día de hoy, la colaboración que existe por parte de las empresas que prestan el servicio de la redes sociales con la Administración de Justicia es, por decirlo suavemente, escaso.
Los requerimientos de información son largos y muchas veces no dan el resultado deseado de identificar al usuario, por lo que la persecución de determinados delitos -como el establecido en el artículo 510 de nuestro Código Penal- son infructuosos, dejando un desagradable sentimiento de impunidad del infractor en nuestra sociedad.
Poder saber quién insulta o acosa va a facilitar un movimiento de denuncias, y a la par va a provocar que quien insulte o acose dedique -aunque sea unos segundos- a meditar sobre el texto redactado antes de publicarlo y compartirlo.
La identificación del usuario, a mi juicio, permitiría que se acabara con la impunidad de los que se amparan en el anonimato, no para expresar una opinión -lo cual es lícito-, sino para acosar, insultar, vejar, menospreciar o incitar al odio.
Lo difícil sin duda será establecer el sistema de obligatoriedad de conocimiento de la identidad cuando las empresas a las que pertenecen estos servicios son extranjeras, con sede en el extranjero, y sin la obligación legal de cumplir con los requisitos que aquí se establezcan, sin vulnerar otra serie de derechos constitucionalmente reconocidos y que podrían entrar en conflicto.
Queda un largo camino al que debemos permanecer atentos, pero poner fin a la impunidad y cobardía de quien utiliza estas modernas herramientas para herir a sus semejantes, es una buena noticia con la que iniciar el año que ahora comienza.
Mariano Calleja: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1998 y especializado en práctica procesal contenciosa-administrativa en el año 2000, Mariano Calleja es en la actualidad socio de Winkels Abogados y coordinador del Servicio Municipal de Orientación Jurídica para Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid y para supuestos de racismo, xenofobia, transfobia y homofobia. Asimismo, es letrado coordinador de los servicios jurídicos de ANZADEIA, asociación dedicada a la atención de víctimas de trata con fines de explotación sexual
Fuente: Confilegal