En el proceso hemos consultado tanto al Ministerio de Comunicaciones como al Ministerio de Modernización, luego de la disolución del primero y el traslado del ENaCom a su esfera. Pero también nos pareció pertinente consultar a la Defensoría del Público al respecto, sobre todo para saber si el organismo es tenido en cuenta a la hora de la redacción de la futura norma o si cuentan con información adicional por ser una institución creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual todavía vigente.
Les solicitamos que nos informaran sobre cuál venía siendo el rol de la Defensoría en la elaboración de ese Anteproyecto, entendiendo que debe ser partícipe del proceso, no solo por tratarse de un organismo que debe conocer si seguirá existiendo, sino por ser especializado en la materia, ser parte del Estado, tener rol de contralor y de defensa de los derechos de las audiencias en sentido amplio, lo que coloca a la institución en una posición de conocimiento y contrapeso imprescindible.
La respuesta del organismo no fue muy alentadora. La participación que se le dio en la elaboración del texto es equivalente a la participación que dieron a organizaciones no gubernamentales, academia, agrupaciones de interesados. Una participación escueta consistente en cierta cantidad de reuniones donde cada organización podía exponer 15 minutos ante la Comisión de Redacción qué creía que la nueva norma debería tener. La Defensoría del Público, organismo creado por Ley, especializado en la materia y parte del Estado, solo fue invitada a exponer 15 minutos. Además, nos envían los documentos donde constan las propuestas que acercaron a la Comisión de Redacción y una carta remitida al relator especial de libertad de expresión de la CIDH Edison Lanza informándolo sobre el proceso de transformaciones de la legislación vigente en comunicación vía decretos desde diciembre de 2015, donde lo alertan justamente de “las restricciones y déficits en materia de participación y consulta multisectorial democrática en la discusión y elaboración del futuro proyecto de ley de 'comunicaciones convergentes'”.
El gobierno prometió tener un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. Pidió dos veces prórroga. Admitió en una Resolución tenerlo listo, como así también en declaraciones de algunos funcionarios. Sin embargo, no se publica ni se somete a debate. Y ni organismos como la Defensoría del Público han podido participar del proceso o tienen información sobre qué se plantea hacer desde el gobierno en esta materia.
Fuente: CPR