Se cumplen 20 años del día en que 35 países de la Organización de Estados Americanos se pusieron de acuerdo para crear un organismo que defendiera la libertad de expresión. La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra su aniversario la misma jornada que la Unesco eligió para reclamar el fin a la Impunidad en los crímenes contra la prensa. En este tiempo, los estados de la región han transitado hacia la democracia y han ido puliendo los marcos normativos de censura.
"Cuando la relatoría comenzó a funcionar solo Estados Unidos había adoptado una ley de acceso a la información pública en el año 1966. Hoy son 23 países", explica Edison Lanza, relator especial para libertad de expresión de la CIDH. "Las leyes de desacato que penalizaban la crítica a los funcionarios se fueron derogando. Y hemos llevado unos 15 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha generado jurisprudencia".
La parte positiva del balance de dos décadas de trabajo tiene varios contrapuntos en el continente más violento del mundo, con especial foco en México. "Es el país más peligroso para ser periodista fuera de los que están en guerra", asegura Lanza. El crimen organizado deja ya nueve reporteros asesinados en lo que va de año. Artículo 19, organización que denuncia agresiones y amenazas a periodistas, informaba el pasado agosto de que el primer semestre de 2017 había sido especialmente nefasto en el país norteamericano.
Además de los asesinatos, se han documentado 276 agresiones y amenazas a periodistas, una y media al día, 52 más que en los primeros seis meses de 2016. "La impunidad ronda cerca del 100%, es una invitación a que siga pasando", apunta el relator de la CIDH. Ante esta situación, el organismo prepara un viaje en noviembre a las regiones mexicanas más afectadas.
En la región caribeña, la relatoría no se despega de la situación venezolana aunque el régimen de Nicolás Maduro les impida la entrada al país. "El primer organismo que señaló que había una deriva hacia el autoritarismo", dice Lanza, un señalamiento que les valió un fuerte ataque de Hugo Chávez y que se mantiene en la actualidad.
El deterioro progresivo del Estado de derecho en Venezuela ha derivado, según el análisis de la relatoría, en una situación similar a la que se vive en Cuba: "Controles en Internet, prohibición a los corresponsales extranjeros de trabajar y entrar en el país, represión de la protesta, detenciones arbitrarias". Prácticas que se han unido a un listado de ataque a la libertad de prensa que comenzó con la persecución al oficio independiente a través del descrédito, la descalificación, los cortes de papel, el uso abusivo de la publicidad oficial para premiar y castigar o el monopolio de los medios.
En la vecina y aliada Cuba, la CIDH ha observado cómo tras el breve período de deshielo al final del último mandato del presidente Barack Obama se redujeron los procesos judiciales sin garantías "en los que se usaban figuras vagas como traición a la patria o atentado a la soberanía del Estado". Ahora, en palabras de Edison Lanza, se ha pasado a detenciones breves y una cierta apertura a un periodismo independiente sobre todo desde Cuba para afuera, periodismo cultural y barrial. "Siempre bajo el manto de la arbitrariedad: destrucción de equipos, pérdida de trabajo, amenazas…".
En la órbita del socialismo del siglo XXI, Ecuador se aleja de la línea del expresidente Rafael Correa, no a la velocidad de crucero adecuada respecto a la libertad de prensa y expresión. "Hay un cambio notorio de actitud y prácticas del actual mandatario y es alentador", opina el relator. "No usa las cadenas públicas durante cuatro o cinco horas como se hacía antes y no dedica el 25% de ese tiempo a criticar y desacreditar a los medios". Pero Lenín Moreno, el sucesor del correísmo, por el momento no ha derogado la ley de comunicaciones, la podadora que reprimía e interfería en el contenido de los medios ecuatorianos.
"Seguramente el presidente tiene una agenda de urgencia con otras prioridades políticas, pero en el corto plazo debería desarmarse ese corsé. Puede que él no lo use, pero otro podría, o cualquier funcionario", advierte Edison Lanza.
Colombia ha terminado una guerra de medio siglo con la ya exguerrilla de las FARC, pero se enfrenta a una nueva batalla: evitar que el narcotráfico ocupe los espacios que la insurgencia dejó e inicie un nuevo conflicto. Los primeros visos de este nuevo problema para el Gobierno de Juan Manuel Santos ya dejan varios campesinos asesinados en Tumaco, al suroeste del país, comisiones de derechos humanos amedrentadas por la Fuerza Pública, y una periodista indígena asesinada. "Aquí funciona un mecanismo de protección de reporteros con recursos que tendrá que concentrarse en las regiones, donde están los reportes expuestos a una mayor vulnerabilidad", afirma el relator. "El trabajo con la Fiscalía debe de ser en coordinación, lamentablemente no funciona bien".
La otra preocupación que la Relatoría de la CIDH ha venido a exponer a Bogotá en un congreso concierne al presidente de Estados Unidos. "Los altos funcionarios públicos no pueden ampararse en la libertad de expresión para estigmatizar, señalar y desacreditar al buen periodismo, al tradicional y crítico", dice Lanza sin mencionar el nombre de Donald Trump. "El objetivo es que parte de la población deje de creer en una institución democrática tan importante como los medios de comunicación. Y en un marco de polarización política brutal ya hay encuestas que muestran que hay gente que aunque le presenten todas las pruebas del caso, no creen a un medio porque consideran que es de oposición".
La política mediática de Trump se analiza desde la CIDH como una amenaza global: "Siempre habíamos visto a los presidentes de Estados Unidos como aliados en el respeto a la libertad de expresión. Hoy no".
Foto: Carlos Pazos CIDH
Fuente: El País