El ex conductor de C5N y Radio 10 Roberto Navarro denunció persecución política por su salida del Grupo Indalo. Además, reclamó una indemnización que asciende a 60 millones de pesos en el primer contacto con los abogados del grupo desde su salida. En la empresa afirman que no hay lugar para una demanda laboral, porque Navarro compraba el espacio que ocupaba en la televisión y lo comercializaba.
La figura, en cambio, afirma que había un contrato “simulado en fraude de la normativa imperativa laboral” y considera que le corresponde una indemnización por daños, que suma a su exigencia de “liquidación final, aguinaldos adeudados e indemnización”. La suma que corresponde a Navarro, según expresó su representante legal en la primera audiencia de conciliación, se eleva a los 60 millones de pesos.
En distintos intercambios con los representantes de Indalo, el ex conductor de Economía política y El destape afirmó que su salida del canal ocurre por las “ilegítimas presiones que recibiera” el canal “por parte del Poder Ejecutivo Nacional” a fin de censurarlo. Algo que, en su opinión, constituye además “una arbitrariedad” y es una “lesiva discriminación” contra su persona, “violatoria de las garantías previstas” en la Constitución y otras normas sobre la libertad de prensa.
En respuesta a estas alegaciones, los representantes de la empresa le han señalado que la denuncia de censura “sólo encuentra asidero en su fantasiosa imaginación”. También rechazaron que el comunicador “haya sido objeto de trato discriminatorio de cualquier tipo”.
Navarro viene denunciando presiones a medios críticos desde hace meses, y en una entrevista radial afirmaba en mayo que “el ataque a los medios críticos es tan fuerte que uno se pregunta cuánto podrán resistir”.
Más cerca de su desvinculación con los medios de Cristóbal López, el 19 de septiembre último, había apuntado contra el gerente de Programación del canal, al denunciar desde su cuenta de Twitter que le prohibía criticar a Horacio Rodríguez Larreta y difundir un informe sobre la ahora senadora electa Gladys González.
Según pudo saber Perfil, el reclamo de Navarro va más allá del canal y los medios que pertenecían a Cristóbal López, sino que apunta también a otras firmas como Oil Combustibles. La representación legal elegida por el conductor es la del estudio que lidera el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde.
Su hijo Leandro fue el responsable de velar por sus intereses en la primera audiencia conciliatoria, donde se mostró dispuesto a avanzar en acciones legales si no se atienden sus demandas. Este mismo abogado representa a otros emblemas de la televisión kirchnerista, como Orlando Barone, quien también apeló al argumento de la persecución política. En su caso, apunta con la demanda laboral no sólo contra una entidad privada, en su caso la productora de Diego Gvirtz, PPT, sino también contra la sociedad del Estado.
De la pantalla grande a la web
En paralelo a su reclamo judicial, Roberto Navarro busca reinventarse como un comunicador 2.0. Con este fin utilizará como plataforma su popular portal El destape. Allí se detalla que hoy estará disponible una edición “especial” de su programa homónimo en las redes sociales Youtube y Facebook. “Te vamos a revelar un caso de corrupción de Macri que resultó en 12 muertes violentas”, afirmó desde su cuenta de Twitter el conductor.
Su página tiene un importante alcance, según métricas compartidas por el mismo Navarro. El conductor celebraba hace algunas semanas haber alcanzado más de un millón de visitantes, aunque nunca aclaró en qué lapso de tiempo se alcanzó dicha cifra.
Más allá de los números su presencia en redes es importante y la difusión que se da a sus notas toma un ímpetu militante que seguramente buscará aprovechar, al difundir el nuevo formato 2.0 con el que llegarán sus duros informes contra el Gobierno.
Fuente: Diario Perfil