La operación que pretende concretar el empresario K Cristóbal López para vender las acciones del Grupo Indalo, está a un paso de fracasar: la AFIP, querellante en la causa, manifestará su rechazo a cualquier negocio que pretenda hacer el empresario K. Asimismo, la Justicia no convalidaría el desprendimiento de las 165 compañías que componen el holding reiterando que está "inhibido" y que tiene una causa donde adeuda a la AFIP "más de $ 10.000 millones".
"Es imposible continuar con el managment del Grupo y para preservar las fuentes de trabajo vemos necesario realizar esta operación", planteó en un escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, el empresario Cristóbal López ante el juez Julián Ercolini. El escrito de una carilla planteó los fundamentos de la decisión más inesperada para el dueño del Grupo Indalo: tener que desprenderse de sus empresas.
Así, la defensa planteó que "las medidas cautelares y los procesos judiciales" le cerraron las puertas a cualquier acceso al crédito. Esto sumado a la imposibilidad de acceder a planes de pago en la AFIP por la situación procesal. Por este motivo, el empresario K sostiene que es "imposible" dar continuidad al desarrollo del Grupo y que para "preservar las fuentes de trabajo", se debe proceder a la venta.
Los activos de Indalo ascienden a más de 1.000 millones de dólares. El holding está integrado por 165 sociedades, empleando de forma directa e indirecta a unas 14.000 personas. La primera señal del desprendimiento que busca realizar López fue la modificación de todos los directorios de las compañías: De Sousa ya no figura en ellas.
Cualquier operación comercial que Cristóbal López y Fabián de Sousa quieran realizar, por más acuerdo que haya con el comprador que en este caso es el fondo de inversión OP Investments que anunció la "adquisición del 100% de las acciones de Indalo", debe contar con la aprobación del juez Julián Ercolini. Hasta tanto se expida la Cámara de Casación sobre el fuero de la causa (Penal Económico o Federal), es quien sigue al frente de la misma y es quien autoriza o no cualquier movimiento.
La causa se inició con la denuncia de la AFIP por defraudación contra los dueños de Indalo por no pagar durante el último gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La deuda que generó Oil Combustibles fue de $ 8.000 millones, sin embargo con intereses y punitorios el ente recaudador le exige a López que pague más de $ 10.000 millones.
Ercolini corrió vista a la AFIP, querellante en la causa, sobre la primera presentación que López realizó en la Justicia explicando porqué busca vender. "Es una propuesta vacía de contenido", indicaron fuentes allegadas al organismo a Clarín. "Estamos frente a alguien que defraudó al Estado con impuestos impagos y que se financió con ese dinero", señalaron fuentes oficiales.
El rechazo a la venta por parte del organismo fiscal se presentará hoy en el juzgado, donde se planteará además, que no hay "precisiones en la operatoria respecto a montos comprometidos". No será el único revés que Cristóbal López recibiría.
La Justicia no avalaría el acuerdo comercial hasta tanto no cuente con toda la documentación: Op Investiment pidió 10 días para presentar la propuesta en detalle. Aún así, en los tribunales creen que López cuentan con una inhibición de bienes "que impide cualquier movimiento y si vende, cometerá un delito", señalaron fuentes de la causa. Además tiene dos embargos millonarios en una causa por lavado de dinero y en otra por retención de aportes.
Desde el Grupo Indalo, consultados por Clarín, indicaron que es "imposible continuar" ante la falta de "créditos y sin acceso a planes de pago", por eso decidieron vender. La palabra final la tiene la Justicia que anticipa malas noticias para López.
Foto: Pedro Lázaro Fernández
Fuente: Diario Clarín