“Hoy la diferencia de acceso a bienes culturales va de acuerdo a tu capacidad adquisitiva, algo que hemos naturalizado los argentinos, al igual que saber la temperatura de la ciudad de Buenos Aires en todo el país”, dice Diego Rossi, profesor de políticas de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). “Esto se va actualizando a medida que cambia la tecnología, por eso ahora cuando nos hablan de convergencia apuntamos a que esto no pise a la forma de promoción, de fomento, de que se pueda producir radio y televisión en cualquier lado de la argentina”, agrega.
La CCD entiende a la comunicación como un derecho humano, surgió en 2004 con la presentación de los 21 puntos para una radiodifusión democrática, y tuvo su ventana de oportunidades en 2009 con la sanción de la Ley 26.522. “Nos juntamos en Buenos Aires y en todos los lugares del país donde haya regionales y gente preocupada por que circule mejor la palabra”, expresa Rossi sobre esta red de estructura horizontal. “Están en retroceso una cantidad de cuestiones que habíamos logrado, pero qué importante es que esté la Coalición, en las buenas y en las malas, porque es en las malas que hay que arremangarse y remar con paciencia”, sostiene.
Objetivos. La regresión a la que se refiere Rossi tiene que ver con los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, y con “lo que nos damos cuenta todos: que los actores tienen menos laburo, que hay menos producciones de ficción argentina, que a los medio gráficos y a las radios les cuesta mucho pagar la luz, a los laburantes, y por eso es importante que esté viva la Coalición”, indica. Entre los objetivos de la CCD está sostener el trabajo en las industrias creativas, tanto de emprendedores como de organizaciones sin fines de lucro que generan contenido y lo hacen circular (gremios, universidades, asociaciones civiles); pero también empujar proyectos de ley o marcar incumplimientos gubernamentales. “Hacer propuestas, denunciar, actualizarnos y ayudar a las organizaciones libres del pueblo”, resume Rossi. “Desde la Universidad Nacional de Córdoba estuvimos en 2004 en la formación de la CCD, cuando se produjeron los 21 puntos, originados en un consenso amplio sobre necesidades, urgencias y esperas que había tenido la democracia por una ley de radiodifusión”, comenta Daniela Monje, docente de políticas de comunicación de la UNC y directora de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea de esa casa de estudios.
“Las circunstancias políticas permitían marcar un horizonte de trabajo que recuperaba de manera virtuosa lo hecho por el Concejo para la Consolidación de la Democracia, que presentó un documento público en 1988. Esos 21 puntos de 2004 sirvieron para discutir el proyecto que luego se transformó en la Ley 26.522 (2009), tan dañada desde la llegada al poder del partido gobernante a nivel nacional”, informa Monje.
Nuevos puntos. Esos 21 puntos pensaron –entre otras cosas- a la comunicación con una perspectiva democrática, de ampliación de derechos, de inclusión de nuevos actores, de producción local y regional, de construcción de medios públicos no gubernamentales y de distribución de la pauta oficial de manera equitativa. Los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri de diciembre de 2015 “atacaron a la Ley en su corazón, y esto suscitó la reacción de la coalición que publicó unos nuevos 21 puntos, como un documento político de acción y lucha”, subraya Daniela Monje. Lo que aportan estos puntos, remarca Diego Rossi, es “por un lado a la defensa de los derechos adquiridos que fueron vulnerados; y por el otro, a actualizar lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la denominada autopista de internet. Retomamos la demanda del empresariado nacional, por ejemplo, que se queja de la competencia desleal de Netflix o de Google y pensamos que tiene que haber una cuota de pantalla que se cumpla, tanto para la televisión de aire como por suscripción o plataformas digitales. Que haya producción nacional en el catálogo, no un 1%, sino un 20 o 30%, y que esté en puntera de góndola -como se dice en el supermercado-, que no la escondan. Que haya, además, abono social para que a los sectores populares no les cueste la mitad del bolsillo tener que pagar para ver”. Rossi advierte sobre consecuencias negativas para la diversidad y el pluralismo a partir de las fusiones entre medios de comunicación y de telefonía: “en Paraná, por ejemplo, entre Cablevisión y Telecom van a generar una situación de concentración inédita. Ni en los países más concentrados como México tienen este nivel de dependencia de un prestador”. Desde la CCD plantean abrir una agenda a la comunicación del siglo XXI, pero con otro horizonte mundial: “hay que ver que está haciendo el parlamento europeo, las mejores prácticas de los norteamericanos, de los mexicanos, los colombianos”, propone Rossi.
Empobrecimiento. En 2016 el gobierno nacional anunció que se iba a generar una nueva ley de convergencia y sintetizó en 17 puntos los aspectos que serían incluidos. “Cuando asume Macri se modificó la Ley 26.522 pero también la Ley Argentina Digital, sobre telecomunicaciones, sancionada en 2014. Lo que se hizo fue suspender las autoridades de control en cada una de las áreas, y eso fue agrupado en el ENaCom (Ente Nacional de Comunicaciones). En el marco del ENaCom hay una comisión redactora que ha pospuesto la entrega de un proyecto de ley en todo este tiempo”, expone Monje.“Vienen pateando para adelante, y mientras esa comisión sigue estudiando para la ley, habilitan Nextel para Clarín, le dan frecuencias para su incursión en las telecomunicaciones, sacan requisitos para que las telefónicas puedan invertir con exclusividad de uso de todo lo que invierten… En fin, hay un reparto de juego donde no viene nadie nuevo, seguimos esperando las inversiones y no presentan el proyecto de ley”, argumenta Rossi. “Hay un cambio de sentido que se operó en la política pública, vemos un empobrecimiento. De ser un país con aspiraciones de ilustración, de ser creativos, de exportar contenidos culturales, nos están llevando a un país mediocre en términos de creación y de balanza comercial de contenidos culturales. Es más lo que entra que lo que sale. Y no éramos así nosotros. Este no es el cambio que necesita un sector dinámico y frágil como el de las industrias culturales, el cine, la televisión y la radio, que involucra a miles de personas que llegaron a generar el 3% del producto bruto del país”, subraya Rossi.
Futuro. El panorama a futuro, para Rossi, es de empresas globales norteamericanas que han logrado un nuevo escalón de supremacía en su búsqueda de excedentes. “Cuando lográs una posición dominante en una parte de la cadena de valor, incursionás en otras: si Netflix se consolida a nivel mundial como distribuidor de contenidos, se dedicará a producir. Esto marca tensión con prestadores regionales o nacionales, reconfigura estrategias y hoy no hay tanta capacidad regulatoria nacional, más allá de la ideología del gobierno de turno”. Hay cuestiones que el Estado nunca va a resolver, por eso Rossi pide “no esperar que llueva café, sino seguir sembrando y caminando. Desde las universidades, seguir capacitando, generando conocimiento. Este es un panorama en el cual vamos a seguir viviendo, amando, organizándonos. No hay vientos favorables en el corto plazo, pero tampoco es un desastre natural. Sabemos que la comunicación la construyen las personas, y en eso tenemos un montón de posibilidades a nivel macro y a nivel local”.
Aquella ley y su aplicación
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue ásperamente resistida por sectores de poder, que la judicializaron durante años; pero también fue una normativa que no se aplicó en todo su potencial. En algunas provincias y medios se desatendió la democratización, el ordenamiento del espectro radioeléctrico, la federalización y el reparto de la pauta oficial. “Por supuesto que hay críticas, autocríticas y miradas retrospectivas. Como país en transición hay procesos incompletos, puede haber funcionarios mejores y peores, y las capacidades estatales son a desarrollar. Podemos criticar a la ley o su aplicación, pero hay situaciones mucho más de juego político de grandotes que también tiene su paciencia y leen de las pérdidas y después van por la revancha”, expresa Diego Rossi.
Distancias. “Sobre los criterios del sistema Interamericano de Derechos Humanos aplicados a la libertad de expresión, ahora claramente hay regresividad. Durante el período anterior no la hubo: no cerró ni quebró ninguna empresa ni medio. El abono de la televisión por cable hoy me sale más caro y no tengo mejor salario. Tal vez poner el acento tanto en la pelea y no en otro tipo de gestiones fue no confiar en otros actores de la comunicación. También es cierto que nuestra burguesía nacional empresaria deja bastante que desear, y que las universidades no se terminaron de consolidar como actores de la comunicación. En fin, fue un proceso incompleto”, reflexiona Rossi.
Avatares. “La Ley se sancionó en octubre de 2009 y fue suspendida varios meses en su totalidad. Luego, cuando se restituyó, hubo cautelares de Clarín entre 2010 y 2013, y eso impidió poner energía en reordenar a los más pequeños, porque si el actor más grande no podía ser ordenado parecía una subversión empezar por los más pequeños”, piensa Daniela Monje. “Hubo, en ese sentido, una decisión política de espera no expresada claramente. Cuando se empezaron los planes de adecuación quedó poco tiempo, desde agosto de 2013 a diciembre de 2015 algunos grupos se habían empezado a ordenar y otros estaban en proceso, pero fueron desactivados por este gobierno. Fue un proceso demorado, aunque iniciado. Mientras tanto se podrían haber hecho otras cosas que no se hicieron, como un plan técnico.
En un punto creo que también faltó el tiempo necesario para la implementación de una política; la ley no es la política, y venir a desmontar un sistema de estructura de propiedad concentrada no es sencillo”, concluye Monje.
Fotos: José Carminio
Fuente: El Diario