En los cuatro años que Santiago Bereciartúa ejerció como abogado de la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario nunca recibió sanciones ni reclamos sus superiores. El martes 30 de mayo, nueve días antes del comienzo del debate oral por la causa más grande por delitos de lesa humanidad en la región, recibió un telegrama de despido. Con su partida, quedó vacante el cargo del único representante del Estado como querellante en este y otros 129 expedientes -entre causas e incidentes- por crímenes cometidos durante la última dictadura en la región.
“La Secretaría de Derechos Humanos estaría desistiendo de su querella y cometiendo una aberración jurídica cuando estamos a horas del comienzo de una de las causas más emblemáticas que investigan los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en la región”, denunciaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, HIJOS y otros organismos de derechos humanos de todo el país en un comunicado en el que exigieron la reincorporación del abogado.
Bereciartúa asumió como representante de la Secretaría de Derechos Humanos en 2013. Antes, había llevado adelante juicios por delitos de lesa humanidad como funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. En la jurisdicción Rosario, representó al Ejecutivo nacional en cinco debates orales e impulsó otras cinco causas por delitos de lesa humanidad que están a punto de ser elevadas a juicio. También intervino en el expediente por la desaparición de Franco Casco, un albañil de 17 años que en 2014 apareció flotando en el río Paraná después de haber sido torturado en una comisaría de la ciudad.
“Es un abogado respetado por querellantes y organismos de derechos humanos, que se formó durante muchísimo tiempo al calor de una política pública de memoria, verdad y justicia”, explicó a Cosecha Roja Juan Emilio Basso Feresín, referente de HIJOS Rosario. “Nos preocupa, además de la pérdida de su trabajo, que la Secretaría de Derechos Humanos decida retirarse de la megacausa. Es una definición política: no perseguir la condena a los genocidas”, agregó.
“Sin tortura no hay información”
El comienzo del debate por el tercer tramo de la megacausa Feced estaba previsto para el jueves. En el expediente más grande por delitos de lesa humanidad en Rosario se juzgará a trece ex policías y al capellán de la Santafesina durante la dictadura, Eugenio Zitelli. Están acusados por los crímenes cometidos contra 153 víctimas en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. En este centro clandestino de detención -por donde pasaron unas 2000 personas- Zitelli, ofició “misas” y “confesiones”, según él mismo contó en una entrevista televisiva en 1996.
En el expediente consta un diálogo entre el capellán y el sacerdote Ángel Prescello, quien le preguntó por las torturas en el Servicio de Informaciones.
—Y qué querés Ángel, sin tortura no hay información— le explicó Zitelli.
El cura, nombrado monseñor por el Vaticano a fines de 1998, podría convertirse en el segundo representante de la Iglesia Católica en ser condenado por delitos de lesa humanidad en el país, junto al sacerdote Cristian Von Wernich.
La semana pasada, las abogadas querellantes Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Julia Giordano y Luciana Censi pidieron al Tribunal para que se tramite -vía Cancillería- un pedido al Vaticano para que entregue todos los informes sobre la participación de Eugenio Zitelli durante la última dictadura.
Un juez con compromisos
Ayer a la tarde, mientras exigían la reincorporación del representante de la Secretaría de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos recibieron la noticia de que se suspendió el arranque del juicio: el juez Carlos Villafuerte Ruzo avisó que tenía otros compromisos y que no podría integrar el tribunal. Las partes todavía no recibieron la notificación oficial ni se conoce la nueva fecha de inicio del juicio.
Antes de conformar el tribunal, Villafuerte Ruzo había sido recusado por los querellantes por dilatar causas de lesa humanidad y sobreseer a genocidas a pesar de las numerosas pruebas en su contra. También lo recuerdan por haber autorizado al represor Víctor “Chuly” Rodríguez a viajar a Mendoza para realizar el Cruce de los Andes -que recrea el itinerario del General José San Martín- pese a la advertencia sobre “la proximidad de la frontera con Chile y el riesgo de fuga”.
“Hemos tenido muchas polémicas con este juez, por comportamientos que brindan protección e impunidad a genocidas”, denunció Basso.
Fuente: Cosecha Roja
Ver anterior: Repudian el despido de Santiago Bereciartúa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación