La decisión del PS, propositiva, estuvo orientada a garantizar que en el Congreso Nacional y en toda la sociedad hubiese una contribución respetuosa del derecho a la libertad de expresión en su doble faz individual y social, al acceso y la participación en la cultura y las comunicaciones promoviendo diversidad en un escenario de convergencia tecnológica y económica, consciente de las claras asimetrías económicas, sociales y geográficas que estructuran tanto a los sectores de telecomunicaciones como audiovisual en la Argentina.
Con la supervisión de la diputada nacional Alicia Ciciliani, un equipo integrado por Guillermo Goldstein, Danilo Lujambio, Guillermo Mastrini y Martín Becerra trabajaron un año en el anteproyecto con el deliberado propósito de recoger contribuciones de la sociedad civil y política para mejorar el articulado y construir un insumo esencial para el debate. El anteproyecto respeta los estándares del Sistema Interamericano de DDHH y se nutre especialmente de los debates sobre libertad de expresión, concentración mediática, acceso y calidad de las telecomunicaciones y funcionamiento de Internet se dieron en la Argentina y en el resto de la región desde 1983 en adelante.
Mientras la conducción estatal sigue día a día regando de novedades el Boletín Oficial con resoluciones y decretos que afectan la estructura de las comunicaciones durante los próximos años, comprometiendo así recursos públicos y limitando tanto derechos ciudadanos como la competencia, el aporte del Partido Socialista aspira a reparar la regresividad que orienta las políticas públicas en el sector en pos de que se respete lo que establece la Constitución en la materia.
Fuentes: Quipú y Cenupro