Estos informes relevan la situación Argentina en cuanto al respeto a la libertad de expresión establecido en la Constitución Nacional y en los distintos tratados internacionales sobre Derechos Humanos que la integran. Además, desde su creación en el año 2011, la Fundación está abocada al monitoreo de políticas públicas en materia de acceso a la información, publicidad oficial y a la defensa de los valores democráticos basados en el diálogo y en la pluralidad de voces.
El informe da cuenta de que durante 2016 se ha registrado una sensible baja en el número de casos consignados de limitación al ejercicio de la libertad de expresión, lo cual es atribuible en gran medida al fin del clima de confrontación entre la prensa y el Gobierno que caracterizó a la década anterior.
También, como es habitual, en el segundo bloque del documento se detalla la evolución de los recursos destinados a la pauta publicitaria oficial, donde marcan significativos avances a partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, y la media sanción por parte del Senado de una Ley para regular la distribución de Pauta Publicitaria Oficial.
"Por primera vez, el Poder Ejecutivo Nacional publicó la información referida al gasto y distribución de la publicidad oficial de manera oportuna, es decir, finalizado cada semestre calendario. Nótese que la última información accesible a través de ese sitio web databa del primer semestre del año 2013", reseñó LED.
Desde sus inicios LED ha desarrollado, en conjunto con otras organizaciones con objetivos afines, una intensa actividad, tanto a nivel nacional como regional, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, en particular los de trabajadores de prensa y periodistas.
En el informe se consignan todas aquellas denuncias o información en general que han llegado a conocimiento de nuestra organización y que podrían constituir una restricción a la libertad de expresión en nuestro país, no solo en los casos de agresiones a periodistas o medios de comunicación, sino también en los que organizaciones o ciudadanos de forma individual o colectiva han visto limitado el ejercicio de este derecho.