1.- La comunicación social y la libertad de expresión están en riesgo en la Argentina. Se cumple un año del desmantelamiento de las leyes 26.522 y 27.078 de probada legitimidad democrática y control constitucional, que consagraban derechos esenciales en materia comunicacional. Los decretos que disolvieron órganos plurales y participativos como AFSCA y AFTIC invocaron pretextos tecnológicos para ocultar el único resultado buscado: la captura gubernamental de la autoridad de aplicación para someterla a la voluntad el Poder Ejecutivo y de los lobbystas de las corporaciones que concentran los negocios del sector. También disolvieron órganos de representación federal, académica y sectorial con responsabilidades en el Directorio para sustituirlos por ámbitos con menor representación y carentes de función ejecutiva.
2.- En ese marco, y al amparo de normas supuestamente transitorias, se autorizan operaciones de compraventa de medios y empresas que cristalizan posiciones dominantes de mercado; se entregan valiosas porciones del espectro radioeléctrico; se cercenan derechos de los actores PyMEs y comunitarios; se entrega soberanía tecnológica a operadores extranjeros y se despoja a la población de su protección como audiencia. También se la priva del derecho de acceso a contenidos de interés relevante, como sucederá con la muerte anunciada de Fútbol para Todos. Se trata de actos administrativos amparados en una normativa provisoria con efectos permanentes.
3.- Diezmado el marco legal y de control institucional, denunciamos la mora del gobierno en presentar ante la sociedad un modelo de regulación de los servicios convergentes para un verdadero debate ciudadano. A diferencia del proceso que desembocó en la ley 26.522, con miles de aportes al texto presentado por el Ejecutivo, ahora han montado un simulacro de participación que incluye seminarios sin debate y opiniones de 300 caracteres por internet. La situación es funcional a los empresarios dominantes en el sector, y se resume en palabras que también repiten los funcionarios: “la mejor ley es la que no existe”. Una clara invitación a vivir sometidos a la ley del más fuerte.
4.- En estos momentos, más que nunca, peligran las voces y contenidos locales, regionales y nacionales.
Las políticas de desregulación económica que incluyen a los bienes y servicios de la cultura y la información; el abandono de políticas de fomento sectorial; un total relajamiento de obligaciones en materia de contenidos para la mayor plataforma de circulación de noticias, series y films, como la televisión por cable; la ausencia de cuotas de pantalla y ficción nacional en los sistemas a demanda, sin contemplar catálogos de Internet ni formas de tributación de pantallas digitales; y el silencio gubernamental en materia de nuevos concursos de radio y televisión en todo el país, nos empujan a ser un mercado periférico del sistema globalizado que sólo ve a la cultura como mercancía. También las publicaciones gráficas y revistas culturales, reclaman políticas activas para sostener la diversidad periodística y cultural.
5.- Al finalizar 2016, la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación, organismo creado por la Ley 26.522, se encuentra en estado de acefalía. Esto revela el cambio de perspectiva respecto a la concepción de las audiencias como sujetos de derecho que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Es necesario recuperar el rol activo del/la titular de la Defensoría del Público como instancia de representación institucional con capacidad jurídica para custodiar el derecho a la comunicación de las audiencias y para promover la formación.
6.- Han flexibilizado las redes permanentes de programación, con autorización de retransmisión en simultáneo hasta del 50% de los contenidos. De esta forma atacan el federalismo, el empleo y la producción. Este criterio sobre servicios abiertos favorece a las cadenas privadas de radio y TV con cabecera en Buenos Aires. El abandono de las obligaciones de producción local, propia e independiente para los operadores de cable completa una política de concentración de contenidos y de la propiedad. Así se condena a muerte a medios locales, se silencian voces y perspectivas y se eliminan puestos de trabajo para actores y actrices, periodistas, operadores/as, autores/as, técnicos/as, locutores/as, iluminadores/as y trabajadores/as del sector audiovisual en general.
7.- Legisladores y funcionarios deben considerar la reparación que requieren centenares de medios excluidos durante años por normas inconstitucionales o por la concentración del mercado y la discrecionalidad en la distribución de la publicidad. El debate parlamentario sobre una ley de publicidad oficial puede abrir posibilidades inclusivas de distribución de recursos, si se reconocen como criterios de asignación distintivos la ubicación federal de los medios, tanto como la diversidad de prestadores. Tales expectativas chocan, sin embargo, con la inacción del ENaCom en la planificación del espectro y el llamado a concursos que permitirían acceder a las licencias que los registros publicitarios imponen como requisito. Lo que se daría por un lado no puede quitarse por el otro.
Debe favorecerse la sostenibilidad legal y económica de los medios comunitarios, universitarios, educativos, cooperativos, de pueblos originarios, y de la pequeña empresa con arraigo local, en todos los soportes.
También establecer la existencia de contenidos nacionales como condición para la pauta oficial en los servicios audiovisuales y agregadores de contenidos online.
8.- Distintos actores siguen privados del acceso a frecuencias como lo establece la ley, sujetos a limitaciones de potencia y carentes de condiciones accesibles para la transmisión de señales.
Debe asegurarse el plan técnico para la regularización y reordenamiento de concursos y autorizaciones. Y resolverse sin más dilaciones las habilitaciones para los concursos de televisión abierta que fueron adjudicados y resueltos mediante los procedimientos legales y administrativos previstos. También deben resolverse los concursos abiertos para radio y televisión sin adjudicación.
9.- Debe cumplirse la obligación de ejecutar la totalidad de los fondos que fueron asignados a diversos proyectos en 2015 mediante el Fondo de Fomento Concursable para medios comunitarios, proyectos especiales y pueblos originarios. La reciente convocatoria a los FoMeCA 2016 llega tarde y con escaso tiempo para un aprovechamiento que fomente los objetivos previstos en la ley.
Rechazamos la decisión de reducir el aporte de fondos públicos para la producción de programas educativos, infantiles y de ficción, y las pérdidas de audiencias en los medios públicos administrados por el Estado.
10.- El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal a redes de banda ancha y a las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC. El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismo o imposiciones de mercado. Ello requiere políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías, impulso a contenidos locales y nacionales, así como autoridades de aplicación que asuman la dimensión federal y multisectorial en la gestión de internet como un derecho para todos y todas.
Acciones consensuadas para dar continuidad a la lucha por una Comunicación Democrática
1.- Considerar la presentación de proyectos de aplicación de Tarifa Social de servicios públicos para los medios en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.- Incidir en el tratamiento de la Ley Nacional de Publicidad Oficial. Proponer regulaciones provinciales y municipales de Publicidad Oficial.
3.- Impulsar ordenanzas municipales de Declaración de Interés para los medios comunitarios.
4.- Promover y acompañar las políticas de apoyo a los medios Universitarios y Educativos.
5.- Defender los derechos de la infancia: origen, cantidad, calidad y horarios.
6.- Evaluar la implementación de acciones legales frente al incumplimiento de deberes contenidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
7.- Asumir el monitoreo y reclamar el cumplimientos de pago de los Fondos Concursables (FoMeCA).
8.- Evaluar la propuesta de incorporar representantes de la Coalición ante el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos (Art. 124 de la Ley de SCA).
9.- Impulsar medidas de protección para los trabajadores de los medios de comunicación.
10.- Asumir como propias las demandas por licencias en todas sus situaciones.
11.- Propulsar la apropiación popular de tecnologías de la información y la comunicación.
12.- Ante el resurgimiento de expresiones de xenofobia, racismo y discriminación en los medios de comunicación, la Coalición por una Comunicación Democrática hace público su repudio a los discursos que agravian a las comunidades de migrantes o cualquier forma de vulneración de derechos y garantías consagrados en la Ley 26.522 y reitera su vocación de unidad latinoamericana.
13.- Acompañar en sus reclamos a los espacios organizativos sectoriales o territoriales en defensa de formas de comunicación democráticas.
14.- Propiciar y encomendar la creación y/o fortalecimiento de la Coalición en todas las provincias e impulsar la articulación en red.
15.- Dar continuidad a las presentaciones realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.