El trabajo audiovisual describe "las falsedades emitidas por cuatro medios de comunicación entre febrero y mayo de este año" acerca de un supuesto hijo del presidente Evo Morales con una exnovia, trama que habría influído al referéndum que le negó al mandatario la posibilidad de postularse a una cuarta presidencia consecutiva.
"Frente al papel de periodistas mentirosos (..), nuestra responsabilidad como Gobierno es proteger al ciudadano de la manipulación mediática", señaló el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que presentó el trabajo en La Paz.
Según Quintana, con el documental, en el que se entrevista a algunos periodistas cuya labor es cuestionada por el gobierno, "queremos discutir el poder de los medios de comunicación respecto a la verdad y el poder de la mentira".
Apoyado en titulares y entrevistas, Sal.Lari acusa a medios en el documental de gestar una suerte de conspiración de derecha contra el prestigio de Morales.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), y otras asociaciones regionales afiliadas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que acusan al gobierno de intentar acallar a los periodistas.
"Responsabilizamos al gobierno por cualquier tipo de violencia que afecte la integridad física de nuestros colegas y sus familias", señaló el comunicado.
Dos medios de difusión y dos periodistas de Bolivia se quejaron al respecto en junio al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH).
Quintana, brazo derecho de Morales, acusó poco antes al diario Página Siete, la católica Agencia de Noticias Fides (ANF), y a los periodistas Raúl Peñaranda y Andrés Gómez de formar "una mafia mediática-política" para atacar al gobierno.
Según el oficialismo, esos medios inflaron la relación sentimental entre el presidente Morales y su expareja Gabriela Zapata, e inventaron la existencia de un hijo entre ambos. Zapata está actualmente en la cárcel.
El hecho que estalló en febrero afectó al mandatario, que perdió en un referendo popular de reforma constitucional donde buscaba postularse para un cuarto mandato consecutivo (2020-2025). El oficislismo discutirá desde el jueves los mecanismos constitucionales para volver a postular a Morales.
Carlos Valverde, periodista que reveló la polémica relación sentimental del mandatario, salió hacia Argentina a fines de mayo pasado ante los temores de ser detenido.
Morales, en el poder desde 2006, suele acusar a parte de la prensa privada y a la jerarquía de la Iglesia católica de ser sus principales opositores.
"Mi opinión no cambió en nada”
Por: María Galindo, Activista
Es un documental autojustificatorio y que además omite el gran problema del caso (Gabriela) Zapata, como las propias contradicciones internas de las declaraciones gubernamentales a las que los medios de comunicación han dado cobertura.
Entonces ¿porqué pretender hablar de la forma como cubrieron los medios? Pero no pretender hablar de la forma como el Gobierno quiso explicar el caso Zapata.
Entonces, no es lógico, no tiene un fundamento documental, ni lógico. Es muy largo, cansador, es un malgasto, es un sopapo en la cara de la cultura audivisual, de los medios de comunicación y de lo que los bolivianos y bolivianas necesitamos.
El caso Zapata fue muy tóxico, eso es muy cierto. Pero fue tóxico porque el propio Gobierno entró en varias contradicciones. Entonces, no te queda otra que mencionar las contradicciones en las cuales ellos han incurrido. Se detiene en algunos detalles, como la edad de Gabriela Zapata, sin tomar en cuenta que si tenía 17 o 21 años... el Presidente (Evo Morales) le doblaba la edad a una mujer joven que recién entraba al partido.
Hice un seguimiento al caso Zapata, con este documental no he cambiado en absoluto ni un milímetro mi opinión. Pero es una indignación por el derroche del dinero.
Además, me cerraron la puerta en la nariz. Ayer salen (los personeros de Gobierno) a invitar a todo el mundo y cuando me ven en la cola me cierran la puerta y no me dejan entrar al Banco Central de Bolivia.
Organizaciones internacionales y bolivianas repudiaron campaña gubernamental del “cartel de la mentira”
A lo largo del año, diversas personalidades se pronunciaron en defensa de la seguridad de los periodistas y de la libertad de expresión en Bolivia. Estas son las opiniones:
Edison Lanza Robato, Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (24 de agosto):
“Ese tipo de declaraciones no le hacen bien a este clima que tiene que haber, los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar algunas informaciones que tienen que complementar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado, porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, con declaraciones gruesas no se contribuye a este clima (de respeto)”, declaró el representante de la comunidad internacional en Bolivia.
Tras ese punto de vista, Evo Morales sumó a Lanza Robato al denominado “cartel de la mentira”.
Reporteros sin Fronteras (28 de mayo):
“Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia los intentos de las autoridades de perjudicar al gremio periodístico y apoya a los periodistas perseguidos en el país”.
Comité de Protección de Periodistas-CPJ (18 de junio):
“Estas acusaciones infundadas y amenazas contra los medios bolivianos tienen el evidente propósito de restringir la labor periodística sobre temas sensibles”, declaró Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ. “Instamos a las autoridades bolivianas a abstenerse de amenazar a periodistas por su trabajo y a permitir que los medios funcionen sin interferencias”, demandó el representante. La CPJ es conocida como la “Cruz Roja del periodismo”.
Asociación Nacional de la Prensa-ANP (22 de junio):
La Asociación Nacional de la Prensa denunció la “peligrosa vulnerabilidad” en la que se encuentra el trabajo periodístico en una carta al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot.
“Además de todas las agresiones registradas contra el periodismo a lo largo de la última década, las mismas que han sido oportuna y públicamente denunciadas por la ANP, numerosos hechos y señales nos permiten evidenciar que, en las últimas semanas estamos asistiendo al despliegue de una reacción gubernamental que amenaza y pone en peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes”, decía la carta que fue enviada en medio de la arremetida el Gobierno al supuesto “cartel de la mentira”.
Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (5 de octubre):
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y seis asociaciones departamentales emitieron este miércoles un comunicado criticando la decisión de hacer un documental, denominado “Cártel de la mentira”, y calificaron el hecho como una forma de amedrentamiento gubernamental contra los periodistas.
“Sorprende el uso de recursos públicos para que Andrés Salari, periodista argentino, retrate la realidad del periodismo boliviano con la intención de justificar las acusaciones difamatorias con las que el gobierno ha enfrentado de manera continua a la prensa boliviana”, decía el comunicado.
Asociación de Periodistas de La Paz-APLP (14 de septiembre):
“Expresamos nuestro total rechazo a las declaraciones emitidas (por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana) que denotan una falta de respeto a ciudadanas y ciudadanos que trabajan en medios de información, cumpliendo tareas que tienen como único fin informar a la sociedad con ética y veracidad”, señaló el comunicado.
El texto de la APLP agrega que las “las acusaciones” de Quintana “son infundadas y carentes de verdad”.
Andrés Gómez, periodista acusado por el Gobierno (9 de octubre):
Luego de hacer una recopilación de acusaciones públicas en contra de funcionarios del Gobierno por supuestos nexos con el narcotráfico, entre ellos René Sanabria y Oscar Nina, Andrés Gómez escribió en su columna que, en cambio, “en el lado de los periodistas atacados no encontré vinculaciones con narcos u organizaciones criminales. Ninguno fue terrorista, ninguno trabajó con narcos, ninguno estuvo en la cárcel, ninguno asaltó dinero público y ninguno es falso licenciado, salvo las acusaciones de Evo y Quintana contra el presentador de televisión Carlos Valverde, a quien llamaron narcotraficante. Valverde se declaró inocente”.
Dadas estas circunstancias, concluyo que el “cártel de la mentira” es un cártel de mentira, pero… ¿podemos martillar que el cártel de verdad es el “Cártel Azul” y está en Palacio? ¿Y podemos hacer un documental? No sé tú, pero yo digo no, porque son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Prefiero que hagamos un cartel con la siguiente leyenda: “No culpes a inocentes de lo que otros te culparon”.
Raúl Peñaranda, periodista acusado (14 de diciembre)
“Es inaceptable que el Estado utilice recursos públicos para intentar desprestigiar y amedrentar a periodistas y medios de comunicación independientes. Me parece que el documental no va a tener efecto ninguno porque la realidad no se sustituye con una película”.
Francesco Zaratti, líder de opinión (3 de junio)
En su columna indicó que existe “un cartel de la ineptitud” en el Gobierno debido a la suma de deficiencias en aspectos tan básicos como la dotación de agua a la población.
Fuentes: AFP, Página Siete y ANF