Nos encontramos en esta etapa de nuestra vida democrática con nuevos rasgos que definen la comunicación de gobierno, entendida ésta como la plataforma discursiva, simbólica y material que manifiesta los valores, ideologías y prioridades que determinado gobierno imprime a su gestión. No es una cuestión menor, ya que constituye un aspecto central para conformar consensos, adherencias y legitimación de los actos de gobierno que permita una acción política eficaz de manera prolongada.
En su primer año al frente del país, el gobierno de Mauricio Macri implementó una estrategia de acercamiento hacia los medios de comunicación del interior, dividiéndolos por regiones geográficas, donde brindó un espacio en su abultada agenda y en un lugar de gran peso simbólico como el despacho presidencial, para que tuvieran una visión de primera mano de las realidades de sus provincias y de la coyuntura nacional. Una estrategia inédita dentro de las políticas de comunicación de los gobiernos anteriores, y que nadie, a priori, cuestionaría.
Lo que cabe preguntarnos es qué lectura podemos realizar de esta estrategia, más allá de lo que el sentido común nos indique. Inicialmente se trata de una acción que busca diferenciarse tajantemente del modus operandi del gobierno kirchnerista con los medios. Este se caracterizó por una lejanía con la prensa e incluso instalando una visión de que los medios son el conflicto, que construyen perspectivas sesgadas de la realidad y responden a intereses de orden económico, indefectiblemente.
En ese sentido, la principal estrategia de comunicación estuvo vinculada a los actos masivos y las cadenas nacionales con una retórica verticalista, paternalista, de rasgos polémicos que buscaban deconstruir el discurso del adversario -siempre representado por algún grupo de poder- y sin posibilidades de real intercambio con los periodistas.
Asimismo, el contenido del discurso estuvo atravesado por la exaltación de la capacidad del líder -representado en la figura presidencial- de reunir demandas sociales de grupos históricamente abandonados por el Estado en la etapa precedente a su aparición. Lo que en términos de Ernesto Laclau entendemos como populismo.
El macrismo supo interpretar que este modelo comunicacional estaba agotado y que había generado rechazos en determinados sectores de la sociedad. Por ello se inclinó a la construcción de nuevos espacios de contacto con actores de la prensa de manera directa, generando la innovación de atender a los relegados medios provinciales, mostrando atención y cercanía con los periodistas, los cuales de regreso a sus redacciones transmitirían a los ciudadanos de sus provincias. La connotación del hecho es que imprime un rasgo de federalismo a su gestión de comunicación de gobierno, e instala esta idea en la opinión pública.
Sin embargo, lo que debemos preguntarnos es ¿realmente hay una política de comunicación que fomente la diversidad de voces lejos de los grandes centros urbanos? ¿Es esta idea de federalismo que se transmite, real? ¿Se busca una participación y democratización de la comunicación? Dos hechos concretos del último año responden a estos interrogantes.
En primer lugar, a partir de la modificación a través del DNU 267/15 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522, pasamos de una idea de la comunicación como derecho humano incuestionable, a una visión tecnocrática de la misma. La ley original, que había sido fruto de profundos debates a la largo del país y que reunió a sectores sociales diversos y grupos de intelectuales, fue destruida en su espíritu inicial que defendía el surgimiento y sustentabilidad de nuevos medios de comunicación y la desconcentración de grandes grupos mediáticos.
Probablemente el ejemplo más significativo sea la modificación del artículo 45 de la llamada Ley de Medios, donde se amplía el número de licencias para un mismo operador de TV abierta y radio AM y FM, en todo el país de 10 a 15, y en una misma ciudad, de 3 a 4 licencias. A la vez se elimina el tope del 35% del mercado que regía para la radiodifusión privada -antes de la modificación, un licenciatario no podía cubrir más del 35% de la población del país-. No conforme con ello, se modificó también el artículo 63, eliminando las limitaciones a la conformación de cadenas privadas de radio y televisión.
Un segundo hecho que pone en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno actual con el mapa de medios de comunicación, y la contradicción con sus estrategias de comunicación, es la media sanción que obtuvo el pasado 23 de noviembre el proyecto de ley que busca regular la publicidad oficial. Si bien es una deuda pendiente contar con una norma que dé claridad sobre el manejo de esos fondos públicos hacia la prensa, son preocupantes los criterios establecidos en el proyecto -específicamente en el artículo 13- sobre cómo se asignará la pauta. Explícitamente sostiene que uno de ellos es el “alcance del medio de comunicación o soporte en función a su circulación o audiencia”.
Es decir, aquellos medios que tengan mayor rating o lectores, son los que se llevarán la porción más significativa de la torta publicitaria. Esto es absolutamente contrario a los valores del federalismo y de la pluralidad de voces, ya que los medios provinciales, comunitarios, los medios universitarios y los de pueblos originarios, entre otros, claramente no son los que lideran la audiencia. Este abandono por parte del Estado -en caso de que la iniciativa se apruebe- repercutirá en la eliminación de los más vulnerables, de los que necesitan asistencia para continuar con sus producciones que persiguen la construcción de contradiscursos y reflejo de realidades e identidades que se alejan de los medios de comunicación dominantes. Es decir, perderemos voces.
Por otro lado, es por lo menos pertinente cuestionarse cómo pretende el Gobierno nacional cuantificar el alcance o la audiencia a la que alude. Los mecanismos de medición son parciales, funcionan en los grandes centros urbanos nacionales y a determinados medios, como las radios, les resulta dificultoso medirse en estos términos. En la era de la convergencia -a la que tanto alude el Gobierno-, las posibilidades de consumo de medios se han ampliado, ya que circulan por las redes sociales, buscadores y por canales alternativos que no son los estrictamente televisivos, radiales o prensa gráfica.
Estas dos medidas a las que se aludió son funcionales a la concentración de medios y atentan contra la multiplicidad discursiva y el federalismo que se pretende transmitir. Los medios de comunicación son productores de sentidos, identidades y memorias compartidas. Definen, muchas veces, las prioridades de determinadas problemáticas sociales y de esa manera debemos preguntarnos cómo nos afectaría, como sociedad, achicar nuestros horizontes a raíz de la eliminación de estas voces.
Sin dudas que un presidente en funciones reciba sistemáticamente a periodistas del interior es un hecho positivo e inédito, pero debemos cuestionarnos de una manera no inocente si esto significa un real interés en ampliar las cosmovisiones o sólo un golpe de efecto para lograr una imagen positiva, producto del marketing político, pero en realidad con un sentido vacío.
*Licenciada en Comunicación Social. Especialista en Docencia Universitaria. Docente de las cátedras Organización y Administración de Medios I y Teorías de la Comunicación Social I, Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste
Fuente: Diario El Litoral