Luego de tres años, la justicia falló a favor de los trabajadores en una causa iniciada por la patronal del Grupo Uno -propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano-. La judicialización de la protesta sindical surgió a partir de una olla popular realizada en la noche del 13 al 14 de septiembre de 2013, en respuesta a despidos injustificados llevados a cabo por la empresa periodística.
En esa ocasión, José María Mili Casero, gerente del grupo Vila-Manzano, advirtió a los trabajadores que su participación derivaría en acciones judiciales, con la evidente connivencia de ciertos sectores de la justicia mendocina. La empresa denunció penalmente a los dirigentes por obstrucción y coacción, sin embargo no avanzó y en esta ocasión triunfaron los trabajadores.
La judicialización y criminalización de la protesta se trata de una estrategia de los sectores empresariales en connivencia con el poder judicial para fragmentar e instalar miedo en los trabajadores. La FATPren seguirá estando en las calles para defender los intereses de las y los trabajadores de prensa.
Fuente: FATPren