A partir de declaraciones recientes del ministro Oscar Aguad, se advierte sobre el riesgo que implica para los derechos humanos dejar librada la comunicación al juego del mercado
Por: Washington Uranga
El gobierno de la Alianza Cambiemos a través de su Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, acaba de anunciar una prórroga de seis meses para que se expida la comisión encargada de la redacción del proyecto de ley de “comunicaciones convergentes”, según el título que el macrismo ha decidido darle a la futura norma que debe ordenar las comunicaciones en el país. Mientras tanto, porque se ha derribado por decreto gran parte de la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el escenario de la comunicación privado de regulaciones se parece mucho a un teatro de lucha de poderes corporativos donde empresas e intereses pugnan por llevarse la parte del león antes de que exista una norma que eventualmente pueda poner límite a sus aspiraciones y a la voracidad de sus apetitos. Lo anterior podría no ser grave si no estuviera en juego el derecho a la comunicación de la ciudadanía.
Más allá de las dificultades que implica la elaboración de un proyecto de ley, a la luz de otros posicionamientos oficiales respecto de la comunicación no es ilógico sospechar que lo que está haciendo el Gobierno es seguir ganando tiempo para regalarlo a los grupos corporativos que lo beneficiaron, que hoy respaldan la gestión oficial y con los que aspira a seguir contando en el futuro.
Coherente con esta postura el ministro Aguad afirmó que “la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es la idea. La guerra con los medios se terminó, la paz está sellada”. Está claro que frente a la no existencia de una norma que regule y establezca los límites y controles necesarios establecidos en el marco de la democracia, los únicos que sacan ventaja son los más poderosos, los que “se valen por sí mismos” y, por supuesto, no necesitan del Estado para preservar sus derechos. De las palabras del Ministro podría entenderse que la afirmación acerca de que “la paz está sellada” significa también que el acuerdo entre el Gobierno y los grandes grupos de poder está firmado.
No habría que perder de vista que en este, como en tantos otros temas vinculados al ejercicio de poder en la sociedad, los que salen perjudicados son los más débiles. Más grave aún porque el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, central en la sociedad moderna. Y como tal, no se trata de una dádiva o una concesión sino un atributo de la condición ciudadana.
El comunicador boliviano Alfonso Gumucio Dagrón escribiendo al respecto recuerda que “los derechos humanos no son optativos. Los derechos humanos no son un regalo del poder. Los derechos humanos no son solo libertades sino también obligaciones y responsabilidades para vivir en sociedades más justas e incluyentes. El ejercicio pleno de los derechos humanos es esencial para la paz y el desarrollo. Los derechos humanos evolucionan, se perfeccionan, no son estáticos. Los derechos humanos tienen un contenido que los hace específicos a los seres inteligentes y sensibles que somos. Los derechos humanos son interdependientes, y no pueden ser disociados. Los derechos humanos abarcan la libertad, la participación, la solidaridad, el acceso, la inclusión, la equidad, la justicia y la interculturalidad” (en revista “Razón y palabra”).
Y agrega en el mismo artículo que la comunicación “es esencialmente un proceso humano de relación, que implica no solamente intercambio de información, sino puesta en común de conocimientos y reconocimiento de las diferencias”. Para concluir que “el derecho a la comunicación articula y engloba al conjunto de los otros derechos relativos, como son el acceso a la información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de difusión”.
En esto consiste la importancia de todo lo concerniente a la comunicación. Lo que se está garantizando (o poniendo en riesgo) con una norma es mucho más que cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con la industria de las comunicaciones o con los negocios de unos pocos grandes grupos. Lo que se pone en juego es, vía el derecho a la comunicación, la vigencia del conjunto de los derechos humanos. Agregado a ello que, en la actualidad, sin comunicación democrática tampoco pueden existir sociedades verdaderamente democráticas, donde los ciudadanos puedan acceder a información suficiente y plural para tomar decisiones autónomas. Y los derechos no pueden quedar librados al mercado aunque el ministro Aguad asegure que “está planeado que en enero del 2018 se aplique la convergencia, que se levanten las barreras para la libre competencia”.
Fuente: Diario PáginaI12
