ENaCom realizó la presentación tras ser intimado por la Justicia Federal, luego de que la Asociación Civil Trabajo, Educación y Cultura, que opera el canal “Barricada TV”, promoviera una acción de amparo para que cesen los impedimentos para dar lugar a las emisiones del canal, así como también se ponga fin a las interferencias de Grupo Clarín sobre la frecuencias 33.1 asignada a la televisora comunitaria, y el dictado de una medida precautelar.
Mariano Suárez, abogado de Barricada TV dijo a Observacom que el regulador “convalidó -en su respuesta judicial- una lógica de ocupación de facto del espectro radioeléctrico por parte de los principales operadores privados y expresa que, en su política pública, los medios comunitarios –de tener algún lugar-, tienen uno que es absolutamente marginal, ajeno a toda prioridad política”.
Como aspecto positivo de las explicaciones de ENaCom, Suárez destacó el hecho de que “no se objetó el concurso público ganado por Barricada TV”, de modo que el regulador admite, “elípticamente, que fue un acto legítimo y transparente”.
En el documento presentado por el ENaCom ante la Justicia, la agencia sostiene que “la medida cautelar peticionada por la actora debe ser rechazada por no reunir los requisitos legales para su concesión”. Explica que “mientras [Barricada TV] presentaba documentación incompleta y solicitaba prórrogas para el cumplimiento de las cargas incluidas en el acto de adjudicación, la mentada Asociación Civil denunciaba en sede judicial un supuesto retraso arbitrario del ENaCom en la aprobación de los trámites administrativos necesarios para la obtención de la “habilitación definitiva” del servicio”.
Ante este argumento, Suárez explica que “Barricada TV no le debe un solo papel al ENaCom”. Además señala que el regulador aplica una “estrategia kafkiana de la dilación indefinida, acompañada por un proceso político en donde se destinan los segmentos existentes del espectro a otros operadores privados tradicionales de la radiodifusión o a las empresas de telecomunicaciones”.
El documento además indica que la medida no responde al interés público sino al interés individual ya que “el interés manifestado por el amparista, no encuentra su sentido en el querer axiológico de los individuos a los que él potencialmente intenta llegar con la emisión de su señal, sino que refiere más al interés particular propio de éste”. En este sentido, señala que la medida afectaría derechos de terceros, “no solo de terceros que se encuentran en igual posición adecuándose en término a la norma, sino también del conjunto colectivo de individuos que se verían afectados por los alcances que dicha medida cautelar provocaría en la ingeniería de migración de bandas de todos los licitatarios y operadores, que se encuentran en la actualidad en proceso de adecuación hasta el año 2019”.
De acuerdo con el abogado de Barricada TV, al responder el amparo con esa fundamentación “hay una derogación inconfesada de la legislación”. Suárez explicó que “ENaCom sostuvo que los canales “de aire” que transmiten de facto en frecuencias diferentes de las que les fueron adjudicadas lo hacen desde la legalidad, aunque las normas legales vigentes dicen explícitamente lo contrario: que en esas frecuencias no pueden emitir”.
Cabe recordar que Barricada TV obtuvo su licencia para operar en el canal 33 en noviembre de 2015, en el marco de los concursos convocados por el ex organismo regulador, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Previamente, Canal 13, de Grupo Clarín, había sido autorizado para operar la señal 33 en un período de prueba que ya se encuentra vencido, por lo cual debe reubicarse en el canal 35 tal como lo estableció la resolución 35 de AFSCA.
Por último, el documento de ENaCom señala que si se hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por Barricada TV, la entidad se reserva el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre esto, Suárez señalo que la postura del regulador asume que en materia de radiodifusión “tiene facultades discrecionales…que no debe explicar sus políticas y que no son materia de revisión por la Justicia”.