Para cumplir con tal objetivo se le transferirán a la Sociedad del Estado “los activos, cualquiera sea su naturaleza, que a la fecha pertenecen o se encuentran afectados” a la prestación de los servicios de radio y televisión” como así también “las frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva cuya titularidad tiene el Estado Provincial”, la que además será la continuadora “de todos los trámites de adjudicación de frecuencia y servicios de radiodifusión iniciados y prestados por Radio Pública Río Grande 101.7, Radio Fundación Austral Ushuaia 103.1 , LU 88 TV Canal 13 Río Grande y LU 87 TV Canal 11 Ushuaia”.
Radio y Televisión Fueguina, de acuerdo a la propuesta elevada por la Gobernadora al Parlamento, será dirigida y administrada por un Directorio integrado por tres miembros, que deberán acreditar calificación profesional en materia de comunicación, derechos humanos o administración y poseer una democrática y reconocida trayectoria. Dos de ellos serán designados por el Ejecutivo y el restante a propuesta del “Sindicato con Personería Gremial, o simplemente inscripto en los términos de la Ley de Asociaciones Sindicales, que represente en forma mayoritaria a los trabajadores con ámbito de actuación de la Sociedad del Estado. Durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos por un período. El ejercicio de esa función será incompatible con el desempeño de cargos político partidarios directivos o electivos, como así también “cualquier forma de vinculación societaria con empresas periodísticas o medios electrónicos de comunicación social creados o a crearse, o de prestación de servicios vinculados a los que prestará RTF S.E”.
La empresa estará obligada a “difundir como mínimo un 60% de producción propia y un 20% de producciones independientes locales en todos los medios a su cargo” y a incluir dentro de su programación “contenidos educativos, culturales y científicos que promuevan y fortalezcan la capacitación y la formación de lodos los sectores sociales”, a “producir, distribuir y difundir contenidos por diferentes soportes tecnológicos con el fin de cumplir sus objetivos de comunicación teniendo por destinatarios a públicos ubicados dentro y fuera del territorio provincial”, “asegurar la información y la comunicación con una adecuada cobertura de los temas de interés provincial, nacional, regional e internacional”, “ofrecer acceso, de manera global, mediante la participación de los grupos sociales significativos, como fuentes y portadores de información y opinión, en el conjunto de la programación”, “difundir y promover las producciones artísticas, culturales y educativas que se generen en la región”; “difundir las actividades de los Poderes del Estado en el ámbito Provincial, contemplando las necesidades comunicacionales de los estados municipales o departamentales de la provincia” y a “garantizar la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio provincial, en tanto sea técnicamente factible”.
Aún cuando RTFS.E. se regirá por la ley nacional de Sociedades del Estado, será controlada por el Tribunal de Cuentas en lo referente a la “inversión de los fondos y verificación del cumplimiento de los reglamentos de contratación y jurisdiccionales de compras que se establecieran” al efecto, ya que la sociedad no se verá alcanzada por el régimen de contrataciones para el sector público provincial.
En cuanto al personal que actualmente desempeñan sus funciones en los canales y radios estatales de la provincia, la iniciativa contempla que “quedará incorporado de pleno derecho a la Sociedad del Estado, reconociéndoseles sus derechos relativos a estabilidad, sueldo, antigüedad, escalafón y categoría que tuvieren al momento del traspaso. Asimismo, el personal continuará adherido a los sistemas de seguridad social de los que actualmente resultan aportantes, manteniéndose el régimen de jubilaciones y pensiones que rige actualmente para dicho personal dependiente el escalafón, así como la afiliación a la respectiva obra social”.
Según el Ejecutivo “el proyecto de ley responde a la necesidad de garantizar la modernización de los medios radiales y televisivos del Estado Provincial, para lo cual se propone actualizar el régimen jurídico y administrativo que los rige”, lo que asegura “permitirá una mayor proyección a lo largo del tiempo, especialmente frente al llamado "apagón analógico" que llevará adelante nuestro país en el año 2018”.
Señala también que “nuestra Provincia es la única que se encuentra inhibida de ejercer total determinación sobre su territorio, a raíz de la usurpación inglesa en el Atlántico Sur” y que dicha “realidad exige, en pos de la continuidad y profundización de las acciones irrenunciables, tendientes a garantizar la plena soberanía de la Provincia y de la Nación sobre su territorio, que los medios públicos cuenten con la tecnología necesaria para difundir sus contenidos en todo el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo