La intervención decretada a comienzos de su mandato por Mauricio Macri en el sector de las comunicaciones, donde tomó el control de la autoridad regulatoria, relajó los límites a la concentración, prorrogó licencias audiovisuales y clasificó a la TV por cable como servicio de telecomunicaciones se hizo con el compromiso de que los cambios serían transitorios hasta que el Congreso sancione una ley que unifique los sectores audiovisual, telecomunicaciones e Internet.
En el interín el gobierno habilitó permisos para ciertos grandes actores industriales que los posicionan en ventaja respecto de sus competidores (en general más pequeños en escala). Asimismo, esas resoluciones afectan derechos de otros actores sociales tanto en el plano cultural como de acceso a redes.
El gobierno apela a un futuro escenario convergente en el que "todos puedan hacer todo", es decir que todos los operadores de comunicaciones podrían participar de todos los mercados. Pero ¿cómo se logra este objetivo? Los recursos necesarios para que se cumpla esa consigna son escasos y, además, la carrera no es pareja. Algunos parten en pole position mientras que otros temen que la asimetría en la prometida convergencia se agrave.
En estos días los cableoperadores pequeños y medianos y los cooperativos dieron a conocer públicamente contribuciones para la discusión que tramitará el Congreso Nacional. En sendos documentos, la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (Cacpy) y la integración cooperativa Colsecor presentan propuestas que tienen relevantes puntos de contacto y que son también complementarios de los que una tercera organización, Pasat (Prestadores Argentinos de Servicios Audiovisuales y Telecomunicaciones) debatirá el jueves.
Mientras que el sector de TV de pago agrupa a más de 800 operadores, con un mercado concentrado en más de un 66% por dos grupos (Cablevisión del Grupo Clarín y DirecTV de AT&T), en el resto de servicios convergentes como la telefonía fija, móvil y la conectividad a Internet la competencia es aún más reducida dado que se reparte entre tres o cuatro grupos con posición dominante: Telefónica, Telecom, Grupo Clarín -estos dos con tendencia a operar en conjunto y sinergia accionarial- y Claro (Telmex).
Los principales conglomerados explotan recursos públicos escasos como el espectro mediante el que pueden desarrollar actividades móviles (telefonía e Internet) cuyo acceso les estuvo vedado al resto de los actores. Además, cuentan con redes físicas troncales que constituyen facilidades esenciales para la prestación de los servicios por parte del resto del ecosistema infocomunicacional. Sin una política pública que asuma el carácter asimétrico y distinga entre los eslabones de la cadena productiva y sus obligaciones diferentes en función de su posición privilegiada en el acceso a recursos imprescindibles para el desarrollo de servicios convergentes, la oportunidad de diseñar una regulación que contenga y estimule la pluralidad de actores se desaprovechará.
Por ello es imprescindible ponderar a ARSAT como dispositivo estatal para compensar las desigualdades de los mercados infocomunicacionales. La integración de un directorio federal en la regulación de las comunicaciones (y en ARSAT como activo estratégico); la necesidad de que los recursos escasos como el espectro para servicios móviles tenga apertura real a la participación del sector pyme y cooperativo; el arbitraje estatal para evitar abusos de posición dominante en la interconexión a las redes troncales; la promoción y protección del rol de los actores que sostienen servicios en áreas de escasa densidad poblacional cuya escala impide la superposición de varios operadores; la concreción de políticas de inclusión social y universalización del acceso; los estímulos crediticios; el fomento a la producción federal y la adopción de criterios claros para que los servicios de catálogo (Netflix) que utilizan las redes colaboren en su mantenimiento y extensión, son algunas de las propuestas impulsadas por actores pyme y cooperativo que, pese a su heterogeneidad, conforman un núcleo dinámico de las comunicaciones.
La agenda se nutre además de aportes de otros sectores vinculados al trabajo, la producción y la actividad comunitaria y pública no gubernamental. El desafío es articular la diversidad y el riesgo es desatenderla y marchitarla.
Fuente: Diario El Cronista