A continuación reproducimos la nota de los trabajadores:
Fernando de la Mora, 15 de setiembre de 2016
Señor
José María Agüero
Presidente del Grupo Nación de Comunicaciones
Presente
Los trabajadores del diario La Nación, reunidos en asamblea, resolvemos expresar lo siguiente:
Vemos con preocupación, en los últimos meses, que la línea editorial del diario ha dado un giro para convertirse más en un medio de propaganda antes que en un medio de comunicación en el que debe prevalecer la libertad de opinión, la libertad de expresión y la diversidad de voces políticas y sociales.
Por encima de todo el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Nacional dispone en su artículo 29, De la libertad de ejercicio del periodismo: “El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley”.
El 15 de abril del año 2015, la señora Sarah Cates había prometido ante editores de La Nación que, al asumir en condición de propietaria del Grupo Nación de Comunicaciones (GNC), seguiría con la misma línea editorial de las empresas periodísticas que conforman el holding.
Sin embargo, en los últimos meses la Sección Política del diario La Nación, tiene vedado publicar informaciones que atañen a la oposición o cualquier nota “negativa” para el gobierno, aunque el hecho en cuestión sea harto público. Pretender distorsionar los hechos en estos tiempos de redes sociales e informaciones en tiempo real en la web es un absurdo y un despropósito que solo nos hará perder lectores y posibles empresas anunciantes.
La información es un bien cuyo titular es el público y no una propiedad privada de las empresas periodísticas, de un grupo empresarial o del gobierno de turno. Por ello, los gerentes, editores o la propietaria del GNC no pueden atribuirse la prerrogativa de censurar la circulación de informaciones u opiniones, y menos despedir a quienes no comulguen con sus ideas políticas.
Por otro lado, nos preocupan los últimos despidos realizados en la 970 AM por la forma burda de pretender “escarmentar” a ciertos comunicadores con voces propias. En los casos de Rubén Montiel y Desirée Esquivel, los despidos fueron sin justificación alguna y debido a opiniones vertidas en las redes sociales. Estos hechos atentan contra la libertad de expresión y opinión y violan la Constitución Nacional.
Igualmente nos preocupa el despido del periodista Carlos Gómez y la posterior renuncia de Enrique Vargas Peña, quien denunció a un gerente de la Tabacalera del Este (TABESA) -miembro del Grupo Cartes- de pretender “bajar línea” periodística a los comunicadores. Ante la negativa a acatar estas órdenes, Vargas Peña dijo que se vino la represalia de recortar el horario del programa periodístico Tierra de nadie.
Por todo lo expuesto, como trabajadores del Grupo Nación de Comunicaciones exigimos el respeto irrestricto a la Constitución Nacional y a las leyes de la República, en lo concerniente a la libertad de expresión, de opinión y de prensa, factores imprescindibles para la supervivencia de la democracia, la libertad y la justicia social. Sin libre opinión no existe democracia.
Demandamos, además, el cese de cualquier tipo de persecución o censura a colegas comunicadores que emitan su opinión con libertad, como lo garantiza la Constitución Nacional. Por todo lo expuesto, requerimos una reunión urgente con los directivos del GNC para discutir estos y otros temas sensibles a nuestro quehacer como comunicadores, para zanjar malentendidos y mejorar el ambiente laboral en la empresa.
Atentamente
Delegados DEL SPP
Jimmi Peralta / Carolina Vanni / Rubén Velázquez / Jorge Zárate / Lorenzo Arrúa
Medios del grupo Cartes violan el derecho constitucional a la libertad de expresión
La censura, la persecución y el despido de periodistas críticos e independientes son moneda corriente en los medios de comunicación, cuyos propietarios alegan el derecho de contratar y despedir a los empleados de acuerdo a sus necesidades. Cuando las denuncias se hacen públicas, los pregoneros de la servidumbre vociferan que los empresarios pueden hacer lo que quieren en sus empresas.
No obstante, desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) recordamos e insistimos en que la información es un bien cuyo titular es el público y no una propiedad de las empresas de tal suerte que puedan atribuirse la prerrogativa de retacear o cortar la circulación de informaciones u opiniones. De hecho, el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que solo es entregado de manera temporal a licenciatarios, en quienes la sociedad delega la administración de ese bien público que pertenece a toda la ciudadanía y a la humanidad en su conjunto. En directa violación de las leyes, las empresas detentan licencias de manera prácticamente vitalicia y disponiendo de ellas como si se tratara de una mercancía privada, todo ello con pleno aval de los funcionarios del Estado.
Por encima de todo el ordenamiento jurídico nacional, subrayemos lo que la Constitución Nacional dispone en su artículo 29, De la libertad de ejercicio del periodismo. “El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley”.
Este preludio viene a cuento de los últimos despidos realizados en la 970 AM (los periodistas Carlos Gómez, Rubén Montiel y Desirée Esquivel), propiedad del Grupo Cartes, así como la renuncia de Enrique Vargas Peña ante su negativa a acatar las órdenes de “bajar línea” a favor del gobierno de Horacio Cartes. Previamente ya le habían recortado una hora del programa que conduce, Tierra de nadie.
Desde el principio desde el SPP hemos rechazado las adquisiciones de conglomerados de prensa de parte del grupo empresarial del presidente Cartes, que en poco más de un año se hizo de una docena de medios a través de la figura de su hermana Sarah, quien había asegurado que las operaciones eran meramente comerciales y no pretendían constituirse en ningún apoyo político al gobierno de su hermano. Como de hecho cabía esperarse, la realidad es otra e incluso periodistas con larga trayectoria en la radio, como Vargas Peña, reciben las presiones de alinearse al discurso gubernamental.
El gobierno de Cartes hace gala una vez más de su carácter autoritario, su desprecio a los principios democráticos y la intolerancia al disenso. El grupo empresarial está utilizando todo el aparato mediático construido hace poco más de un año, además de los medios públicos, con fines propagandísticos y buscando crear una opinión pública favorable a su proyecto político y económico, que es aviesamente contrario a los intereses de la gran mayoría de los paraguayos y paraguayas.
La concentración del poder mediático en manos de la persona que ocupa el principal cargo de poder político de la República, a la vez que detenta un elevado poder económico, es una agresión directa sobre nuestra de por sí frágil democracia. Este hecho se confirma diariamente cuando el gobierno mediante sus voceros políticos y sus medios de comunicación criminalizan a la oposición social y política, al mismo tiempo que hostigan, agreden y espían a los trabajadores de prensa que no responden a la línea de gobierno.
Expresamos nuestra plena solidaridad con los compañeros y compañeras que trabajan en los medios que fueron comprados por el Grupo Cartes, que sufren los ataques del grupo empresarial-presidencial en su afán de acallar las voces de los que se niegan a ser simples escribas a sueldo y siguen luchando por ejercer un periodismo profesional y comprometido con la verdad. La forma en que se manifiestan los voceros del presidente, los despidos y las censuras contra los que no comulgan con el pensamiento oficial nos muestran que el derecho a la libertad de expresión, y por ende la democracia misma, se encuentra seriamente amenazada por este gobierno con clara vocación totalitaria.
Fuente: Sindicato de Prensa de Paraguay
Ver anterior: La hermana del presidente paraguayo compra diarios y radios, El presidente de Paraguay sigue comprando medios de comunicación