Por: José Crettaz
La Argentina se está dando un nuevo marco regulatorio para los medios audiovisuales y las telecomunicaciones por una doble vía: por un lado, avanza la redacción de un anteproyecto de ley, que podría estar listo para fin de año; por otro lado, el dictado por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) de numerosos reglamentos y disposiciones que están transformando radicalmente las normas vigentes, ordenando los licenciatarios y los servicios, y generando nuevos procedimientos administrativos.
Para cuando una nueva legislación fije el marco general (algo que es poco probable que ocurra durante 2017, un año electoral), el sector ya tendrá otro perfil, muy distinto al que dejaron los gobiernos kirchneristas, tras varios años de mantener una guerra contra algunos grupos de medios, que ahora está completamente superada.
Cuando esté lista, la nueva ley de comunicaciones convergentes -como la denomina el gobierno nacional- hará confluir en un mismo esquema regulatorio las telecomunicaciones, la radiodifusión y las nuevas tecnologías, entre ellas los OTT audiovisuales, como el servicio de streaming Netflix.
Asimismo, las modificaciones que el ENaCom va realizando por resolución y las eventuales normas específicas que se sancionen en el Congreso -como la de responsabilidad de los intermediarios, que actualmente tiene media sanción- quedarán comprendidas en el nuevo esquema.
En el proceso de redacción del anteproyecto de la nueva norma ya se realizaron más de diez reuniones participativas a las que asistieron una treintena de entidades de todo tipo, entre ellas las que en su momento encabezaron la sanción de la Ley Audiovisual de 2009 y agrupadas principalmente en la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que reclama la marcha atrás en las reformas.
Por su parte, en las próximas semanas pasarán por esos encuentros el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), liderado por Horacio Verbitsky y Damián Loreti, que solicitó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la derogación parcial de la Ley Audiovisual. Ese pedido fue recogido por el relator de la libertad de expresión del mismo organismo, Edison Lanza, que también mantendrá un encuentro con la comisión redactora del anteproyecto en los próximos días.
Nuevos reglamentos
Sobre la base del DNU 267/15 (que derogó parcialmente las leyes de medios y de telecomunicaciones), firmado el 23 de diciembre de 2015 por el entonces flamante presidente Mauricio Macri y validado por la Cámara de Diputados el 6 de abril pasado a pesar de la polémica generada entre el cristinismo, el ENaCom ya dictó múltiples reglamentos específicos y tiene varios más en carpeta. Entre los que ya están vigentes figuran los reglamentos de operadores móviles virtuales (OMV) -prestadores de telefonía móvil que funcionan sobre redes de terceros-, que ya sumó dos nuevos licenciatarios, Virgin Mobile y Telecentro; de prestadores de TV por suscripción, que reintrodujo la obligación de los cables de emitir las señales estatales y las de noticias (conocida como must carry); de redes de radio y TV privadas, que flexibilizó las restricciones establecidas por la Ley Audiovisual de 2009, su reglamentación de 2010 y las posteriores resoluciones de la ex AFSCA; de proveedores de acceso a Internet (ISP), que regularizó muchos operadores que operaban en la informalidad, y del fondo de servicio universal, que hoy tiene unos $ 4100 millones, con los que se prevé financiar a Arsat y a las cooperativas.
Además, el presidente Macri aprobó la estructura del ENaCom -que será la base en la que se inspirará el anteproyecto de ley convergente en el capítulo de la autoridad de aplicación- con 12 direcciones y dos coordinadores, uno general y el otro técnico.
Además, mediante el decreto 916/2016, también se conformó el Consejo Federal de Comunicaciones, cuyo objetivo será reemplazar a los consejos previstos en las leyes que fueron parcialmente derogadas. A su vez, también elimina la representación de las facultades de Comunicación.
Mientras en la práctica el ENaCom, presidido por Miguel de Godoy, avanza en la regulación y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, está encaminado en la búsqueda de inversiones y en el desarrollo de la relación política con los operadores -con las que hay reuniones semanales por distintos temas-, la comisión redactora del anteproyecto de la nueva ley, creada también por el decreto 267/15 y coordinada por la radical Silvana Giudice, definió los principios generales que seguirá la iniciativa.
Pilares de la nueva ley
La administración macrista trabaja en que en principio esos pilares sean 17: las comunicaciones convergentes permiten recibir, producir, transportar y distribuir información, opinión, contenidos -respetando la libertad de expresión y el acceso a la información pública- garantizando la independencia de las plataformas tecnológicas; el acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada a Internet es entendido como un derecho fundamental y un derecho humano, y configura una precondición de la democracia.
Más allá de esas novedades, los 17 principios incluyen los reclamos declamados en torno del marco regulatorio anterior: pluralidad de voces, coexistencia de prestadores estatales y privados con y sin fines de lucro, interés público de las comunicaciones convergentes, cuotas de contenido nacional y el fomento de los medios comunitarios.
El macrismo propone dejar atrás la legislación Kirchnerista
Cambiemos---------------------------------------------------------------
Objeto
Comunicaciones convergentes: telecomunicaciones, radiodifusión y nuevas tecnologías quedarán reguladas en un solo marco jurídico
Alcance
La ley planteará un marco flexible para contemplar las innovaciones que vayan surgiendo con posterioridad a su sanción (podría incluir cláusulas de revisión)
Contenidos
Mantendrá cuotas de producción, pero incluirá incentivos para fomentarlas. También habrá referencias a la protección del periodismo
Autoridades de aplicación
Será un ente cuyos miembros tendrán mandatos con renovación escalonada y no podrán tener otra actividad (salvo docencia). Se exigirá diversidad de género
Actores de la comunicación
En todos los servicios convergentes habrá operadores estatales y privados; se mantendría la reserva de espectro del 33% para entes del tercer sector
Restricciones a la propiedad
Las prohibiciones a la propiedad cruzada serán eliminadas, como ya lo hizo el DNU 265/15, que introdujo el plazo de dos años para el ingreso de las empresas telefónicas a la TV paga
Frente para la Victoria
ObjetoCrearon una variada comisión para redactar el proyecto
Servicios de comunicación audiovisual y tecnologías de la información eran regulados por separado y con dos autoridades de aplicación
Alcance
La ley de 2009 era muy reglamentarista; la ley Argentina Digital era breve y concisa, pero creó la AFTIC, capaz de dictar arbitrariamente la regulación
Contenidos
Preveía cuotas de contenidos y restricciones a cierto tipo de programas con severas sanciones; no contenía referencias a la protección del periodismo
Autoridades de aplicación
Las ex AFSCA y AFTIC preveían mandatos desfasados de los mandatos presidenciales, pero sin renovación escalonada y no exigían diversidad de género
Actores de la comunicación
En medios audiovisuales, la legislación daba un tratamiento preferencial a los entes de derecho público (Estado, Iglesia, universidades estatales y pueblos originarios)
Restricciones a la propiedad
La TV abierta no podía operar TV por cable y viceversa; los operadores de algunos servicios públicos no podían tener medios, y los servicios de TV paga no podían tener más de 24 licencias
Funcionarios y representantes del derecho y de la filosofía trabajan en la nueva ley
El DNU 267/15 que en diciembre pasado derogó la Ley Audiovisual y disolvió la polémica AFSCA también creó una comisión para redactar el anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. Esa comisión está integrada por el secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Héctor Huici; los directores del ENaCom Silvana Giudici y Alejandro Pereyra; el vicepresidente de la estatal Arsat, Henoch Aguiar; el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el filósofo Santiago Kovadloff. El equipo se repartió el trabajo en dos subgrupos que trabajan sobre cuestiones de telecomunicaciones, por un lado, y de radiodifusión, por otro.
El trabajo se organiza en reuniones de puesta en común y redacción de la norma -que ya tiene 17 principios inspiradores, una estructura y varios artículos avanzados-, y en encuentros quincenales con entidades sectoriales que van a plantear sus opiniones y pedidos (por allí ya pasaron algunos de los sectores más críticos a la derogación de la Ley Audiovisual de 2009). A eso se suman debates académicos (hasta ahora hubo tres, en las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) y seminarios internacionales. En el debate académico de Buenos Aires participó, entre otros, Damián Loreti, el redactor del proyecto original que en 2009, con modificaciones, terminó convirtiéndose en la Ley Audiovisual.
En forma paralela, Aguad, De Godoy y los directores del ENaCom, ya se reunieron con varios reguladores y ex reguladores de distintos países. Pero en ese sentido la relación más intensa es con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de los Estados Unidos. Semanas atrás, estuvieron el presidente de la FCC, Thomas Wheeler, y el embajador Daniel A. Sepúlveda, coordinador para la Política Internacional de las Comunicaciones y principal colaborador del secretario de Estado estadounidense, John Kerry. En uno o dos meses, viajará a Washington una delegación argentina encabezada por Aguad y sus funcionarios, e integrada también por directivos de los principales operadores privados del sector, para conocer cómo funciona la FCC y hacia dónde está yendo (ya están trabajado en liberar espectro para 5G, por ejemplo).
En el proceso de redacción de la norma también hubo una participación informal de la consultora McKinsey, contratada oficialmente para ayudar en el plan de negocios de la estatal Arsat, y que hizo un relevamiento de legislación comparada en telecomunicaciones y radiodifusión en todo el mundo. También fueron escuchados académicos como Carlos Winograd, ex secretario de Defensa de la Competencia y profesor de la Escuela Económica de París-ENS.
Además de la oposición de la heterogénea Coalición por una Radiodifusión Democrática y de los sectores académicos que sostuvieron la ley de 2009, también surgen voces que se oponen a la regulación de algunos aspectos de las nuevas tecnologías, como la Cámara Argentina de Internet (Cabase). Pero por la misma razón otras entidades expresaron su apoyo explícito al proceso en marcha, como la Asociación Latinoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), que agrupa a las empresas telefónicas (que siguen reclamando contra el cepo de dos años a la competencia en TV paga con los cables, que vence en diciembre de 2017).
Fuente: Diario La Nación