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| Los impulsores de la medida: el procurador general, Alejandro Gullé junto al gobernador Alfredo Cornejo |
Los medios mendocinos ya se hicieron eco de ese proyecto de ley y sembraron su preocupación.
El Sindicato de Prensa de Mendoza manifiesta su rechazo a la reforma del art. 7 de la Ley 8008 del Ministerio Público impulsada por el gobierno de la provincia
La reforma propuesta va más allá del objetivo central que, se sostiene, se pretende impulsar, el perfeccionamiento del sistema de investigación penal.
La modificación del art. 7 establece que "la información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General". Este agregado importa una negación de la obligación de dar información que la ley otorga a los "integrantes del Ministerio Público". Afecta, además, la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan. Interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación. Filtrar la información a través de "una dependencia habilitada al efecto por la Procuración General " es aceptar un grado importante de censura en el derecho a expresar libremente la información por los medios de comunicación.
Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata.
En términos reales la reforma propuesta configura una Ley mordaza por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer.
La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales.
El Derecho a la Información abarca tanto la facultad de dar como de recibir información.
Lamentamos que el gobierno en lugar de tomar la decisión política de sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, como ya lo han hecho varias provincias, y reclamó en más de una ocasión el Sindicato de Prensa, avance exactamente en sentido contrario a un objetivo de mayor transparencia en el manejo de la información pública afectando la calidad institucional de la provincia.
Atento a que se pretende una rápida sanción en la Legislatura de Mendoza de la reforma propuesta el Sindicato de Prensa solicita a los legisladores desestimen la modificación que se pretende introducir al artículo 7 de la Ley 8008.
Rechazo a intento de Ley Mordaza
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) adhiere a lo expresado por su filial, el Sindicato de Prensa de Mendoza, al manifestar su rechazo a la reforma del artículo 7 de la Ley Nº 8.008 del Ministerio Público, impulsada por el gobierno de la provincia, y condena la actitud censuradora y anticonstitucional del Ejecutivo Provincial
La reforma propuesta va más allá del objetivo central que, se sostiene, se pretende impulsar, el perfeccionamiento del sistema de investigación penal.
La modificación del artículo 7 establece que “la información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”. Este agregado importa una negación de la obligación de dar información que la ley otorga a los “integrantes del Ministerio Público”. Afecta, además, la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan. Interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación. Filtrar la información a través de “una dependencia habilitada al efecto por la Procuración General ” es aceptar un grado importante de censura en el derecho a expresar libremente la información por los medios de comunicación. Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata.
En términos reales la reforma propuesta configura una Ley mordaza por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer.
La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales.
El Derecho a la Información abarca tanto la facultad de dar como de recibir información.
Lamentamos que el gobierno en lugar de tomar la decisión política de sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, como ya lo han hecho varias provincias, y reclamó en más de una ocasión el Sindicato de Prensa, avance exactamente en sentido contrario a un objetivo de mayor transparencia en el manejo de la información pública afectando la calidad institucional de la provincia.
Atento a que se pretende una rápida sanción en la Legislatura de Mendoza de la reforma propuesta, el Sindicato de Prensa y la FATPren solicitan a los legisladores desestimen la modificación que se pretende introducir al artículo 7 de la Ley Nº 8.008.
"Preocupación de FoPeA por proyecto de ley que implica "cepo judicial" en Mendoza”
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresa su preocupación por la posibilidad de que la Legislatura de la Provincia de Mendoza trate y apruebe una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal que implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.
En contra del actual marco normativo y de los usos y costumbres habituales en la relación entre Justicia y prensa, la reforma al artículo 7 de la ley 8008 del Ministerio Público prohíbe a los fiscales hablar con medios de prensa e indica que la información"será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General". Las sanciones previstas para los fiscales que incumplan tal restricción llegan incluso a hacerlos pasibles de incurrir en mal desempeño de sus funciones. Este "cepo judicial" supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el "filtro" de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión.
FoPeA advierte a los legisladores de la Provincia de Mendoza y a las autoridades del Ministerio Público Fiscal respecto de las graves implicancias que la sanción de tal reforma ocasionaría para el normal flujo de informaciones.
Esta pretendida reforma va en contra de la tendencia actual y del propio criterio de la Corte Suprema respecto de hacer más transparente y fluida la comunicación judicial.
Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal. Existe ya un marco jurídico que regula estos asuntos y pretender acotar aún más la cuestión implica transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y las normas supranacionales referidas a transparencia y derecho a la información.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza