Por: Ezequiel Dolber
¿En qué estado se encuentra la causa judicial que investiga el ataque de la patota contra la redacción de Tiempo Argentino y Radio América?
Esta semana, terminada la feria judicial, recibimos la buena noticia de que la causa contra Mariano Martínez Rojas, su patota y la policía, en la que los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América son querellantes con patrocinio de CorRePI, se va sin más demoras al fuero federal. Ni la fiscal Verónica Andrade ni los defensores de los imputados apelaron la resolución de la jueza Correa que nos dio la razón y resolvió que el fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad es incompetente porque se trata de un atentado al derecho de expresión y la libertad de prensa. Así que pronto tendremos la posibilidad de plantear la acumulación con la causa de la toma de la planta de transmisión, donde los acusados son los mismos, y de ampliar el ofrecimiento de medidas de prueba para que no queden dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, bajo la dirección de Martínez Rojas y con el imprescindible aporte de la policía federal, que convenció al cerrajero que podía abrir sin consecuencias las puertas.
Recientemente Martínez Rojas denunció a los trabajadores de América, ¿de qué se trata este nuevo ataque?
Es verdaderamente escandaloso que un estafador denuncie a parte de los trabajadores que estafó, y que un juez y un fiscal no rechacen de inmediato la denuncia, sino que le den trámite. Es una causa iniciada por Martínez Rojas a fin de mayo, después que intentó sin éxito entrar por la fuerza a Amenábar 23. Simultáneamente denunció a los trabajadores de Tiempo por usurpación, pero como nunca demostró que tuviera algún derecho sobre el edificio o los muebles y útiles del diario, la fiscalía contravencional, penal y de faltas número 2 no activó medidas. Contra los trabajadores de Radio América, en cambio, denunció que lo están estafando porque “venden los espacios de los programas de la radio y cobran pauta publicitaria” en su perjuicio. El juez la delegó a la fiscalía de instrucción 4, que citó varias veces al empresario para que ampliara y aportará documentación que acredite algún derecho, cosa que no sucedió. A partir del 4 de julio, el fiscal Matías Di Lello se dio cuenta con quién lidiaba, e incorporó de oficio recortes de noticias sobre el conflicto, incluida algunas crónicas y fotos de la radio abierta del SiPreBA frente al juzgado de la doctora Correa el día de la audiencia para fundamentar el pedido de incompetencia. También pidió informes al ministerio de Trabajo y al Enacom, lo que permitió que los trabajadores se enteraran que la causa existía. Una vez mas, confiaron su defensa a CorRePI, y ya estamos presentados y listos para exigir el cierre de esa causa.
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