En primer lugar, se refirió al texto que encabeza la presentación de los 17 principios y que taxativamente dice: “regirán la ley de comunicaciones”. “Sobre esto es importante aclarar que lo que ha hecho el Gobierno con este documento es presentar la posición de la primera minoría política, que es gobierno y conduce el Estado en esta materia, pero no regirá. El que legisla es el Congreso de la Nación, por lo tanto si regirá o no es algo que va a resolver el Poder Legislativo, no esta comisión. A qué voy con esto, si el Gobierno no construye consenso, vamos a una situación en donde muy probablemente el próximo Gobierno que suceda a este pueda derogar por decreto, como hizo Macri con la legislación previa, toda esta construcción con la excusa servida en bandeja de plata de que no hubo suficiente consenso con la regulación sobre estos temas estratégicos. Cuidado con esa aseveración de que estos son los principios de la ley, esto es lo que un sector del Gobierno propone para un proyecto de ley que eventualmente presentará en el Congreso.
Sobre el primero de los principios afirma que: “las comunicaciones convergentes son aquellas que permiten recibir, producir, transportar y distribuir información, opinión, contenidos –garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información- con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilicen¨. Para Becerra esta definición “cobija tensiones tanto con la política de comunicación que ejecuta desde hace seis meses el gobierno nacional, como con el objetivo de participar a todos los actores de la cadena productiva convergente en igualdad de condiciones”.
Sin embargo, muchos de los principios "encuentran coincidencias con los estándares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (DDHH), dice, señalando la afirmación que ´el acceso y la participación en las comunicaciones convergentes debe ser plural, diverso e igualitario´, también inscriptos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la que, a pesar de la retórica de funcionarios a cargo del sector, estos principios guardan más de una semejanza"
En segundo término, Becerra destaca que lo importante vendrá con la redacción de los artículos. “Como sabemos bien, el diablo está en los detalles. Si bien uno podría pensar que muchos de estos principios son compartidos por buena parte del arco político y social así redactados en forma genérica, sin embargo está claro que cuando estos se traduzcan en la redacción concreta de artículos más precisos va a haber problemas. Por ejemplo, el principio que el acceso y la participación en las comunicaciones convergentes debe “ser plural, diverso e igualitario”, hay que ver cómo el Gobierno lo conjuga con otros que plantea, como el de defensa de la competencia, y con aquel que dice en su definición de convergencia la idea de que, y en esto sintetizo, todos los operadores pueden hacer todo. Es decir, todos estos principios son genéricos, creo que hay que ver cómo funcionan después en un texto concreto y qué entiende el Gobierno por ellos, o sea en la interpretación y en la aplicación de los principios rectores.”
En relación a la autoridad de aplicación que prevé un órgano unificado para lo audiovisual, las telecomunicaciones e Internet, Becerra remarcó que “no tiene participación de fuerzas políticas diversas ni tampoco tiene representación federal. Es decir, una autoridad de aplicación cuyo diseño tal como está redactado el lineamiento correspondiente es muy centralista, lo cual es preocupante y no tiene algo que los estándares americanos de DHH señala, que es el requisito de autonomía, tanto de presiones políticas como de presiones económicas. Eso no está asegurado en la redacción de este documento donde sólo se piensa en que los miembros no sean del mismo género, que sean personas idóneas y posean reconocida trayectoria académica o profesional en la materia”
Los principios difundidos por el gobierno también reconocen “prestadores de gestión estatal, privados sin fines de lucro y privados con fines de lucro. El texto no menciona si a los “sin fines de lucro” se les proyecta el objetivo de reserva del 33% de las frecuencias audiovisuales que la ley anterior incluyó (y que la política de medios del kirchnerismo no cumplió).”
Al referirse a los medios comunitarios en el principio 17, “lo hace en forma muy parcial y limitada diciendo que el Estado proveerá líneas de fomento para medios comunitarios en lugares alejados o en zonas marginales. Eso es preocupante porque manifiesta una concepción acotada y prejuiciosa sobre el funcionamiento del sector comunitario de la comunicación y también prescinde de los estándares de los sistemas interamericanos de DDHH”.
Cabe preguntarse si con la presentación formal del documento se abre ahora una nueva instancia de participación, ya que hasta ahora el Gobierno se reunió con diversos actores sólo para escucharlos. En este sentido Martín Becerra resaltó que no le parece que el texto “esté alejadísimo de las contribuciones que varios hemos hecho. Por supuesto, no las recoge en su totalidad pero es atribución del Gobierno hacerlo o no. Ahora habrá que ver si se dispone a abrir espacio de debate y participación”.
En relación a los aportes que podría haber hecho en el diseño del anteproyecto de ley de comunicaciones la consultora estadounidense McKinsey, Becerra dijo que le consta en concreto “que trabajó por lo menos hasta el mes pasado y sostuvo reuniones en nombre del área del Ministerio de Comunicaciones. Los empleados de la consultora que tuvieron reuniones con actores del mundo de la comunicación dijeron que tenían vía libre para proponer modificaciones normativas y regulatorias. Dieron a entender de manera explícita que ellos trabajan en el marco de un proceso de revisión de la regulación de todos estos temas. Por lo demás, también hay mucho run run”.
Foto: ENaCom
Fuente: Colsecor Noticias
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