El gobierno de Cristina Fernández no mostró la misma
voluntad democrática para aplicar la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual: se concentró en una estéril pelea con el grupo Clarín, no llamó a
concurso para los medios comunitarios, no realizó un plan técnico de
frecuencias, utilizó los medios de propiedad estatal para su provecho y cooptó
las autoridades regulatorias con una lógica de política partidaria
Por: Guillermo Mastrini
El gobierno de Mauricio Macri no cumplió aún 150 días.
Resultan habituales las discusiones y los debates en torno a la política
económica y social, en los que se observa una profunda división entre
defensores del kirchnerismo y partidarios del nuevo gobierno. Sin embargo, hay
un sector en el que los cambios han sido radicales sin que la sociedad se haya
hecho eco de ellos: las políticas de comunicación. Luego de la asunción de
Macri, el 10 de diciembre de 2015, una serie de medidas, varias al límite de la
legalidad, implicaron un giro de 180 grados en la regulación del sector
audiovisual. Casi no hubo debate público, el Congreso de la Nación consintió
los cambios en una sesión de la que no se supo el resultado de la votación ni
quiénes votaron a favor o en contra. Con la nueva regulación, se eliminaron
varios límites a la concentración de la propiedad, la televisión por cable dejó
de estar sujeta a la ley audiovisual (se la pasó a considerar dentro del sector
de las telecomunicaciones), y se reformularon las autoridades de aplicación:
estas quedaron vinculadas directamente al gobierno y se eliminaron instancias
de participación de la sociedad civil.
Cabe preguntarse cómo ha sido posible semejante
transformación en tan poco tiempo. Si la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA) fue uno de los emblemas de la gestión de Cristina Fernández,
los hechos parecen demostrar que tenía pies de barro. Para entender la
situación, resulta conveniente repasar las políticas de comunicación de la
etapa kirchnerista.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se
mantuvo el modelo privatista comercial. Si bien la comunicación política del
gobierno registraba algunos debates en torno a lo publicado por los grandes
medios, especialmente el diario La Nación, durante este período se prorrogaron
las licencias y se facilitaron procesos de concentración. El movimiento social
comenzó a solidificar una propuesta de nueva política, al lanzar la Coalición
por una Radiodifusión Democrática (CRD); el eco en el gobierno fue menor.
Poco tiempo después de haber asumido Fernández, se desató un
enfrentamiento público entre el gobierno y el grupo Clarín, que el conflicto en
torno a las retenciones agrarias contribuyó a amplificar. Una de las medidas
que la nueva mandataria dispuso fue poner en discusión la necesidad de aprobar
una nueva ley de radiodifusión, y para ello tomó como referencia las propuestas
elevadas por la CRD.
En octubre de 2009, el Congreso Nacional aprobó la LSCA para
los servicios de radio, televisión abierta y de pago. La nueva regulación
estableció la comunicación como un derecho social y reconoció tres tipos de
prestatarios de los servicios: el Estado, los privados comerciales y los
privados sin fines de lucro. Para este último sector reserva 33% del espectro,
siguiendo el modelo uruguayo. La ley generó un marco institucional que permitía
la participación de las minorías parlamentarias en la autoridad de aplicación y
en el directorio de los medios públicos. También elevó los límites
anticoncentración y reivindicaba una política de producción de contenidos a
nivel nacional. La LSCA respetaba los estándares internacionales de libertad de
expresión, y contó con amplio apoyo político y social de diversas
organizaciones de derechos humanos, sindicales, universitarias, artísticas y de
comunidades de pueblos originarios.
La oposición de los medios privados a la ley fue
significativa, y el grupo Clarín (principal multimedio del país) consiguió
bloquear judicialmente la aplicación de algunos artículos. Recién en 2013, tras
un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley fue declarada plenamente
constitucional. El dictamen de la Corte es muy significativo, porque sienta
jurisprudencia del más alto nivel sobre el concepto de libertad de expresión.
El fallo considera sus dos dimensiones: una de carácter individual, basada en
el derecho personal a hacer públicas las ideas, de la que derivan derechos
patrimoniales, y otra de carácter social o colectivo, basada en asegurar al
conjunto de la población el derecho a ejercer su libertad de expresión.
Luego del fallo de la Corte, el gobierno tuvo las manos
libres para llevar adelante el proceso de aplicación de la ley, con el objetivo
de alcanzar una mayor democratización de los medios. Sin embargo, algunas
prácticas en el sentido contrario, que comenzaron a vislumbrarse en 2010, se
profundizaron. El gobierno de Fernández no mostró la misma voluntad democrática
para aplicar la ley: se concentró en una estéril pelea con el grupo Clarín, no
llamó a concurso para los medios comunitarios, no realizó un plan técnico de
frecuencias, utilizó los medios de propiedad estatal para su provecho y cooptó
las autoridades regulatorias con una lógica de política partidaria. Estas
prácticas hicieron que el consenso sobre la LSCA disminuyera y que, luego de
cinco años de sancionada la ley, la sociedad observara pocos cambios
estructurales. Mientras tanto, el macrismo y los grandes medios insistían en
que el único objetivo de la LSCA era controlar la prensa. Con el cambio de
gobierno a fines de 2015, la ley sufrió cambios tan importantes que han
transformado su sentido, tal como fue reseñado en el inicio.
La experiencia argentina resulta sumamente interesante en su
esplendor y en su fracaso. Niveles de debate social nunca vistos, interés del
Estado en sus tres poderes, fallos del poder judicial que sustentan visiones
progresistas de la comunicación y una movilización social sobre la importancia
de democratizar la comunicación realzan una iniciativa que supo ser ejemplar en
América Latina. Su aplicación desde una perspectiva político-partidaria nos
enseña la importancia de la construcción colectiva más allá de la coyuntura
política de un gobierno. En Argentina, al menos, repetir la experiencia llevará
años.
El autor
Mastrini es doctor en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias de la Comunicación
por la Universidad de Buenos Aires. Profesor en la Universidad de Quilmes,
donde fue director de la Maestría en Industrias Culturales, y en la Universidad
de Buenos Aires, donde está a cargo de la cátedra Política y Planificación de
la Comunicación. Es miembro del comité científico internacional Television
& New Media, Global Media and Communication y de revistas especializadas en
comunicación. Fue presidente de la Federación Argentina de Carreras de
Comunicación Social y director de la carrera Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Buenos Aires.
Fuente: La Diaria