Desde luego que la posibilidad de contar con una ley de acceso a la información pública que facilite que cualquier persona pueda requerir información en poder del Estado, representa una herramienta muy útil a la hora de ejercer el periodismo, ya que quienes tienen como profesión la difusión de noticias e información podrían ver allanado su camino si la ley se aplica con ética y responsabilidad. De esta forma, la sociedad se favorecerá con más y mejor información que, desde luego, es el camino para una sociedad cada vez más democrática.
Recordamos que la APSF y el SPR participaron de una audiencia pública convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales para recibir aportes al mensaje enviado por el Ejecutivo, audiencia que tuvo escasa difusión y convocatoria hacia el interior del país. En esa oportunidad se señalaron aportes que los gremios creemos relevantes para mejorar la ley, mas los mismos no fueron tomados en cuenta.
El mayor de los aspectos cuestionados en esa oportunidad, y que fue señalado por casi todas las ONGs presentes en la misma, no fue corregido: el director de la Autoridad de Aplicación depende en su nombramiento y remoción exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional, hecho que a todas luces la aleja de la transparencia de las gestiones de gobierno que la ley pretende legislar.
Otro de los cuestionamientos que se deben hacer al texto recientemente aprobado por Diputados está relacionado con el cuantioso número de excepciones a la aplicación de la ley que el texto prevé, que pueden llevar a mantener el secreto en lugar de favorecer la apertura de la información. Entre las excepciones se encuentra la de que “la información haya sido clasificada como reservada, confidencial o secreta…” pero sin determinar quién o cuando esa calificación se debe hacer.
Ponemos la expectativa en que el debate en la Cámara de Senadores sea más amplio y recepte las opiniones ciudadanas en cuanto propuestas para mejorar el texto y concretar el derecho de acceso a la información pública como un verdadero puente para la transparencia de las gestiones de gobierno, a la vez que se garantice realmente la independencia del organismo de aplicación de la ley.
La misma amplitud de debate reclamamos al gobierno provincial, que recientemente, a través del Poder Ejecutivo, envió un mensaje sobre la materia a la Legislatura.
Asociación de Prensa de Santa Fe - Sindicato de Prensa Rosario