En su exposición, habló de cierta “ingenuidad” de los gobiernos en relación a los favores que le otorgan a los grandes medios, ¿podría explicar por qué?
Diría que hay sobre todo falta de política, de pensamiento y dedicación a estos temas. Hay una mirada muy instrumental de la política hacia los medios, que atraviesa a todos los sectores. Me parece que la mayoría de los políticos opera como cuando se sientan con los fabricantes de juguetes o los supermercadistas, creyendo que se trata del precio de la yerba de algún tipo de oferta; y los medios son mucho más que eso. Son eso también: son un precio, un mercado y una mercancía; pero son mucho más y eso los gobiernos no lo ven. Si no fueran tan ingenuos, por ejemplo, el gobierno de (Mauricio) Macri hubiera dosificado los beneficios extraordinarios que le dio al Grupo Clarín principalmente, y a otros grupos grandes, con el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Es decir, si fuera el gobierno consciente de que la tensión con los medios es constitutiva de las relaciones medios-gobierno, creo que una política pragmática más eficaz sería dosificar beneficios.
¿Qué balance hace de la audiencia del 8 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Ud. participó?
Creo que sirve, es una audiencia que condiciona al gobierno porque queda observado por la CIDH en estos temas. El gobierno tuvo una estrategia que en la audiencia le resultó bastante eficaz: no hablar del DNU, como si fuera algo meramente transitorio, pasajero, como si fuera a ser reemplazado rápidamente. El tiempo también le patea en contra y se condicionó a sí mismo. Ahora hay que ver que tan transitorio es… para mí no es nada transitorio.
¿Piensa que no habrá una nueva Ley de Audiovisual?
Creo que es difícil que la haya porque en general las regulaciones de medios en la Argentina no ocurren por el tema en sí mismo, sino como coletazos de otros temas. Hubiera sido difícil que el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) haya sido presentado si no hubiese habido antes una crisis del campo y una ruptura con Clarín. Es decir, hay condiciones que son extra ley, pero que hacen a la ley. ¿Que creo de este gobierno? Dependerá mucho del escenario económico. Si no camina, la mayoría que el gobierno pueda construir para aprobar cada una de las leyes que vota el Congreso se le va a ir desarmando. Y hay que ver si un gobierno con las necesidades que pueda llegar a tener –en la hipótesis de que la economía no funcione- esté dispuesto a pagar un precio tan alto por una ley que no le es tan central tampoco, porque con el DNU ya tiene calmados a los principales grupos de medios.
O sea que va a buscar dilatar la situación…
A menos que le vaya bien económicamente. Personalmente, con mis compañeros estamos laburando para generar insumos de discusión desde nuestra perspectiva, por si se trata y se discute. Ojalá que sí.
En caso de que se debata ¿Cuáles son los riesgos?
Creo que hay varios. Hay riesgos que son políticos. Estos temas requieren experticias que son multidisciplinarias: necesitas conocer la territorialidad, haber ido a radios comunitarias, saber de los actores sociales, tener una mirada politológica de cuáles son los mejores diseños institucionales para que los organismos públicos no sean cooptados por el regulado… Las problemáticas entre Clarín y Telefónica, o entre Telefónica y WhatsApp no se entienden con un resumen que te haga un asesor, es algo que demanda un trámite mayor. Otro riesgo es que -creo que es lo que el gobierno está haciendo desde que asumió- detrás de la consigna de la convergencia y la modernidad se trafique una iniciativa que en realidad lo único que hace es yuxtaponer niveles de operación de actores concentrados en un mercado concentrado. O sea, decirle a Telefónica que puede dar audiovisual o a Clarín que pueda dar telecomunicaciones, eso no es convergencia. Es un riesgo sobre todo porque si es así van a dejar abierto miles de quilombos por solucionar el problema coyuntural de tres o cinco grupos. Y son problemas que van a surgir en lo inmediato.
¿Ud no está en contra del acceso de las telefónicas al mercado audiovisual?
No. Creo que no se puede evitar. Ya está: tienen los cables tendidos, a mi hogar llega Telefónica y a otros Telecom. ¿Le vas a prohibir dar un servicio que pueden dar? Es absurdo. Lo que una política pública tiene que hacer es exigirle que desagreguen algo, para que haya otros, para que no sean los únicos. Las telefónicas tienen una espalda económica muy superior a Clarín. Sí necesita controles y mucha regulación. La regulación tiene que ser muy estricta, porque sé que no se va a cumplir. Mi lectura es que la LSCA, aún sin ser cumplida, es un signo que interpreto como muy positivo porque te marca la cancha de la política pública, te marca objetivos. Vos le podés decir a las telefónicas que hasta que no desagreguen el 25% del dominio del mercado no pueden dar televisión por cable, y aunque la den igual entrás en una dinámica donde ellos están en off side. Es complicado, porque soy consciente de las limitaciones del Estado argentino que no le va a poner el cascabel a una telefónica. Por eso tenés que tener una política clara y dura, y después es a cara de perro.
¿Por qué piensa que no se aplicó estrictamente la LSCA?
Hubo, en primer lugar en orden de importancia, falta de compromiso del gobierno anterior con la ley. De parte de la conducción de pocas personas, de los que toman decisiones, no de (Martín) Sabbatella. Era una conducción con una visión extremadamente instrumental de los medios, que tal vez creyó en algún momento que con la ley iban a desarmar un poco al Grupo Clarín y fueron dándose cuenta de que no. La cosa se empantanó judicialmente y cada decisión era peor. O sea, el gobierno impulsó la ley y después abandonó el compromiso con los planteos serios de la ley. En segundo lugar, por la resistencia de los grupos concentrados, que a su vez divido en dos: la manifiesta, conocida y documentada de Clarín con los tapones de punta; y los otros que también la eludieron, no se adecuaron, cada uno con su estrategia.
Un señal hacia la región
¿Qué pasa con la discusión actual en el marco regional?
Creo que -espero equivocarme- la Argentina anticipa este debate en otros países. Veo muchísimo interés de actores políticos, del sector intelectual y de empresarios de medios (mexicanos, brasileños, uruguayos, chilenos, peruanos) con lo que pasa acá. Muchos consideran que la regulación de medios que se adoptó en algunos países es excesiva y nos ven como un caso testigo para desarmar eso. Los empresarios festejan los DNU; las organizaciones de la sociedad civil siguen con inmensa preocupación lo que está pasando. Eso se notó mucho en la audiencia en Washington por la repercusión que tuvo. Y me parece que por eso es bueno (no quiero decirlo en vos muy alta, ni siquiera lo sé expresar correctamente) el consenso que existe en torno a no tocar algunos puntos básicos de la LSCA, como el 33% para los medios sin fines de lucro. No es menor, en Brasil la derecha no te acepta esto ni a palos, a los radiodifusores comunitarios los meten en cana y los decomisan. Acá la derecha te dice que este es uno de los ejes de la futura ley, entonces, dame esta derecha. Esto marca los límites de lo que es posible y admisible por parte de la sociedad, y ese es un saldo que indica que no todo está perdido. Ya sé que la discusión de la concentración va a ser muy difícil, pero hay otros puntos importantes y viendo el interés que hay en la región, que esos puntos no se toquen en una futura regulación también es una señal hacia otros países de Latinoamérica.
Fuente: El Diario