 |
| Mauricio Macri. Enrique Marcarian - Reuters |
El mundo habla de Mauricio Macri. Su nombre apareció en la última semana en casi todas las portadas de diarios por ocupar uno de los cargos políticos más altos involucrados en la revelación de los 'Papeles de Panamá'. En su país, sin embargo, la reacción fue diferente.
“Llama la atención que el presidente –ante la gravedad de la denuncia– sea tratado tan amablemente por los medios argentinos”, señaló el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, responsable de la filtración masiva de documentos, dos días después de que se conociera que el mandatario había omitido declarar una sociedad que poseía oculta en el paraíso fiscal de Bahamas.
Se refería, por supuesto, a la cobertura de los principales medios, muchos de los cuales se beneficiaron por las modificaciones que el mandatario realizó por decreto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por las que ayer su Gobierno tuvo que defenderse en Washington durante una audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nuevo Gobierno, nueva ley de medios. El Español analiza cómo ha cambiado el escenario mediático en Argentina y por qué los organismos internacionales han puesto bajo la lupa la nueva legislación sospechosa de favorecer la concentración.
Una ley, un largo juicio y un decreto
“El país se merece un real debate de la ley de medios fuera del contexto de una pugna por el poder”, señaló Macri el 26 de septiembre de 2013 durante una jornada organizada por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). El entonces alcalde de la Ciudad de Buenos Aires hablaba ante un foro dominado por el Grupo Clarín, poseedor de casi la mitad de los abonados al servicio de televisión por suscripción.
Un mes antes, los abogados del principal grupo de medios del país se habían presentado a una audiencia pública en la Corte Suprema solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) votada por el Congreso en el año 2009 y que, entre otras cosas, ponía límites a la concentración y obligaba al grupo a desinvertir o dividirse en cuatro unidades de negocio independientes. Veinte días después el máximo tribunal ratificó su validez.
A pesar del voto del Congreso y la definición de la Corte, Macri decidió poner manos sobre el asunto apenas asumió como presidente en diciembre pasado. En su primer día en la Casa Rosada firmó un decreto que subordinaba al Ministerio de Comunicaciones la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el ente autárquico que velaba por el cumplimiento de la ley. Dos semanas más tarde, a través del decreto 267, creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) en reemplazo de la AFSCA y reformó la ley 26.522 en varios puntos clave.
Extendió las licencias actuales de los canales de TV y las emisoras de radio por 10 años con una renovación automática por otros 5; aumentó la cantidad de licencias que cada persona física o jurídica puede tener y autorizó la venta de estas sin intermediación del Estado; amplió del 15 al 45% el capital accionario que cada sociedad puede comercializar en la bolsa; y fijó al año 2018 como fecha de largada para que las telefónicas puedan brindar servicio de televisión por cable.
Además, al crear ENaCom diseñó un nuevo ente de aplicación en donde cuatro de los siete directores son designados directamente por el poder ejecutivo y los otros tres corresponden a los bloques mayoritarios del congreso (es decir que el partido gobernante sumaría un representante más). Los siete, a su vez, pueden ser removidos sin causa por el presidente.
El ejecutivo nombró rápidamente sus cuatro directores y puso en funciones al ENaCom. “De ellos, tres son de los grupos de medios con mayor audiencia de la Argentina. Clarín, Telefónica y Cadena 3 (una de las principales cadenas de radio del país) tienen gente de su riñón o por lo menos afín en el directorio”, resumió días después el doctor en Comunicación Martín Becerra en una entrevista. Se refería a Heber Martínez, ex gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Telefe (perteneciente a Telefónica); Alejandro Pereyra, un abogado que había sido propuesto para integrar el directorio de la AFSCA pero cuya candidatura fue impugnada por haber representado jurídicamente a Cadena 3; y a Silvana Giudici, que preside una fundación que se presentó en la audiencia ante la Corte citada anteriormente en defensa de Clarín.
Giudici y Pereyra, además, integran la comisión que creó el ejecutivo para diseñar un nuevo proyecto de ley de medios. Ellos estarán acompañados por otras cuatro personas, entre ellas los abogados Andrés Gil Domínguez, quien también argumentó ante la Corte en 2013 en favor del Grupo Clarín, y Henoch Aguiar, quien defendió como jurista a Telecom y Telefónica antes de impulsar la desregulación del sector en el año 2000 como Secretario de Comunicaciones bajo el gobierno de Fernando De la Rúa. Esta comisión, también acusada por su sesgo pro-empresario, se dio un año para presentar una propuesta en el Congreso.
“El país se merece un real debate de la ley de medios fuera del contexto de una pugna por el poder”, señaló Macri el 26 de septiembre de 2013 durante una jornada organizada por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). El entonces alcalde de la Ciudad de Buenos Aires hablaba ante un foro dominado por el Grupo Clarín, poseedor de casi la mitad de los abonados al servicio de televisión por suscripción.
Un mes antes, los abogados del principal grupo de medios del país se habían presentado a una audiencia pública en la Corte Suprema solicitando la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) votada por el Congreso en el año 2009 y que, entre otras cosas, ponía límites a la concentración y obligaba al grupo a desinvertir o dividirse en cuatro unidades de negocio independientes. Veinte días después el máximo tribunal ratificó su validez.
A pesar del voto del Congreso y la definición de la Corte, Macri decidió poner manos sobre el asunto apenas asumió como presidente en diciembre pasado. En su primer día en la Casa Rosada firmó un decreto que subordinaba al Ministerio de Comunicaciones la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el ente autárquico que velaba por el cumplimiento de la ley. Dos semanas más tarde, a través del decreto 267, creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) en reemplazo de la AFSCA y reformó la ley 26.522 en varios puntos clave.
Extendió las licencias actuales de los canales de TV y las emisoras de radio por 10 años con una renovación automática por otros 5; aumentó la cantidad de licencias que cada persona física o jurídica puede tener y autorizó la venta de estas sin intermediación del Estado; amplió del 15 al 45% el capital accionario que cada sociedad puede comercializar en la bolsa; y fijó al año 2018 como fecha de largada para que las telefónicas puedan brindar servicio de televisión por cable.
Además, al crear ENaCom diseñó un nuevo ente de aplicación en donde cuatro de los siete directores son designados directamente por el poder ejecutivo y los otros tres corresponden a los bloques mayoritarios del congreso (es decir que el partido gobernante sumaría un representante más). Los siete, a su vez, pueden ser removidos sin causa por el presidente.
El ejecutivo nombró rápidamente sus cuatro directores y puso en funciones al ENaCom. “De ellos, tres son de los grupos de medios con mayor audiencia de la Argentina. Clarín, Telefónica y Cadena 3 (una de las principales cadenas de radio del país) tienen gente de su riñón o por lo menos afín en el directorio”, resumió días después el doctor en Comunicación Martín Becerra en una entrevista. Se refería a Heber Martínez, ex gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Telefe (perteneciente a Telefónica); Alejandro Pereyra, un abogado que había sido propuesto para integrar el directorio de la AFSCA pero cuya candidatura fue impugnada por haber representado jurídicamente a Cadena 3; y a Silvana Giudici, que preside una fundación que se presentó en la audiencia ante la Corte citada anteriormente en defensa de Clarín.
Giudici y Pereyra, además, integran la comisión que creó el ejecutivo para diseñar un nuevo proyecto de ley de medios. Ellos estarán acompañados por otras cuatro personas, entre ellas los abogados Andrés Gil Domínguez, quien también argumentó ante la Corte en 2013 en favor del Grupo Clarín, y Henoch Aguiar, quien defendió como jurista a Telecom y Telefónica antes de impulsar la desregulación del sector en el año 2000 como Secretario de Comunicaciones bajo el gobierno de Fernando De la Rúa. Esta comisión, también acusada por su sesgo pro-empresario, se dio un año para presentar una propuesta en el Congreso.
En 2013 Macri decía que una ley de medios merecía un debate, su decisión fue cambiarla por decreto mientras el Congreso se encontraba en recesoAunque en 2013 Macri decía que una ley de este tipo merecía un debate, su decisión fue cambiarla por decreto mientras el Congreso se encontraba en receso. El miércoles pasado, reiniciada la actividad legislativa, los diputados decidieron convalidar este procedimiento con una votación a mano alzada. De esta manera, los nombres de los que dieron luz verde a estos polémicos cambios no quedarán registrados en los anales de la cámara baja.
La reacción
Estas decisiones del nuevo gobierno generaron un amplio rechazo entre las asociaciones profesionales y gremiales de periodistas, organizaciones de derechos humanos, universidades y medios de comunicación pequeños y alternativos que habían promovido entusiastamente la ley 26.522. Grupos de académicos publicaron solicitadas y se organizaron manifestaciones masivas en defensa de la norma caída en desgracia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Sindicato Argentino de Televisión, entre otras organizaciones, presentaron una solicitud de audiencia ante la CIDH con el fin de poner en conocimiento del organismo “los graves impactos en materia de libertad de expresión” producidos en el país. Hicieron alusión, entre otros items, a “la afectación de la autonomía de los órganos encargados de la aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales”, “la incompatibilidad de los decretos (…) con los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos” y a “la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de la posición dominante”.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, que había manifestado su preocupación por lo sucedido en Argentina, acompañó el pedido y promovió el encuentro de ayer, que se dio en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH. Durante la cesión, los solicitantes enumeraron los efectos distorsionantes de la nueva legislación. Los representantes del Estado, en lugar de responder por los cambios introducidos, señalaron que eran “transitorios” y aseguraron que estaban “abiertos al diálogo”. Prometieron contemplar las críticas en el diseño de la nueva ley y enfatizaron las críticas que la propia CIDH había realizado al gobierno anterior en materia de libertad de expresión.
Estas decisiones del nuevo gobierno generaron un amplio rechazo entre las asociaciones profesionales y gremiales de periodistas, organizaciones de derechos humanos, universidades y medios de comunicación pequeños y alternativos que habían promovido entusiastamente la ley 26.522. Grupos de académicos publicaron solicitadas y se organizaron manifestaciones masivas en defensa de la norma caída en desgracia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Sindicato Argentino de Televisión, entre otras organizaciones, presentaron una solicitud de audiencia ante la CIDH con el fin de poner en conocimiento del organismo “los graves impactos en materia de libertad de expresión” producidos en el país. Hicieron alusión, entre otros items, a “la afectación de la autonomía de los órganos encargados de la aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales”, “la incompatibilidad de los decretos (…) con los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos” y a “la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de la posición dominante”.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, que había manifestado su preocupación por lo sucedido en Argentina, acompañó el pedido y promovió el encuentro de ayer, que se dio en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH. Durante la cesión, los solicitantes enumeraron los efectos distorsionantes de la nueva legislación. Los representantes del Estado, en lugar de responder por los cambios introducidos, señalaron que eran “transitorios” y aseguraron que estaban “abiertos al diálogo”. Prometieron contemplar las críticas en el diseño de la nueva ley y enfatizaron las críticas que la propia CIDH había realizado al gobierno anterior en materia de libertad de expresión.
De amor y de guerra
"Hoy, por decisión de Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo", señaló el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, el día que se publicó en el Boletín Oficial el decreto que cercenaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquella guerra a la que hacía alusión la había comenzado en 2008 Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el marco de su mayor crisis política consideró que los grandes medios concentrados estaban jugando en su contra. Ahí nació precisamente la pieza legislativa que hoy languidece.
Hoy, por decisión de Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo, señaló el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos PeñaDurante los cinco años anteriores los Kirchner habían convivido con el poder mediático y hasta habían favorecido la concentración. En 2007, sin ir más lejos, tres días antes de cederle el bastón presidencial a su esposa, Néstor Kirchner convalidó la fusión de las dos principales empresas de cable (Cablevisión y Multicanal) que le permitieron a Clarín consolidar su posición dominante. Recién cuando ese inmenso poder de incidencia social se le volvió en contra, el gobierno anterior impulsó una ley que beneficiara la pluralidad.
Hoy Macri se beneficia del amorío con los grupos concentrados que prefieren fustigar a la ex presidenta antes que focalizarse en las denuncias internacionales contra el nuevo mandatario. Pero como le pasó a los Kirchner, puede ser apenas un romance de verano.
Fuente: El Español