A través de dos canales de difusión, el diario La Nación, y el programa Animales Sueltos, de América TV, el jefe de gabinete Marcos Peña –responsable directo de la administración de esos fondos públicos- anticipó que prevé recortar a la mitad el gasto en publicidad oficial respecto del presupuesto que destinaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que la misma política aplicará en las otras dos jurisdicciones en las que gobierna: la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
La nueva estrategia de publicidad oficial viene precedida de la denuncia pública sobre la política “pautadependiente” ejecutada por el anterior gobierno, con la asignación de cientos de millones de pesos a empresas periodísticas creadas o adquiridas por empresarios que identifica como kirchneristas, entre los que sobresalen los dueños del Grupo 23, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, con una asignación de 814.961.991 millones de pesos entre los años 2009 y 2015. Ambos aparecen liderando un ranking en el que nadie se queda afuera.
En una nota publicada ayer por el diario La Nación, el periodista José Crettaz advierte que la “implosión” del sistema de pauta oficial kirchnerista “está provocando una ola inédita de despidos y la desaparición de empresas periodísticas recientes que no lograron ser sustentables sin los fondos estatales y de antiguas marcas que en los últimos años habían sido adquiridas por empresarios kirchneristas”.
Luego afirma que “detrás de las urgencias que plantea la crisis de los “pautadependientes” se esconden posibles hechos ilícitos que comprometen fondos públicos y que hasta el momento nadie parece dispuesto a investigar, ni la Justicia ni la nueva administración”.
“No creo en el relato: el único relato es la realidad. Lo otro es todo verso y toneladas de plata pública destinadas a eso. Nosotros recibimos casi $ 800 millones de deuda de publicidad, que dejó el gobierno pasado a los medios solamente en la jefatura de Gabinete; la dimensión de la locura de la publicidad estatal hay que pararla, después tratar de hacerla transparente. Hay que distribuir democráticamente en todos los medios los anuncios del Gobierno. No hay más periodistas financiados por el Gobierno”, afirmó el jefe de gabinete, Marcos Peña, el lunes en el programa Animales Sueltos de América TV (empresa del grupo Manzano-Vila, uno de los más beneficiados en el reparto kirchnerista de los últimos años).
Crettaz sostiene que el año pasado el presupuesto inicial para publicidad oficial fue de $ 800 millones pero mediante reasignaciones presupuestarias (gracias a los “superpoderes”) terminó en $ 2200 millones sólo considerando el presupuesto de la jefatura de gabinete, y advierte que para 2016, el presupuesto que dejó aprobado el kirchnerismo se fijó en $ 1500 millones.
El gobierno de Macri plantea descontar de allí unos 800 millones de pesos adeudados por la anterior gestión correspondientes a publicidad oficial que datan desde 2012, lo cual revela la intención de que la pauta oficial para 2016 será de 700 millones para medios de comunicación, productoras, periodistas, intermediarios y demás actores que difícilmente la actual gestión pueda eliminar del mercado.
La lógica de la nueva gestión oculta una decisión política equiparable a la política de “subsidios” a medios del gobierno anterior a la que cuestiona:
En apenas cuatro meses, el nuevo gobierno le entregó al grupo monopólico más poderoso del país, Clarín, negocios millonarios destinados a multiplicar sus ingresos al punto de convertirlo en el único que puede prescindir de la “pauta tradicional” que sus competidores necesitan para seguir en el mercado: derogó por DNU la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que –bien aplicada- lo hubiese limitado en su expansión monopólica, le otorgó un lugar privilegiado en la transmisión del fútbol a partir del nuevo diseño del Fútbol para Todos, y nada parece indicar que vaya a cuestionar la adquisición de Nextel , ni la compra de medios en el interior que, solapadamente, el grupo liderado por Héctor Magnetto comenzó a concretar desde el día uno del Decreto que extinguió a la LSCA.
Aún antes de este contexto, Clarín tenía resto suficiente para alimentar a sus medios a través del negocio del cable, con su controlada Cablevisión, gracias a la fusión con Multicanal que le concediera el kirchnerismo en el inicio de su gestión, y antes de asumirlo como el verdadero y más poderoso adversario interno que históricamente fue.
El panorama para los trabajadores de prensa se convierte en una película de terror con un gobierno que decide reducir ostensiblemente la publicidad oficial en los medios de comunicación, empresarios que se enriquecieron durante los últimos años y no previeron un diseño de negocios que les permitiera continuar adaptados al nuevo escenario, y la voracidad del mayor grupo comunicacional del país que no para de extender su capacidad de daño.
Socorro estatal a medios con deudas: la saga continúa*
Por: Martín Becerra
Hoy el gobierno argentino, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 3833 (AFIP) y la Resolución 50/2016 (JGM) con las que continúa el régimen de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, además de gravámenes impagos y multas por infracciones cometidas, a las empresas de medios de comunicación. El mecanismo es que éstas canjean su deuda mediante la cesión de espacios publicitarios para campañas oficiales.
Con esta medida, que continúa haciendo cargo del pasivo de las empresas de medios a la sociedad en su conjunto, el gobierno de Mauricio Macri repite una herencia que se remonta, al menos, a las presidencias de Carlos Menem y que fue abonada por todos sus sucesores hasta ahora. Sólo entre 2003 y 2014 el pasivo de los medios superó los 2500 millones de pesos, según testimonios de gerentes de dos importantes grupos multimedios.
La indulgencia estatal alcanza a las obligaciones previsionales impagas por las empresas de medios relativas a aportes a la seguridad social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al Fondo Solidario de Distribución, a Asignaciones Familiares y al Fondo Nacional de Empleo (cada uno de estos ítems regulados por leyes específicas incumplidas por los deudores). También están comprendidas las multas y los cargos aduaneros impagos, así como los gravámenes a los que, en concepto de explotación de licencias por uso de recursos públicos como el espectro, están obligados los medios audiovisuales por aire. Los beneficiarios de este socorro económico podrán también computar las multas por infracciones cometidas contra la normativa vigente (leyes 22285/1890 de radiodifusión y 26522/2009 de servicios de comunicación audiovisual).
De este modo, el Estado sigue canjeando por publicidad oficial deudas impositivas y previsionales a las empresas de medios. Con ello, el Estado los socorre económicamente: se trata de deuda privada que es asumida por el Estado. es decir, un pasivo que es transferido a toda la sociedad. Es, en rigor, deuda privada que se socializa. Además de la deuda, la cancelación incluye generosamente a los intereses -resarcitorios y punitorios-.
La anulación de compromisos impagos de las empresas de medios por parte de la sociedad representa otra de las múltiples asistencias que el Estado presta a medios grandes, medianos y pequeños y de todas las orientaciones políticas, los que sin esa reiterada intervención estatal tendrían problemas para sostenerse. La fragilidad económica del sistema de medios en la Argentina no es patrimonio del sector “sin fines de lucro”, como suelen referir voceros interesados del statu quo mediático, sino que se extiende al conjunto del sector (con la excepción de un grupo pequeño de grandes conglomerados que realizan subsidios con otras actividades) que, tanto en su cadena productiva como en sus procesos de trabajo, registra altos niveles de precariedad.
El auxilio estatal a las empresas de medios de comunicación es menos visible que el que (también) se realiza con los recursos públicos empleados como publicidad oficial (cuyo volumen y manejo hemos comentado reiteradamente en este blog). Sólo que en el caso de la cancelación de deudas impagas es más ecuánime, puesto que mientras que el gasto en publicidad oficial es manifiestamente discrecional y, durante el kirchnerismo (también durante el menemismo, antes) fue explícitamente discriminador de empresas y grupos críticos u opositores -lo que motivó condenas de la Corte Suprema de Justicia-, los canjes de deuda por avisos alcanzan a todos los medios que dejaron de pagar sus obligaciones como empleadores (las cargas previsionales de sus trabajadores), sus impuestos, sus cargos aduaneros, sus gravámenes y sus multas por infracciones a la normativa. Probablemente por esa “ecuanimidad” en los beneficios, el tema tenga menor repercusión en los propios medios. Como dice el refrán, entre gitanos no se adivinan las cartas.
*Publicada el 9/3/2016 en Quipu
Por: Martín Becerra
Hoy el gobierno argentino, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 3833 (AFIP) y la Resolución 50/2016 (JGM) con las que continúa el régimen de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, además de gravámenes impagos y multas por infracciones cometidas, a las empresas de medios de comunicación. El mecanismo es que éstas canjean su deuda mediante la cesión de espacios publicitarios para campañas oficiales.
Con esta medida, que continúa haciendo cargo del pasivo de las empresas de medios a la sociedad en su conjunto, el gobierno de Mauricio Macri repite una herencia que se remonta, al menos, a las presidencias de Carlos Menem y que fue abonada por todos sus sucesores hasta ahora. Sólo entre 2003 y 2014 el pasivo de los medios superó los 2500 millones de pesos, según testimonios de gerentes de dos importantes grupos multimedios.
La indulgencia estatal alcanza a las obligaciones previsionales impagas por las empresas de medios relativas a aportes a la seguridad social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al Fondo Solidario de Distribución, a Asignaciones Familiares y al Fondo Nacional de Empleo (cada uno de estos ítems regulados por leyes específicas incumplidas por los deudores). También están comprendidas las multas y los cargos aduaneros impagos, así como los gravámenes a los que, en concepto de explotación de licencias por uso de recursos públicos como el espectro, están obligados los medios audiovisuales por aire. Los beneficiarios de este socorro económico podrán también computar las multas por infracciones cometidas contra la normativa vigente (leyes 22285/1890 de radiodifusión y 26522/2009 de servicios de comunicación audiovisual).
De este modo, el Estado sigue canjeando por publicidad oficial deudas impositivas y previsionales a las empresas de medios. Con ello, el Estado los socorre económicamente: se trata de deuda privada que es asumida por el Estado. es decir, un pasivo que es transferido a toda la sociedad. Es, en rigor, deuda privada que se socializa. Además de la deuda, la cancelación incluye generosamente a los intereses -resarcitorios y punitorios-.
La anulación de compromisos impagos de las empresas de medios por parte de la sociedad representa otra de las múltiples asistencias que el Estado presta a medios grandes, medianos y pequeños y de todas las orientaciones políticas, los que sin esa reiterada intervención estatal tendrían problemas para sostenerse. La fragilidad económica del sistema de medios en la Argentina no es patrimonio del sector “sin fines de lucro”, como suelen referir voceros interesados del statu quo mediático, sino que se extiende al conjunto del sector (con la excepción de un grupo pequeño de grandes conglomerados que realizan subsidios con otras actividades) que, tanto en su cadena productiva como en sus procesos de trabajo, registra altos niveles de precariedad.
El auxilio estatal a las empresas de medios de comunicación es menos visible que el que (también) se realiza con los recursos públicos empleados como publicidad oficial (cuyo volumen y manejo hemos comentado reiteradamente en este blog). Sólo que en el caso de la cancelación de deudas impagas es más ecuánime, puesto que mientras que el gasto en publicidad oficial es manifiestamente discrecional y, durante el kirchnerismo (también durante el menemismo, antes) fue explícitamente discriminador de empresas y grupos críticos u opositores -lo que motivó condenas de la Corte Suprema de Justicia-, los canjes de deuda por avisos alcanzan a todos los medios que dejaron de pagar sus obligaciones como empleadores (las cargas previsionales de sus trabajadores), sus impuestos, sus cargos aduaneros, sus gravámenes y sus multas por infracciones a la normativa. Probablemente por esa “ecuanimidad” en los beneficios, el tema tenga menor repercusión en los propios medios. Como dice el refrán, entre gitanos no se adivinan las cartas.
*Publicada el 9/3/2016 en Quipu