El desplazado presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, denunció hoy al Gobierno en la Justicia por el "incumplimiento" del fallo que dejó sin efecto los decretos con los que el presidente Mauricio Macri intervino el organismo y desplazó a su directorio
Sabbatella denunció ante el Juzgado Federal 2 de San Martín el incumplimiento de la orden dictada el último lunes por su titular, la jueza Martina Forns, tras advertir que se trata de una conducta penada por el Código Penal.
En su escrito, el funcionario desplazado manifestó que se presentó en la puerta del organismo para retomar la posesión de su cargo y le fue impedido el ingreso por parte de la Policía Federal y las autoridades que, "de facto, permanecen dentro de la sede de la AFSCA, habiéndose dispuesto un operativo característico de las épocas más negras de nuestra historia".
Por esa razón, Sabbatella también puso en conocimiento de la Justicia la "comisión del delito de desobediencia" por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el funcionario de esa cartera Gonzalo Cané, mencionados por el responsable policial del operativo, comisario Esteban David Artola, según indicó el exfuncionario.
"Al día de hoy, en virtud de las resoluciones judiciales que se conocieron el día lunes, el directorio que presido es el responsable de la gestión de la AFSCA, pero no nos dejan ocupar nuestros lugares y reasumir las funciones", afirmó Sabbatella.
En este sentido, subrayó que "la gente que se encuentra dando órdenes adentro del organismo, no tiene ninguna facultad para tomar decisiones".
Respecto de la situación de incumplimiento denunciada, Sabbatella sostuvo que "los jueces tienen las herramientas necesarias para hacer cumplir sus fallos, porque eso tiene que ver con la división de poderes".
"De lo contrario, nos encontraríamos con que el Poder Ejecutivo decide cumplir o no una resolución judicial en su contra, lo cual atenta contra la protección de todos los derechos ciudadanos y es inconcebible en un Estado de Derecho", agregó.
La denuncia del funcionario desplazado se basa en la medida interina dictada por la jueza Forns, a través de la cual se suspendieron los efectos de los decretos con los el Gobierno intervino la AFSCA y la AFTIC, desplazó a sus directorios, trasladó sus funciones al nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y eliminó los aspectos centrales de la Ley Audiovisual, la cual ya fue apelada por el Gobierno.
En su escrito, Sabbatella puso de relieve que esa conducta está penada por el artículo 239 del Código Penal, en el que se establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
Por su parte, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que inició el amparo en el que se dictó la medida de la jueza Forns, también se presentó para denunciar el incumplimiento y exigiendo que se efectivice, incluso con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.
La Cooperativa citó el artículo 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el cual obliga a los Estados parte, como Argentina, a "garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
Tanto la medida dictada por Forns como la decisión que adoptó el juez federal 7 en lo Civil y Comercial de CABA, Iván Garbarino -también con carácter suspensivo sobre los decretos- fueron apeladas por el Gobierno.
Así lo indicó el Presidente el último martes en conferencia de prensa, en la que señaló que "ya se ha apelado" y que la apelación "le da carácter suspensivo a las medidas que tomaron los jueces", razón por la cual para el Poder Ejecutivo "por ahora no tienen aplicación los fallos".
Fuente: Noticias Argentinas
