La historia argentina de los últimos 60 años también puede leerse como la historia de la relación entre el Estado y sus medios. Y, en particular, a partir del vínculo que se establece entre la organización estatal y el canal de TV que funciona dentro de ella. En septiembre de 2001, La Crujía publicó Canal Siete- Medio siglo perdido, la historia del Estado argentino y su estación de televisión, una investigación periodística con destino de tesis de grado en la que su autor, Leonardo Mindez, se plantea cuestionamientos que doce años después todavía están pendientes de respuesta.
"Estamos ante un punto de inflexión en la historia de Canal 7", señala Mindez en las conclusiones del trabajo. Exactamente lo mismo podría decirse hoy. Y exactamente lo mismo, aunque sin tanta conciencia del lugar central que ocupan estos temas en el debate público actual, también pudo decirse al comienzo de cualquier otra experiencia política argentina ocurrida desde 1951, año inaugural de la televisión argentina. La piedra fundacional de esa historia fue Canal 7, emisora que Mindez con toda lógica prefirió denominar como "gubernamental" en vez de "pública".
El autor justifica el cambio de calificativo desde el hecho fácilmente comprobable de que a lo largo de la historia Canal 7 siempre dependió de modo inmediato o mediato de la Presidencia en vez de funcionar, como otros auténticos ejemplos de TV pública en el mundo, bajo la dependencia de un organismo autárquico no gubernamental.
De existir algo así no nos encontraríamos con la situación que hoy enfrenta el gobierno de Cambiemos: la necesidad de rearmar una programación que tenía en buena parte fecha de vencimiento fija junto con la finalización de la experiencia kirchnerista. Un verdadero canal público funciona de otra manera: sus programas deberían trascender naturalmente los períodos de ejercicio de un gobierno y el recambio en el poder tras una elección. Pero eso sucede cuando no existe alineamiento inmediato y total entre gobierno y medios públicos. Esa es otra condición necesaria para que pueda hablarse de una experiencia genuina de TV Pública. No alcanza con poner en el aire un slogan y una placa institucional alusiva.
Para entender esta anomalía resulta muy útil acudir al manual de Directrices editoriales, valores y criterios de la British Broadcasting Corporation (BBC), que siempre funcionó como ejemplo y modelo de referencia en las cuestiones normativas que rigen el funcionamiento de las emisoras públicas. Ese texto, disponible en Internet, dedica su cuarta parte a la imparcialidad y a la diversidad de opinión.
Allí se plantea como objetivo, entre otros, la intención de "reflejar una amplia variedad de opiniones y examinar los que son conflictivos de manera que ninguna corriente de pensamiento quede en forma intencionada mal reproducida o representada" y la seguridad de que "evitamos las simpatías hacia una de las partes". Estos postulados responden a una línea de conducta que aparece esencial para el funcionamiento de cualquier medio público. "La BBC es independiente tanto del Estado como de los intereses de partido. Nuestra audiencia puede tener la seguridad de que nuestras acciones no se verán influidas por presiones políticas o comerciales ni por ningún interés personal", se agrega al comienzo del manual.
Sólo de esa manera se explican hechos como el ocurrido el 24 de mayo de 1983, cuando la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, en plena campaña electoral en busca de un nuevo mandato, recibió en vivo durante una emisión del programa periodístico Nationwide, de la BBC, el reproche de una geógrafa llamada Diane Gould, quien le cuestionó con dureza su orden de atacar durante la Guerra de las Malvinas al crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión. La pregunta dejó incómoda y muy mal parada a Thatcher en pleno horario central de la TV pública británica.
¿Podría ocurrir algo parecido en la Argentina? Con la historia que la TV pública tiene detrás pensar en algo parecido resulta imposible. Como señala Mindez en su lúcida investigación, la Argentina "históricamente concibió sus medios de comunicación como parte del Estado-aparato antes que del Estado-comunidad". Esa conducta recurrente alcanzó su máxima expresión durante el kirchnerismo con 678, que desde marzo de 2009 y hasta diciembre último ocupó el horario central del canal oficial de lunes a viernes, con el posterior agregado de emisiones dominicales.
Dicen María Julia Oliván (primera conductora del ciclo) y Pablo Alabarces en el libro 678, la construcción de otra realidad, que con el debate sobre la ley de medios como gran marco de discusión, el programa "se posicionó rápidamente como un programa oficialista, que reproducía las posiciones gubernamentales y las defendía con un ardor no exento de humor, así como con duras críticas a los adversarios". Lo que más llama la atención es que los autores jamás se hayan cuestionado mínimamente en todo ese libro (una extensa y atrayente conversación entre ambos) el hecho mismo de que 678 ocupara un lugar en la programación de un medio público. Admitir casi como algo natural la instalación en ese lugar de un "programa oficialista" niega, por definición, la esencia y la existencia de una televisión pública.
"El Gobierno se alimenta de 678 y 678 se alimenta del Gobierno", reconoce Oliván en ese libro, publicado por primera vez en 2010, unos cuantos años antes de que 678 acuñara su último y definitivo slogan, "La crítica al poder real". Una crítica que, como sabemos, siempre se detuvo frente a las estrategias y necesidades del kirchnerismo. Por eso, programas como aquel Nationwide de 1983 con la mismísima Thatcher cuestionada ante las cámaras jamás se hubiese aceptado durante el gobierno anterior, durante el cual las ideas de un circunstancial oficialismo siempre se confundieron con las que debe expresar un medio público.
Del reconocimiento de esta gigantesca anomalía debería partir cualquier estrategia hacia los medios públicos de aquí en adelante. Y sobre todo al lugar que en esos medios públicos (particularmente la TV, por su alcance, llegada y visibilidad) adquiere el tratamiento de la actualidad, desde la información pura hasta el debate.
Hernán Lombardi confirmó a La Nación hace un par de días que la nueva programación del canal se conocerá el 15 de marzo. Además de corregir serios desperfilamientos (hay días en que parece nada más que una señal deportiva), habrá que observar con mucho detenimiento cuál será la identidad informativa y periodística que adoptará esta etapa. Son muchas y muy fuertes las tentaciones que llevan a creer desde el Gobierno, sobre todo en horas bajas, que la TV Pública es un botín destinado al exclusivo uso de las autoridades de turno. Y lo que pasó en los últimos 60 años avala ese temor. Empieza otro capítulo de una historia caracterizada por el eterno retorno. ¿Habrá voluntad de corregir ese destino?
Fuente: Diario La Nación