“Nos parece una muy mala señal todo este ruido que se ha generado en torno a temas esenciales vinculados a los avances en materia de derecho a la comunicación y libertad de expresión que ha tenido Argentina en los últimos años” expresaron en la orden profesional. Indicaron que “cuando los gobiernos se ponen del lado de las corporaciones para mantener un sistema concentrado, sin pluralidad de voces, se está atentando contra la democracia”.
Se refirieron así a la decisión de intervenir, mediante decreto, la Ley Audiovisual aprobada en 2009 por amplia mayoría del Congreso Nacional trasandino, con el fin de evitar la concentración mediática. Esta decisión administrativa, entre otros efectos, amplía el límite porcentual para la transacción de las acciones de sociedades de medios, elimina la restricción a la posible transferencia de las licencias de servicios de comunicación audiovisual y aumenta el número de concesiones a las cuales puede acceder un titular.
También hicieron alusión al interés en desmantelar, sin la anuencia del Parlamento, las instituciones que han dotado de pluralidad al sistema de medios de comunicación y tecnologías de la información. Entre ellas, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (instituida por la Ley Argentina Digital).
Y, por último, sacaron a colación la exoneración del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales de Radio Continental, luego de 30 años de desempeño profesional. Aunque Prisa, grupo español controlador del medio, señaló que esto se produjo por “reiterados incumplimientos contractuales que alteraron el normal desarrollo de las emisiones”, en Argentina desde los movimientos sociales se cuestionó la medida como una forma de acallar las voces disidentes al gobierno y las corporaciones, apuntando a alguna presión por parte del machismo.
En este sentido, recalcaron que la preocupación sobre la concentración mediática y libertad de expresión en distintos países de América Latina es compartida por distintas organizaciones, en coherencia con los principios instituidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: CPCh