A seis años de su promulgación, la ley audiovisual, que en su origen prometía expandir y pluralizar el sistema de medios de Argentina, se encuentra ante un más que probable naufragio. Un colapso definitivo se produciría si el flamante gobierno de Mauricio Macri logra derogar la norma y deja el sistema de medios audiovisuales bajo la ley del mercado, objetivo enunciado por el ministro de Comunicaciones, el radical cordobés Oscar Aguad. Aunque en el PRO no todos piensan de modo tan radicalizado, habrá que creerle a Aguad, quien por algo fue designado en el cargo.
Si el objetivo de reemplazar la ley choca contra un bloqueo en el Congreso (algo factible) o en la Justicia (algo menos factible), la legislación sobre radio, TV y cable podría quedar vigente sólo en la letra, no en la práctica. Valga la excepción para el indeseable papel de actuar como adivinos: se puede prever que el gobierno de Macri guardará el texto en un cajón. Como dijo Aguad, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad de un presidente”. Curioso concepto de la democracia.
La paradoja es que los próximos cuatro años no se vislumbran muy distintos de los pasados seis. La erróneamente llamada ley de medios (sólo comprende radio, TV y cable) apenas se aplicó bajo el mandato de un gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, que hizo de su disputa con el Grupo Clarín la madre de todas las batallas. Con un mandato presidencial y medio en funciones, se registran nuevas titularidades de radio, cable y TV a manos de universidades, cooperativas y organizaciones comunitarias, de las que apenas una fracción menor está operativa. Hubo fomento estatal para capacitación y financiación de nuevas voces, pero la reconfiguración del sistema privado de medios, objetivo central de la ley, quedó postergada.
El texto de la legislacíón audiovisual sancionada en 2009 recoge experiencias del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, países donde rigen límites precisos a la concentración privada y medios públicos prestigiosos. Más allá de la agitación que provocó su debate, la ley audiovisual argentina resultó valorada en el ámbito académico internacional, sindicatos y referentes de Naciones Unidas y la OEA.
Tanto prestigio sirvió para poco. La ley se vio atenazada por los rivales en pugna. Por un lado, el Grupo Clarín logró la complicidad en todos los niveles de la Justicia para demorar cuatro años el capítulo anticoncentración. Una vez que la Corte Suprema se expidió sobre la constitucionalidad, recién en octubre de 2013, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) realizó algunos movimientos bruscos y arbitrarios, por lo que Clarín vio espacio para retomar el sueño de los justos con nuevas cautelares.
La pinza se completó con una aplicación parcial y negligente de la ley por parte del gobierno de CFK. Ni siquiera se concretó un plan técnico nacional que determinara las frecuencias disponibles y su potencia, lo que permitiría el objetivo básico de dividir el espectro entre privados, Estados y organizaciones sin fines de lucro.
Mientras el expediente de Clarín, uno de los grupos de medios más grandes del mundo, logró un impasse eterno, la AFSCA dejó pasar irregularidades de otros multimedios hasta el límite del absurdo. De este modo, si las primeras cautelares a favor de Clarín estuvieron basadas sobre la nada, la segunda tanda de 2014, ya con la constitucionalidad fuera de duda, encontró asidero en el trato desigual por parte del ente regulador.
El kirchnerismo se apega a un aspecto saludable de la norma para reclamar estabilidad hasta el 2017 para el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y de los responsables de medios públicos (aunque ya renunció el primer presidente de Radio Televisión Argentina, Tristán Bauer, entre cuyos méritos, que los tuvo, no está el de haber construido medios plurales). El principio de mandatos cruzados entre titulares del Poder Ejecutivo y reguladores y jefes de medios estatales rige en varios países del mundo, con beneficios evidentes.
Hernán Lombardi, titular del sistema de medios púbicos designado por Macri, exige el desplazamiento de Sabbatella y promete un giro copernicano en el manejo del AFSCA, Canal 7, Radio Nacional y la agencia estatal TelAm. Más allá de sus dichos y de su actitud abierta en la gestión del área de cultura de la Ciudad, el manejo de Radio Ciudad por parte del PRO (único ejemplo para contrastar) no invita a esperar demasiada amplitud informativa, así como tampoco el ofrecimiento del manejo de Canal 7 al productor del programa televisivo de Mirta Legrand, ciclo de denotado fervor macrista.
La legalidad ampara a Sabbatella pero Lombardi también tiene algo de razón. Sería inédito que la línea editorial y las decisiones del ente regulador continúen como hasta ahora, con sesgo kirchnerista indisimulado. Lo legal, deseable y poco probable es que los medios públicos muestren una línea diversa, que den cabida a voces ausentes en medios comerciales y que amplíen el horizonte informativo, pero el hecho de que las emisoras estatales actúen con lealtad partidaria hacia la principal fracción opositora resultaría intolerable. He aquí otro aspecto de la ley audiovisual, el de la pluralidad sellada en el artículo 121, que si se hubiera respetado, encontraría a las autoridades de la AFSCA con mayor fortaleza para defender su cargo.
El abordaje de este tema es complejo, ya que ninguno de los actores en pugna tiene toda la razón, aunque uno de ellos tiene la legalidad a su favor. A la luz de los días que estamos viviendo, no vaya a ser cosa que en poco tiempo se concrete un panorama de medios asfixiantemente monocolor, con el consecuente apagón informativo. Ello estaría en las antípodas de lo que declama Macri.
Fuente: Buenos Aires Herald
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