Desde el gobierno no se considera viable la aprobación de una ley de telecomunicaciones en el corto plazo
Por: Facundo Franco
En paralelo al cada vez mayor y más rápido desarrollo tecnológico, la palabra “convergencia” se ha vuelto muy utilizada por parte de gobernantes y académicos para referirse a cierto proceso al que aparentemente la tecnología nos va llevando y que no puede desconocerse. Sin embargo, el concepto de convergencia tiene varias acepciones que estuvieron en juego en un seminario en el que participaron gobernantes y expertos nacionales y extranjeros. Neutralidad de red, el acuerdo entre Antel y Google para la construcción de un cable submarino y la aprobación de una Ley de Telecomunicaciones en Uruguay fueron algunos de los temas en discusión.
El hecho de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) excluya explícitamente de su alcance a “los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo internet”, y a las redes y servicios de telecomunicaciones, hizo que varios actores criticaran, en su momento, la discutida norma. De hecho, podría decirse que el propio gobierno de la época recogió el guante y anunció que estaba trabajando en un proyecto de ley de Telecomunicaciones que complementara a la LSCA y que preveía enviar al Parlamento el año pasado. Como eso nunca ocurrió, las dudas se trasladaron al actual gobierno, que no ha mencionado el tema desde su asunción.
En un seminario organizado por la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, expertos y jerarcas discutieron el viernes sobre las distintas “agendas” posibles para la regulación de la convergencia. El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya, se refirió explícitamente a la aprobación de una Ley de Telecomunicaciones y dijo que ve una “muy remota posibilidad” de que la norma se apruebe en el corto plazo. Según explicó, existen “muchos problemas” para generar una política de telecomunicaciones porque en el Estado existen “tres visiones muy diferentes” al respecto.
Cendoya fue el único representante gubernamental que estuvo en la actividad, pese a que también fueron invitados jerarcas de Antel y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), donde funciona la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel). Actores de la academia y la sociedad civil consideran “sintomática” la ausencia de ambos organismos del Estado en este tipo de encuentros, por lo difícil que les ha sido acceder a instancias de consulta y discusión sobre las políticas públicas. El propio Cendoya habló de la necesidad de que “los reguladores abran los oídos a la comunidad”, de “salir de los silencios” y “enfrentar preguntas”.
Definición
En un nivel más conceptual, el director de la Ursec planteó que el acceso a internet debe ser considerado un derecho humano, porque estar fuera de la red es también ver negado el ejercicio de otros derechos. El abogado consideró que las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo cultural, que según señaló es vital para un “desarrollo en serio”. En esa línea agregó que el mercado no debe ser la única respuesta para estos temas porque “provee algunos derechos para todos, y todos los derechos para algunos”.
La decana de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, María Simon, sostuvo que en estos temas es importante que las políticas tengan la capacidad de adelantarse a lo que va a pasar y cuyo objetivo sea beneficiar a la ciudadanía. Simon, que fue presi- denta de Antel durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuestionó a quienes plantean que la tecnología es la respuesta a todo y sostuvo que por pensar así a menudo esas personas se olvidan de cuál era la pregunta. La decana dijo que en Uruguay existe una especie de optimismo tecnológico sumado al “negativismo nacional” y a un “fatalismo civilizatorio” que hace que haya quienes sostienen que no debemos preocuparnos por la seguridad informática, porque parten de que ya estamos expuestos. Simon habló de la importancia de las herramientas digitales para formar el gusto en una sociedad, algo que no logra el mercado por sí solo y que tampoco contribuye a cultivar la democracia.
Sergio de Cola, ingeniero y ex titular de la Dinatel, sostuvo que pese a que la regulación tiene “mala prensa” en estos temas, “vamos a tener que regular la convergencia”. Explicó que existen varios tipos y enfoques posibles sobre la convergencia: de redes, tecnológica, de servicios, de dispositivos, de negocios y económica. De Cola llamó a “no aceptar así nomás algunos mitos sobre la convergencia”, como que es “el resultado inexorable” de la evolución tecnológica, porque, señaló, en todo caso “es el resultado del capitalismo”, en alusión a que principalmente se trata de un modelo económico.
Tampoco consideró que haya que establecer marcos regulatorios que la promuevan, porque, por ejemplo, las convergencias que conducen a la concentración de actores “son un problema”, aunque señaló que las regulaciones tienen que tener en cuenta a la convergencia.
Nada neutral
La neutralidad de la red es otro de los debates en materia de regulación de internet; quienes la impulsan plantean que ningún proveedor tenga ventaja sobre otro en el acceso a la red, y que los usuarios no tengan barreras ni ventajas para ingresar a ningún sitio. Al respecto, De Cola consideró que la neutralidad de la red es un concepto “difícil de definir” y que “nadie es neutro en el debate”. También dijo que existe “mucho fundamentalismo” y que el concepto de que “todos los bits son iguales” es “un absurdo” desde el punto de vista del diseño de redes. Según el ingeniero, las redes no son neutras y, en todo caso, lo que tiene que haber es transparencia y no discriminación entre iguales.
De Cola sostuvo que la discusión al respecto podría saldarse si se sale del modelo de proveedores de internet de tarifa plana hacia otro, de cargos variables según el consumo que realicen los usuarios.
El también ingeniero Omar de León, de Teleconsult, planteó que la Organización Internacional del Trabajo define la convergencia como “la evolución coordinada de redes antes independientes hacia un soporte común de servicios y aplicaciones”. Según explicó, las redes convergentes permiten compartir costos y más facilidades para los usuarios, lo que lleva a una mayor eficiencia y al beneficio de la sociedad y los ciudadanos. También dijo que toda América está pensando en marcos regulatorios para adaptarse a esta nueva realidad, y explicó distintos casos en los que la convergencia se manifiesta. Por ejemplo, sostuvo que por medio de servicios de televisión por cable puede darse más televisión a demanda, más banda ancha y telefonía IP sobre una misma red.
De León planteó que la telefonía fija por cobre tiende a desaparecer por la convergencia con la telefonía móvil o de IP, y señaló que las leyes de medios por lo general son convergentes y no discriminan por tecnología. Para el ingeniero, la convergencia es el motor más fuerte de desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y, a la vez, el mecanismo más eficiente para explotar redes. Al mismo tiempo, destacó que no hay países en el mundo que la prohíban.
Democratizar el debate
Enrique Amestoy, informático y ex asesor de Luis Almagro cuando estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, también se pronunció a favor de la neutralidad de la red y dijo que es necesario poner en marcha ese debate. Evaluó positivamente que 100% de la fibra óptica uruguaya es propiedad de una empresa pública, a diferencia de lo que pasa en otros países.
De todas formas, advirtió que somos muy dependientes de proveedores privados transnacionales; mencionó como ejemplo que hay solo un cable que une al continente americano con China y otro que lo hace con África. Como alternativas, Amestoy planteó la creación de centros de datos regionales, la capacitación en “soberanía tecnológica” de legisladores y ciudadanos, la creación de “redes sociales regionales” de uso masivo y la necesidad de convocar a un gran debate nacional sobre estos temas.
Desde la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay, José Pedro Derrégibus apuntó contra los OTT o proveedores de servicios y contenidos por internet como Facebook, Whatsapp o Google. Derrégibus se quejó de que estos actores no invierten pero les quitan ganancias a las empresas de telefonía. En ese sentido, pidió que el gobierno “no mire para el costado” y que los proveedores reconozcan que ganan y por tanto deben también aportar.
Sin Google
Omar de León, de Teleconsult, también se refirió al acuerdo que Antel firmó con Google para la construcción de un cable submarino que unirá Maldonado con Santos, en Brasil, para acceder a la conexión directa de Uruguay con el nodo de internet en el Network Access Point de las Américas, en Miami. Consideró que se trata de un paso muy importante para Uruguay; sostuvo que no importa si el acuerdo es con privados o públicos, porque se trata de una “inversión social” que cambiará internet en el país y también tendrá impacto regional.
Enrique Amestoy discrepó con De León acerca de las implicancias del acuerdo de la empresa de telecomunicaciones uruguaya con la transnacional. Amestoy dijo que no le gusta que el acuerdo sea con Google, al igual que no le gustó que esa empresa “se meta” con 700.000 personas en el marco del Plan Ceibal y el acuerdo que también involucra a la Administración Nacional de Educación Pública. Según Amestoy, Antel podría haber realizado la obra de infraestructura exclusivamente con sus recursos.
Fuente: La Diaria
