El fallo, con fecha de este jueves, recién se dio a conocer ayer en plena veda electoral, en la previa al balotaje presidencial del próximo domingo.
La causa iniciada por una denuncia del Grupo Clarín había sido archivada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras un dictamen del fiscal que consideró la inexistencia de delito.
La Cámara Federal dispuso que el magistrado se pronuncie sobre el fondo, esto es, si había o no delito, y Canicoba Corral volvió a archivar la denuncia, al considerar que no existió.
El fallo fue ratificado por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, pero la querella apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora dio vuelta la situación.
Los jueces Riggi y Catucci votaron por reabrir la investigación que tiene en la mira a Kicillof, Moreno, Vanoli y también a Daniel Reposo, actual jefe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Los funcionarios, en su carácter de representantes de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, participaron de la cuestionada asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.
Según la denuncia hecha por la empresa, los integrantes del Gobierno "mantuvieron una actitud hostil, con groseras agresiones para con las autoridades de la asamblea y accionistas".
Incluso, advirtieron que Moreno hizo referencias a su "intención de quedarse con la empresa".
La acusación apuntó también a que Moreno permitió el ingreso de personal no autorizado a la asamblea, como fue el caso de su esposa, Marta Casales.
Para los denunciantes, se intimidó y amedrentó a los presentes, "logrando infundir temor de sufrir un mal grave e inminente".
"De acuerdo con la definición del concepto de la acción típica ´turbar´, entonces, entendemos que no es posible descartar sin más que tal comportamiento haya concurrido en el caso analizado, pues, precisamente, del relato de los hechos traídos a conocimiento por los denunciantes como así también de la documentación aportada, se desprenden ciertas particularidades que parecerían indicar que si bien la asamblea de accionistas pudo llevarse adelante, su normal desenvolvimiento fue alterado a partir de ciertas conductas celebradas por algunos de los funcionarios denunciados", sostuvo la Casación.
"No podemos dejar de observar que a partir del ingreso de la comitiva estatal autorizada y de todo el personal que la secundaba, no sólo se produjo un gran revuelo en el interior de la empresa donde iba a llevarse a cabo la reunión que puede calificarse como una alteración del clima de normalidad que debía reinar en la asamblea, sino que, además, el acto tuvo una prolongación excesiva e inusual producto de reiteradas intervenciones formuladas por los funcionarios", añadieron los jueces.
A la vez, consideran que la denuncia imponía "mínimamente la producción de toda la prueba pertinente y útil, tendiente a determinar la verdad real de lo sucedido, por lo menos a los efectos de despejar esas dudas que parecen afirmar la tipicidad del delito cometido contra la libertad de reunión".
En el fallo al que accedió NA, los jueces advirtieron "que tampoco es posible descartar a esta altura la posible configuración del delito de abuso de autoridad".
Según se "desprende de los términos de la denuncia, los funcionarios públicos que estaban legalmente facultados a intervenir en la asamblea, habrían ingresado al establecimiento conjuntamente con un grupo de personas que no se encontraban autorizadas a participar de la reunión e, inclusive, habrían requerido el auxilio de fuerzas policiales para reforzar la seguridad de un evento que se estaba realizando dentro de un domicilio privado, desconociéndose hasta el momento bajo qué circunstancias y por orden de quién se produjeron tales ingresos".
De esta forma, hicieron lugar al recurso de la querella y reabrieron la investigación.
Fuente: Noticias Argentinas