A sólo dos días de obtener el triunfo en la segunda vuelta electoral de Argentina, Mauricio Macri anunció al nuevo responsable de los medios públicos en el país: Hernán Lombardi (foto), un antiguo colaborador desde que el candidato de Cambiemos gobernó esta capital.
A partir de ahora, anunció Lomarbdi en una entrevista televisiva, “nada va a ser lugar de la propaganda y el pensamiento único”. Y acusó a la administración saliente de Cristina Fernández de Kichner de haber alentado en el último año de su gestión “la bulimia retórica y el exceso de propaganda” en los medios públicos.El nombramiento fue bien recibido por la mayoría de los medios privados que durante el periodo que culmina, tras 12 años de gobiernos kichneristas, mantuvieron una clara confrontación con la presidenta y criticaron el uso y abuso de la propaganda en los medios financiados con recursos públicos.
Para el especialista Eduardo Bertoni, lo que sucedió en Argentina es una clara demostración de que “no existe una noción de medios públicos en ningún país de América Latina”, y advirtió que el uso propagandístico de las estaciones de televisión, radio y medios impresos financiados con recursos públicos “no es un asunto sólo de la derecha o de la izquierdas, sino de todos los gobiernos latinoamericanos”.
“Nos cuesta mucho concebir una noción de medios públicos autónomos que no caigan en la tentación de volverse propagandistas del gobernante en turno”, afirmó Bertoni, exrelator especial para la libertad de expresión en América Latina.
Entrevistado en su cubículo de la Universidad de Palermo, Bertoni también advirtió que el otro gran tema en la relación de medios y gobierno en Argentina y en América Latina es el manejo de la publicidad oficial.
“La opacidad en el manejo de la publicidad oficial no tiene barreras geográficas, ideológicas ni políticas. En América Latina todos los gobiernos son opacos a la hora de distribuir los recursos destinados a la publicidad”, sentenció Bertoni.
Incluso recordó que Mauricio Macri como alcalde de la ciudad de Buenos Aires también tuvo un manejo “discrecional y arbitrario” de la propaganda oficial. Lo mismo de lo que ha acusado al kichnerismo en estos 12 años.
“No es un problema de ideología sino de cultura política latinoamericana. A los gobernantes no les gusta transparentar el manejo de los recursos públicos. Creen que la publicidad oficial es de su propiedad”, abundó Bertoni.
El otro gran problema, señaló, es la ausencia de denuncia por parte de los medios. Prefieren arreglarse con el poder político de alguna manera, sin presentar denuncias.
En Argentina sólo el grupo Perfil presentó una denuncia pública en contra del manejo discrecional de la publicidad oficial. Ni Grupo Clarín ni ‘La Nación’ ni las decenas de periódicos o de estaciones de televisión que existen en el país denuncian ante un tribunal esta práctica.
La Ley Audiovisual
La polarización que se generó en el ambiente político y mediático de Argentina tiene una relación directa no con una crisis del sistema político sino con una dura confrontación generada entre los grandes grupos mediáticos y la presidenta saliente Cristina Fernández.
La nueva ley de medios, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue aprobada en 2009 y sustituyó a una vieja ley de 1980 que venía de la época de la dictadura militar.
Desde un principio el Grupo Clarín –el más importante en Argentina–, propietario del periódico más leído, del Canal 13 de televisión, de la empresa de televisión restringida más importante y de la cadena de estaciones Radio Mitre, rompió lanzas contra el kichnerismo en contra de esta ley.
Paradójicamente, Grupo Clarín y el kichnerismo tuvieron una buena relación hasta 2008, cuando comenzaron las disputas abiertas con el grupo gobernante por el futuro de las telecomunicaciones en este país.
Grupo Clarín y un conglomerado de otros 20 grupos mediáticos impugnaron la ley de medios ante la Corte Suprema, por considerar anticonstitucional la orden de desincorporar y ceder varias concesiones de televisión y de radio. La Corte Suprema ratificó la ley en 2013, pero el litigio jurídico no ha disminuido. Por el contrario, se ha agudizado.
El Grupo Perfil ha impugnado al organismo regulador, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA), por negarle recientemente licencias de televisión digital, y acusó al gobierno de Cristina Fernández de presionar a los comisionados para impedirle la concesión.
El objetivo fundamental de la ley de medios argentina fue limitar la propiedad monopólica de los medios y democratizar la propiedad de las estaciones de radio y televisión. El objetivo es muy similar al caso de la ley mexicana que se aprobó en 2014, con una reforma constitucional de por medio.
Sin embargo, entre los objetivos y la concreción de las medidas en Argentina, la ley ha generado una fuerte tensión que degeneró en la actual polarización política y en esta especie de juego de fuerzas entre corporativos mediáticos y el gobierno saliente.
En la larga campaña electoral de ocho meses fue muy claro el favoritismo hacia Macri por parte de los medios comerciales en disputa con Cristina Fernández y, a su vez, el apoyo a Scioli de medios impresos y electrónicos afines al gobierno. La opinión pública se partidizó y prácticamente fueron las redes sociales las que se expresaron con mayor libertad y deliberación, como ocurrió con los 2 millones de tuits generados en el pasado tele-debate del 15 de noviembre.
Uno de los elementos más criticados entre los medios privados fue la orden de crear cuotas en mercados y porcentajes de licencias, ya que, argumentaron, se trató de crear así medios afines al oficialismo y afectar a los medios privados. Sostuvieron que no se garantizó la plena autonomía de AFCSA, el nuevo órgano regulador que otorga las licencias, ni se aprobaron reglas para el reparto de la publicidad oficial.
El gobierno de Fernández de Kichner ignoró una estrategia de comunicación política para disminuir la tensión y que sus evidentes logros sociales y en materia de derechos humanos y económicos no se vieran aplastados y opacados por esta confrontación.
La presidenta argentina privilegió como respuesta sus polémicas “cadenas nacionales” vía televisión. Se subió al ring en lugar de convertirse en una auténtica réferi de una disputa que polarizó al país entre los “Anti-K” y los “Pro-K”.
Ezequiel Cassagne, abogado especialista en telecomunicaciones, apostilló en un análisis en el periódico ‘La Nación’, opositor también al gobierno de Cristina, que “el contexto político al momento de sancionarse la ley no era el mejor y sigue sin serlo”.
“La tarea de los medios de comunicación, de los jueces y de los formadores de opinión será exigir una AFCSA independiente. Para eso deberá modificarse la ley, pues no basta con las buenas intenciones”, afirmó Cassagne.
Hasta el momento, Macri ha evadido realizar un pronunciamiento público sobre la modificación o no de la ley de medios. Su jefe de campaña y futuro jefe de gabinete, Marcos Peña, afirmó en la primera rueda de prensa del macrismo: “Creemos que debemos trabajar en una agenda de comunicación para el siglo XXI” y generar con los medios “una política permanente de diálogo”.
Por ahora, las primeras señales claras son los nombramientos de Hernán Lombardi, como responsable de medios públicos, y de Oscar Aguad, como ministro de Comunicaciones. Aguad, exdiputado del radicalismo, tendrá bajo su mando la AFCSA y también la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC).
Fuente: Revista Proceso